¿Qué es la justicia?

Por: Guido L. Croxatto
Imagen: Cristo en el departamento (1980) , Antonio Berni. MNBA

“Hace falta construir independencia judicial en serio. No llamar “independencia” o “republica” a cualquier cosa, no pueden ser significantes vacíos de ocasión. Tenemos que construir entre todos su significado. Definir qué entendemos por “justicia independiente”. Por “justicia”. Por “república”. Por Derecho”.

Desde que se dio de baja en forma prematura y sin argumentos de peso constitucional la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2009, que en forma casi unánime (con la solitaria disidencia de Fayt) había sido declarada constitucional en 2013 (¡hubo que esperar cuatro años!) por la Corte Suprema; y se intentó atropellar las instituciones republicanas designando a dos jueces del máximo tribunal en comisión por decreto (Rosenkrantz y Rossati); la Argentina se ha visto envuelta en un debate político irresuelto y que trasciende (aunque vuelve con) cualquier coyuntura: la necesidad de una transformación de nuestro servicio de justicia. Para que el mismo poder del Estado se vuelva más transparente, más eficiente, más cercano a la población, que muchas veces lo mira de lejos. En nuestras sociedades tan desiguales, con miles de pibes revolviendo la basura para vivir, si hay algo que falta es “justicia”. Justicia es lo que no tenemos.

El contubernio entre jueces condicionados mediáticamente por un discurso constante de recorte de garantías y derechos (anti-garantismo) y la falta de independencia de muchos magistrados, que van variando sus votos según los vientos políticos, sociales y mediáticos, es una muestra precisa y clara de la urgencia de esa transformación. Hace falta construir independencia judicial en serio. No llamar “independencia” o “republica” a cualquier cosa. La “independencia” o la “republica” no pueden ser significantes vacíos de ocasión. Tenemos que construir entre todos su significado. Definir qué entendemos por “justicia independiente”. Por “justicia”. Por “república”. Por Derecho.

Ante la falta de respuestas de los mecanismos tradicionales de acceso a la justicia, hoy proliferan los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como las mediaciones penales o mediaciones comunitarias. Guernica es una muestra. Este auge de los medios alternativos parte de una premisa: la justicia “tradicional” ya no funciona, ya no da respuestas o sus respuestas son (casi siempre han sido) precarias, tardías, insuficientes. Por eso se observa en el mundo un auge de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, que son mecanismos más participativos, donde la sociedad toma parte de la administración de justicia en sus manos, buscando quitar la “justicia” del palacio. Sacando la justicia “a la calle”, donde muchas veces la “justicia” no llega.

Cuando se celebra una decisión polémica (que normaliza trasladados inconstitucionales, que precisamente afectan la garantía procesal del juez natural, porque otorgan a los poderes ejecutivos un mecanismo discrecional que puede derivar en la manipulación de muchos procesos, como sucedió en la pasada gestión, que abusó de este mecanismo de excepción, normalizando algo que no puede ser nunca “normal” en una República, forzando “arrepentimientos” inconstitucionales, porque “premian” o “benefician” a quien declara contra sí mismo, lo cual está vedado), se deja de poner sobre la mesa lo que verdaderamente debería sí discutirse en nombre de algo parecido a la “justicia”.

En la Argentina hace décadas que la mitad de la población presa está encerrada sin condena, violando garantías básicas del debido proceso. Esto configura una afrenta institucional severa. Y sin embargo nadie alza la voz para denunciar este atropello. Al contrario, luego se emplea esta inconstitucionalidad “normalizada” para apresar durante el proceso a adversarios políticos (que no se “arrepienten” e imputan de cualquier delito a la vicepresidenta, para obtener, sólo entonces, el “beneficio” que en rigor es un “derecho”: esperar la condena en libertad). Tampoco la “Justicia” del Palacio parece estar interesada en el inmediato imperio de nuestra constitución, que manda presumir la inocencia y a garantizar la igualdad ante la ley y también igualdad de armas durante el proceso.

En la Argentina injusta de hoy, se violan a diario garantías procesales, se invierte el principio de inocencia y la carga de la prueba. Esto lo padecen no solo los perseguidos políticos, sino todos los argentinos desclasados y apresados por haber nacido en la pobreza. Sus prisiones “preventivas” violan la constitución. A veces duran años. A nuestra Corte esto no parece importarle. Son vidas de “segunda”. Nadie reclama por ellos. Y quien alce la voz para decirlo, en seguida será acusado y vituperado en los medios argentinos (que han hecho de esta inversión inconstitucional, herencia del Proceso, un lugar común) por ser un “garantista”. Pero ser un “garantista” no es ni más ni menos que defender la Constitución con sus derechos y garantías. Hoy, algo tan obvio, no se hace. Se intenta. Pero es común que los jueces, en los temas realmente importantes, donde se juegan derechos reales, concretos, una casa, un techo, un plato de comida, la libertad del pobre, miren para el costado. No garanticen ninguna “operatividad” de derechos sociales, consagrados en nuestra constitución y en tratados internacionales.

Dotar de fuerza operativa a los derechos económicos y sociales es algo básico. Pero nuestros jueces no lo hacen. No parece estar en su “agenda”. Aunque esta es su misión primera. No la cumplen. Porque cumplirla es convertirse, a ojos de algunos medios, en un juez “garantista”. Y sin embargo, no otro es su mandato. Hoy no lo cumplen.

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