Por: Pamela Henricot* Imagen: Retrato de Bárbara, Norberto Julio Puzzolo, MNBA.
Compartimos el trabajo final presentado por Pamela Henricot en el Seminario “Regulación Jurídica del sector de Comunicaciones y Medios” brindado por la ECAE. El Seminario fue coordinado por José Ignacio López, y contó con la participación de Gustavo López, Analía Eliades, Graciana Peñafort y Nicolás Cendoya.
Las resistencias a los intentos regulatorios, y los escapes del marco jurídico que el lobby mediático logró conseguir gracias a los favores políticos y económicos de algunos gobiernos de turno, muestran las barreras que existen a la hora de fomentar e incentivar la producción plural y diversa en los servicios de comunicación como forma de garantizar el acceso democrático de la participación.
Los grandes monopolios construyeron su poder mediante la indiferencia y la obsecuencia de los gobiernos que permitieron su concentración. Por ello, el deber de informar está sesgado de intereses económicos. La línea editorial de cada medio responde a ello, y dependiendo de su poder estructural y alcance, instalará su mirada sobre los temas que imponen en la agenda pública.
La influencia mediática de los servicios audiovisuales marca la agenda, difunde la interpretación que el medio hace de que lo informa, y en un marco de competencia y rating, el contenido queda supeditado a la imagen que más “vende”, es decir, a la que mejor responde a sus intereses económicos.
La espectacularización de la política
En las últimas décadas, las y los actores políticos han entendido que el alcance de los medios audiovisuales –y en particular, hoy internet- constituyen una herramienta eficiente de propaganda. Así, adviertiendo la masividad e inmediatez que ofrecen los medios de comunicación, se los utilizó como plataforma de difusión de sus
propuestas y campañas electorales. Esto fue una respuesta a los impedimentos que muchas y muchos tenían para llegar
a ser conocidos por la ciudadanía. Así, hubieron quienes recurrieron a programas de TV, imitadores y Redes Sociales, con llegada mucho más masiva y efectiva, a fin de ganar popularidad. El problema, es que el foco se concentró mas en la imagen que en el contenido. Así la política y los temas de relevancia social que se dan a conocer “mediáticamente” pierden toda su sustancia, todo su contenido y verdadero sentido. Por ponerlo en contexto, es mas importante la mosca en el cabello de Biden que el contenido de su discurso. Se trata de una estrategia de distracción ante la falta de contenido.
La imagen y las emociones a las que se apelan, como el enojo o la indignación, se apropian del sentido acerca del fondo de la cuestión, y esto puede interferir en la percepción que se tiene sobre los hechos de la realidad. Además estas interpretaciones, generalmente emocionales, tienden a ignorar los datos objetivos, y reproducen un modelo de imagen hegemónica y del status quo, que impiden la participación de nuevas miradas, censurando indirectamente otras alternativas políticas. Esto demuestra que cuando la necesidad de difusión queda reducida a esa
espectacularización masiva, se da lugar a una desconfiguración de la política, donde lo público queda identificado con una escena mediática.
Escena mediática
Qué es lo que se conoce y se llega a ver de los actuales medios. Qué voces difunden, qué miradas. Cuando intento responder a estas preguntas, advierto la homogeneización mediática que hay en los medios más masivos, y en aquellas voces que no se difunden y no se visualizan. Eso radica en la existencia de los monopolios que concentran pocas miradas y mantienen una visión poco plural. Desde la falta de participación de las mujeres y de personas LGBTIQ+ en la producción de los contenidos y en la toma de decisiones de los medios, como por la concentración corporativa y las líneas editoriales conservadoras, otras perspectivas quedan afuera.
Cuando esto sucede la realidad que se intenta expresar queda sesgada por visiones limitantes que suelen “viciar” las noticias, y esto restringe el derecho a la información. Los contenidos que se brindan son servicios que la ciudadanía requiere para su toma de decisiones diarias, desde las más cotidianas hasta aquellas necesarias para ejercer nuestros derechos políticos.
La importancia del rol comunicacional radica en constituirse como uno de los pilares de la democracia. Esto se debe a que la participación colectiva integra la visión y los bienes culturales de toda una sociedad. Trabajar por una Soberanía Comunicacional debe implicar que la sociedad exprese sus intereses, valores, historia y cultura en toda su integridad. Cuando los medios
limitan ese acceso están restringiendo la participación democrática.
La información no debe darse en clave de exclusión. Por ello, resulta necesario que ante las resistencias corporativas, se piensen en políticas públicas que permitan el acceso y la posibilidad de participación a colectivos y minorías, como cooperativas,
PyMES, Universidades o Escuelas, la posibilidad de llevar un canal de acceso participativo que eleve los niveles democráticos, permitiendo a todas las voces expresar sus ideas y visión de mundo.
La participación ciudadana como garantía democrática
El vivir en comunidad implica toda una serie que comportamientos que tienen que ver con la vida a través de una mirada colectiva, y eso solo es posible en la medida en que puedan ser difundidas todas las voluntades de esa sociedad. La riqueza de la democracia justamente está en ser parte de un proceso participativo en el que
quienes gobiernan, lo hacen conforme la organización social que se define en conjunto (incluyendo las minorías), y su nivel dependerá de nuestro grado de exigencia y participación. Asimismo, su eficacia estará en garantizar una agenda plural.
Pero para instalar una agenda diversa se hace necesario que las demandas provenientes de la sociedad tengan una representación y un canal de visibilización. Este último requisito es sumamente necesario porque el mensaje debe encontrar aliados y hacerse poderoso, para difundirse e instalarse en agenda pública.
Garantizar los accesos comunicacionales como herramienta de participación es clave para construir estándares mas democráticos.
Opinión pública y sentido común
La agenda mediática está condicionada por intereses en juego de un sistema democrático en constante tensión. En esas tensiones, cada voluntad representa un poder, y en ese mecanismo, la práctica discursiva moldea un sentido común sesgado de las voluntades de lxs emisores que informan la cotidianeidad.
Cuando esas voluntades toman posición y concentran poder, impiden la visibilización de otras miradas que integran esa realidad parcializada, y mucho mas si la cuestionan desde una posición de autoridad moral.
Para garantizar el derecho a la información esa comunicación debe estar libre de estos condicionamientos que limitan la “verdad” a una sola postura o mirada. Y sobre esa mirada quedan construidas las otras premisas que revisten la realidad. Así la realidad queda sesgada, y el sentido común se vuelve excluyente. Los medios no expresan la realidad conforme existe, y los huecos, vacíos, grises existentes que generan intencionalmente son rellenados con prejuicios, estereotipos, y desinformación.
El derecho a la información como un derecho humano
El cambio de paradigma y este reconocimiento de los convenios internacionales, en particular a partir del Pacto San José de Costa Rica, reivindicó el Derecho a la Información como un Derecho Humano, y como tal debe ser garantizado por el
Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los medios son vehículos o instrumentos de la libertad de expresión e información y por lo tanto la libertad y la diversidad deben ser principios rectores de la regulación de la radiodifusión (…) y la actividad de los medios de comunicación debe estar guiada y protegida por los estándares del derecho a la libertad de expresión.
Garantizar el acceso de los medios de comunicación se hace una obligación internacional del Estado. Lo cual debe efectuarse mediante una serie de medidas que integren el fomento de la producción local, como acciones positivas, políticas antimonopólicas, entre otras. Pero lamentablemente, las empresas y sus intereses oponen resistencias a los intentos regulatorios, y esto hace que la tarea sea harto dificultosa. La razón es que concentrar audiencia y difundir contenido masivo da una posibilidad que nadie quiere desaprovechar, porque a través de ese dispositivo se deja margen a la manipulación de las personas que se convierten en productos que ese poder pretende comprar.
Asimismo, la actualidad, su complejidad y distancias requiere de comunicadores responsables, intérpretes de una realidad que obliga a ser comprendida integralmente, porque se trata de una estructura de la que todxs formamos parte.
Además, nunca se debe pasar por alto el rol social que tienen todxs lxs comunicadores, evitando reproducir mensajes de odio o discriminatorios, ni manteniendo los esterotipos y prejuicios que parcializan la información. La veracidad informativa debe ser el pilar fundamental de todo medio, como así también trabajar contra la proliferación de las fake news, o de los mensajes de odio, fenómenos de impiden y restringen el derecho a la información.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
Fundamentada en los Arts. 14 y 75 inciso 19 de la Constitución Nacional, y el Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, no solo vino a incluir todas las recomendaciones internacionales en materia de Derecho a la Información y de políticas antimonopólicas, sino que también puso al Derecho a la
Comunicación como un Derecho Humano Básico que el Estado debe garantizar.
Además cambió el paradigma comunicacional cuyo principal fin era el de lucro (conforme la antigua Ley de Radiodifusión), enfatizando el carácter social de la comunicación.
También se dispuso impulsar una soberanía que implicaba el Fomento de la Producción nacional, y una regulación antimonopólica que pretendía evitar concentraciones y garantizar el acceso a Escuelas, cooperativas, y PyMES a sus propias realizaciones.
El principio 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH expresa: “los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos”.
La ley buscó evitar la incidencia negativa que la concentración de medios tiene para la democracia y para la libertad de expresión, pero las resistencias y estrategias legales, impidieron ponerla en marcha en su integridad, cuando inclusive muchos medios ya habían presentado sus respectivos planes de adecuación.
Al tiempo, y de la mano de un gobierno neoliberal, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (267/15), se invalidan varias de sus disposiciones, se modifica la Ley 27.078, se disuelven las autoridades de aplicación, entre ellas el AFSCA, y crea el ENACOM, que a diferencia de aquellas, no cuenta con un consejo
federal, ni con una composición plural y democrática.
Asimismo, mediante ese mismo Decreto, la televisión por cable pasa a ser un servicio de TIC, por lo cual queda exenta de practicas regulatorias. Esto es un escándalo si tenemos en cuenta que hoy el 87% de la población accede a servicios de televisión mediante la TV de cable, y que también el 59% del cable está concentrado en la empresa Cablevisión.
Realidades y pandemia
La situación sanitaria mundial ha visibilizado las desigualdades estructurales, y con el aislamiento, quedó evidenciada la necesidad de la conectividad como un derecho humano necesario para garantizar otros derechos como la información, la
participación y la comunicación.
Así, en consonancia con la situación de emergencia actual, mediante el Decreto 690/2020, el Gobierno Nacional actual dispuso que internet y las telefonías sean un servicio público en competencia, lo cual implica que el Estado tiene la potestad
regulatoria sobre los mismos. Inclusive puede reglar sobre precios e impedir aumentos. Este es un importante reconocimiento a los derechos de participación de la sociedad, el acceso a la información, y a la democracia del país.
El argumento de la libertad de expresión
Vemos como en los últimos años los intentos regulatorios de los que vine hablando han evidenciado las tensiones y los conflictos que se generan en esta materia. Los grandes monopolios han aumentado sus influencias a través de los distintos gobiernos, e imponerles un límite ahora es un “avasallamiento a la libertad de expresión”. Pero la realidad demuestra que esa libertad de expresión es en realidad
una “libertad de la empresa”, de sus intereses privados, de lo que vende y de aquello que quiere representar. La forma única forma de garantizar la expresión total de la sociedad es generando espacios propicios de participación ciudadana y evitando, simultáneamente, la concentración de monopolios en las plataformas de la información.
Conclusión
Los espacios públicos deben estar distribuidos de tal forma que las voluntades y perspectivas diversas queden efectivamente expresadas. Esta necesidad de representación responde al principio de igualdad y no discriminación por el que
deben velar los Estados, y que la vez garantiza el cumplimiento efectivo de los valores democráticos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha expresado en ese sentido, y en la necesidad de regulación del espectro radioeléctrico para garantizar la libertad de expresión del mayor número de personas o perspectivas, la igualdad de
oportunidades en el acceso a los medios y el derecho a la información plural y diversa de las sociedades contemporáneas.
Cuando los medios se concentran en pocas manos y restringen su visión a la de sus intereses y capitales, la realidad queda sesgada por la mirada de empresarixs poderosxs que ven a la población no como una ciudadanía a la cual informar de manera objetiva, sino como entes a quienes entretener, y pensar por ellxs, para que
todo siga como el poder quiere, y convertiéndolxs en objetxs de consumo.
La espectacularización también hace lo propio, la política se vacía de sustancia, y se vuelca funcional al coaching de la comunicación y la venta de imagen. Es un vaciamiento de contenido muy conveniente para contar con una población sumisa
y homogénea mas fácil de dominar. En ese sentido, me parece reveladora y atinente la frase emblema de Malcolm X
que sentencia: “Si no estás prevenidos ante los Medios de Comunicación, te harán amar al opresor y odiar al oprimido”.
Contrarrestar el contenido hegemónico es la estrategia más urgente para evitar la parcialización de la realidad que nos quieren imponer. Generar políticas de fomento para la producción de contenidos que enaltezcan nuestra cultura nacional, y posibiliten a toda la comunidad a dar su mensaje.
En esa construcción hallaremos el camino hacia la auténtica soberanía cultural, en una democracia ejercida con una participación verdaderamente plena.
*Pamela Henricot. Abogada en la Subgerencia de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Designada Personal de Orientación en casos de Violencia de Género de dicho Organismo.
Las opiniones expresadas en esta nota son responsabilidad exclusiva de la autora y no representan necesariamente la posición de Broquel.
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