Por: Mg. Anabella C. Lucardi* Imagen: Télam
“El perfil de la formación que brindamos en nuestras aulas a los futuros abogados y abogadas, y las características que asume nuestra actividad de investigación y extensión en torno al Derecho, nos ubica a las universidades en un lugar cenital para pensar la reforma judicial hoy mismo”.
El fortalecimiento de la institución judicial es un debate central de la democracia, y así lo ha entendido el Poder Ejecutivo, al propiciar la discusión sobre la necesidad de consolidar una administración de justicia independiente y transparente, y hoy, el Poder Legislativo es sede privilegiada de esas discusiones. Pero también participa del debate la sociedad toda. En ese contexto, el sistema universitario nacional, y concretamente las unidades académicas, carreras y facultades que enseñan y producen conocimiento en torno al Derecho, tenemos muchos aportes para hacer en relación con las reformas que debieran incorporarse para mejorar y fortalecer un sistema judicial y un servicio de justicia que garantice la vigencia del Estado de Derecho.
En este sentido, aludiré cuatro nudos conceptuales, que deberían, en mi opinión, tenerse especialmente en cuenta a la hora de formular los necesarios cambios que la Justicia necesita. Estas ideas, que integran los planes de estudios, los contenidos mínimos y los programas de las asignaturas que se dictan en las carreras de Derecho, y que dan cuenta del conocimiento que se produce en los proyectos de investigación y extensión que se desarrollan en las Universidades, promueven valores y conductas que lamentablemente todavía no permearon las anquilosadas estructuras judiciales, por lo menos no en forma extendida. Desde luego, sí existen muy buenas prácticas, y excelentes actores -me refiero a funcionarios y funcionarias judiciales- que desarrollan su quehacer en esta línea. No obstante, estos sectores batallan hoy arduamente contra una justicia patriarcal, que ejerce violencias y discriminación sobre las minorías.
Me refiero concretamente, en primer lugar, a la necesidad de que el servicio de justicia adopte la perspectiva de género en todas sus prácticas. En dos dimensiones: en relación con las mujeres y disidencias que se vinculan con el sistema judicial, como justiciables, pero también respecto del funcionamiento interno del poder judicial y de quienes lo integran. En segundo lugar, a la obligación de garantizar el acceso a justicia para todos los ciudadanos y ciudadanas, especialmente para aquellos más desfavorecidos, social y económicamente vulnerables, sectores tradicionalmente excluidos: pobres, pueblos originarios, comunidad LGBTIQ+, entre otros grupos desaventajados. En tercer lugar, al abandono del criptolenguaje en el que se expresan los jueces. La justicia tiene que poder expresarse en la forma en que se habla fuera de los tribunales, en un lenguaje claro y comprensible, ello, por supuesto, también hace a la transparencia, y garantiza el derecho de acceso a la justicia, y fortalece la comunicación entre el poder judicial y la sociedad. Por último, tal vez el nudo problemático más utópico, pero no por ello menos importante, se relaciona con el hecho de que quienes nos juzgan se parezcan un poco más a nosotros. Resulta decisivo que los jueces y las juezas sean empáticos con la realidad de las personas que acuden al poder judicial en busca de Justicia, y ello solo será posible en la medida que quienes integren la administración de justicia, sean personas parecidas a quienes brindan el servicio de justicia. Seguramente el ingreso democrático tienda gradualmente a abandonar el sesgo de clase que hoy posee, al menos en forma mayoritaria, el Poder Judicial.
En definitiva, estas ideas, muestran que el rol de las instituciones universitarias en la formación de los y las profesionales que integran el poder judicial o dialogan con el, en representación de los ciudadanos y las ciudadanas que demandan Justicia, es crucial.
Creo que el perfil de la formación que brindamos en nuestras aulas a los futuros abogados y abogadas, y las características que asume nuestra actividad de investigación y extensión en torno al Derecho, nos ubica a las universidades en un lugar cenital para pensar la reforma judicial hoy mismo, y la transformación de la institución judicial en el futuro. Está, en parte también en nuestras manos, contribuir, junto con la sociedad toda, particularmente desde la formación de los futuros operadores jurídicos, de las bases mismas del sistema de justicia, que son los propios abogados y abogadas, a construir los cambios y las mejoras que el Poder Judicial requiere, de modo tal de consolidar una Justicia transparente, plural y diversa, que garantice los valores democráticos, el respeto y la protección de los derechos humanos económicos, sociales y culturales, la diversidad de toda índole, y la plena vigencia del Estado de Derecho.
* Directora de la Carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda
Las opiniones expresadas en esta nota son responsabilidad exclusiva de la autora y no representan necesariamente la posición de Broquel.
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