La actual sede de la Procuración del Tesoro tiene dentro de su rica historia un detalle peculiar: fue expropiada por el gobierno peronista, luego devuelta a sus dueños tras el golpe del ´55 y finalmente comprada por la dictadura de Lanusse. Un mapa de época de los vaivenes por los que transitó la administración del Estado.
Por: Redacción Broquel
La historia de la Procuración contiene aspectos poco explorados, que al indagarlos permiten conocer de cerca aspectos complejos de nuestra vida política reciente. En el Manual de Estilo que en 1998 editó la institución se encuentra un texto atribuido a Eugenio Palazzo, que recorre el camino de la Procuración desde sus orígenes hasta el presente. Es sin dudas la más detalla historia que encontramos de este organismo del Estado que ya ha cumplido más de 150 años. También dentro del “Apéndice” de la obra se incluye el texto “La casa de la Procuración”, de Marcelo Valva, que desarrolla la historia del edificio ubicado en la calle Posadas 1641, sede definitiva de la institución. Entre lo dicho y lo no dicho, aparecen los sucesos que a continuación analizaremos.
Cuando el 22 de enero de 1936 el edificio proyectado por el pintor, escultor y arquitecto Alejandro Bustillo fue adquirido por la Compañía Argentina de Inmuebles S.A, la propiedad se vería envuelta en una de las historias político-económicas más significativas de nuestra historia. A partir de ese momento pasaría a formar parte de los inmuebles del poderoso Grupo Bemberg, que en especial durante la llamada “década infame” manejaría los hilos del poder económico y político de nuestro país. Su accionar se vería recortado durante los gobiernos de Juan Domingo Perón, con gran apoyo popular y político, quien sancionaría duramente al grupo por sus deudas, estafas y prácticas monopólicas. Luego del golpe de estado ocurrido en 1955, la familia Bemberg recuperaría sus empresas, entre las cuales se encontraba la casa. Años después, una búsqueda para una sede definitiva para la Procuración del Tesoro volvería a encauzar al histórico edificio hacia el interés del Estado, pero esta vez se sumaría a sus activos a partir de una millonaria compra.
Historia de una expropiación
El conflicto comenzó con el accionar fraudulento del grupo en nuestro país durante la “Década infame”. Cabe destacar que quien definiera de esa manera a los gobiernos dictatoriales y pseudo-democráticos que azolaron la Argentina entre 1930-1943, el periodista y escritor José Luis Torres, fue el principal investigador de los fraudes financieros realizados por el grupo. En su libro Últimas etapas de Bemberg (Buenos Aires, 1947) recopilaría gran parte del trabajo de una década donde documentó “la estructura monumental más audaz levantada por la alta delincuencia financiera en cualquier país organizado”. Gracias a ella “Bemberg pudo triunfar sobre el Estado y afirmar por largo tiempo sobre el mismo una hegemonía que le permitió controlar las finanzas públicas”, indicaría Torres.
En su texto Monopolios, poder y política. Perón contra el Grupo Bemberg, 1948-1959 , el Doctor en Historia (UBA) Claudio Belini, explica que “el caso se inició en 1937 cuando una denuncia ante los tribunales de justicia condujo al gobierno nacional a iniciar un reclamo por la evasión del impuesto a la transferencia gratuita de bienes mediante la constitución de sociedades anónimas con residencia en el extranjero (tal vez una de las formas más utilizadas por los holdings existentes en Argentina)”. La investigación ante este tipo de maniobras demostraría luego que el grupo adeudaba en 1947 unos 140.000.000 de pesos, en concepto de impuestos, multa e intereses. Frente a esto, la familia intentó alcanzar un acuerdo con el Estado: el nuevo conductor del grupo, Eduardo Bemberg, ofrecía el pago de todas las deudas impositivas, la aceptación de la multa de $90.000.000 y la liquidación de “aquellas sociedades que la familia Bemberg controla y que a juicio del poder ejecutivo convenga disolver, autorizándose la reestructuración de las que estén colocadas o se coloquen dentro de la ley”.
Esto demostraba la posición de desventaja en la que se sabía el grupo. No sólo por su accionar pasado, como demuestra Eduardo en su carta a Perón del `48: “La nueva generación que conmigo se hace cargo de la dirección de las empresas Bemberg tiene un concepto moderno de la función que corresponde al capital en la vida económica del país; deplora en consecuencia los errores cometidos y desea desarrollar sus actividades en armonía con los poderes públicos”. Sino que especialmente tomaba conciencia de la impopularidad que había alcanzado la firma, que encarnaba como pocas los desastres que trajo para el país el contubernio político-económico del gobierno conservador previo al peronismo. Como bien explica Belini “la nacionalización de las empresas constituyó también una respuesta simbólica a la década de 1930, que era recordada como un tiempo de humillaciones y frustraciones para el movimiento obrero”.
Finalmente, tras sucesivas acciones jurídicas y alegando que la liquidación de las sociedades se había tornado lenta, que varias de estas empresas volvían a manos de los Bemberg y que se estaba produciendo una fuga de capitales hacia Uruguay, Perón ordenó la sanción de una nueva ley que tendría como objetivo acelerar la liquidación. En junio de 1952, el proyecto fue remitido al Parlamento y, contra lo que era norma en el accionar parlamentario, la ley fue aprobada por unanimidad en la Cámara Baja. Según el diputado radical Santiago Fassi, él mismo un denunciante del monopolio cervecero ante los tribunales de justicia en 1942, “se había creado el clima de opinión necesario a fin de que el proyecto no aparezca como un acto de confiscación o de persecución de capitales foráneos o argentinos, sino como una saludable reacción contra elementos morbosos que han pretendido infiltrarse en nuestra economía”. En este sentido, “el voto favorable del radicalismo ponía en evidencia que frente a esta cuestión no había posturas ambiguas”, indica Belini. “Este apoyo ilustraba hasta qué punto la elite económica, en la Argentina de la posguerra, era mirada con desconfianza y recelo por un amplio espectro de la sociedad argentina”, agrega.
La casa de Posadas 1641 era una perla menor dentro del patrimonio del poderoso Grupo Bemberg: Compañía Argentina de Inmuebles; Compañía de Tranvías de Buenos Aires a Quilmes; Primera Maltería Argentina “Conchitas”; Compañía Industrial y Comercial Argentina; Cervecería Argentina Quilmes; Bilz SA; Compañía Obras Sanitarias de Quilmes y Extensiones; Maltería y Cervecería Los Andes; Cervecería del Norte; Cervecería Buenos Aires; Cervecería Santa Fe; Cervecería Palermo; Cervecería Schlau; Brasserie Argentine Quilmes; Santa Rosa Estancias; Sociedad Auxiliar Fabril Agrícola y Comercial. “Por supuesto – dirá Torres en su libro- no son estas todas las sociedades anónimas falsas controladas por los Bemberg, pero las mencionadas constituyen el núcleo central de una vasta red de negocios múltiples, ganaderos, agrícolas, bancarios, industriales, etcétera”. La nacionalización de las empresas llevaría a experiencias inéditas en el control de la producción por parte del Estado, o la conformación de cooperativas sindicales como Fábricas Obreras Cerveceras Argentinas (FOCASA), que adquiriría trece empresas cerveceras y de actividades conexas.
Pero la experiencia duró poco: tras el golpe de estado de septiembre de 1955, el lento camino de la “recuperación” por parte de la familia se abriría. Sin embargo, contra lo que esperaban los Bemberg, el gobierno de la “revolución libertadora” titubeó ante su pedido de devolución de los bienes. “En mayo de 1956, el ministro de Hacienda declaró que los propietarios y accionistas debían seguir la vía judicial”, indica Belini. “Esta cautela estaba vinculada a la importancia económica de las empresas, pero también a la sospecha de que la nacionalización de las empresas no había sido un acto infundado”, agrega.
A partir de mayo de 1957 las primeras sentencias de la justicia, con pocas excepciones, beneficiaron a la familia Bemberg y otros accionistas. Sin embargo fue a partir de mayo de 1958 con la asunción del presidente Arturo Frondizi que cambiaría radicalmente la situación: el nuevo gobierno optó por el camino del acuerdo extrajudicial con los Bemberg. “Esta estrategia estaba orientada a resolver los problemas generados por las nacionalizaciones peronistas y tenía como objetivo alentar el ingreso masivo de capitales extranjeros, que era un aspecto clave de la política de Frondizi”, explica Belini.
Las negociaciones culminaron en enero de 1959 con la firma de varios convenios entre el Estado Nacional y la Brasserie Argentine Quilmes, la familia Bemberg y las empresas nacionalizadas. La parte más importante del acuerdo que el Decreto 547 del 16 de enero de 1959 firmado por Frondizi aprueba, establecía que los “dueños legítimos” de las empresas las recibirían en el estado en que estuvieran, devolviendo al Tesoro los montos depositados por el gobierno en el momento de su adjudicación, en tanto que se extinguía toda responsabilidad legal del Estado federal por el pago de costas, daños y perjuicios. Por su parte, el Estado nacional acataba la declaración de inconstitucional de la ley que había expropiado los bienes inmuebles de la familia Bemberg.
El acuerdo significaba concesiones importantes del gobierno. Es importante mencionar que el Procurador del Tesoro de aquel entonces, Ricardo Columbres, se mostró contrario a esa posición. En su “Memorando básico sobre el caso Bemberg para el presidente Frondizi” del 9 de diciembre de 1958, indica que entendía que la devolución de las empresas sólo podía ser dispuesta por una ley del Congreso. Consideraba que su único aspecto positivo era la aceptación de los bienes en el estado en que se encontraban, aunque advertía que ello no era decisivo pues estaban “prácticamente igual”. Por último, advertía que con el convenio “se reconstruye el grupo Bemberg en todo el país y se da patente al nuevo seguro monopolio cervecero”.
Como indica la historia del edificio que apareciera en el Manual de Estilo del `98, la inscripción de la casa cita en Posadas 1641 a favor del Estado se ordenó a inicios de 1955. Pero tras el golpe “se arribó a un acuerdo” con el Grupo Bemberg y se dispuso “la cancelación de esas inscripciones a nombre del Estado Nacional y el restablecimiento de las anotaciones de dominio a nombre de Empresas Quilmes S.A. Dicho convenio fue ratificado por decreto 547 del 16 de enero de 1959”. Volvía así este histórico edificio a formar parte de las cuantiosas propiedades del Grupo Bemberg.
Una sede definitiva para la Procuración
Pasaría el tiempo para que el inmueble de la calle Posadas volviera a manos del Estado Nacional. Pero esta vez, la historia sería muy distinta. En 1969, la Procuración del Tesoro debió dejar las instalaciones que venía ocupando para trasladarse al edificio del Ministerio de Justicia, ubicado en Gelly y Obes 2287/89. Poco después se hizo necesario encontrar un espacio adecuado para la institución. El entonces Procurador, Dr. Lino Enrique Palacio, inició las gestiones necesarias para la compra, en la búsqueda de un edificio que fuera cercano al que entonces utilizaban.
Aquí la historia se abre en una encrucijada, que nos permite preguntarnos cómo fue que se eligió justamente ésta casa. El relato en “La casa de la Procuración” retoma una anécdota: “uno de los funcionarios del Ministerio de Justicia, que hacía su recorrido habitual por la calle Posadas para llegar al Ministerio, vio un día un cartel de venta de la casa e informó a sus superiores”. Curioso que justo fuera éste edifico el depositario del merodeo del funcionario. “Dado que las condiciones edilicias y la vecindad se ajustaban a las necesidades requeridas, se consultó el precio solicitado por los propietarios, y previa intervención del Tribunal de Tasaciones del Poder Ejecutivo Nacional, por Decreto Nº 1543 del 28 de mayo de 1971, autorizó la adquisición de la “Casa de las Caritas” (así se la conocía popularmente) para la Procuración del Tesoro de la Nación”, agrega el texto.
Dicho decreto informa que el Tribunal de Tasaciones fijó un precio de 1.700.000 Peso Ley 18.188, ante lo cual la entidad propietaria reajusto su oferta inicial que pasó de 1.900.000 al precio final por el que sería adquirido el inmueble: $ 1.780.000. “Un aumento que significa un 5% con relación a la cantidad fijada por el expresado tribunal” no se priva de indicar el decreto. Acto seguido, explica la aceptación tanto por la ubicación, como por la distribución de sus dependencias, como por la “urgencia existente en resolver el problema planteado” y que “no ha sido posible conseguir otro de condiciones similares en la zona”. Así el “Presidente de la Nación Argentina” (vale recordar que quien esto firma es Alejandro Agustín Lanusse, que ilegítimamente usurpaba el cargo desde marzo del `71) decreta autorizar a la “Secretaria de Estado de Justicia para adquirir mediante contratación directa con la firma Quilmes Inmobiliaria S.A.” dicho inmueble. Y también autoriza “al señor Director General de Contabilidad y Administración de la Secretaría de Estado de Justicia para abonar en el acto de la escrituración la suma de un millón setecientos ochenta mil pesos ($1.780.000) en concepto de pago de la adquisición de referencia”. A la cotización del dólar de mayo del `71, la casa le costó al Estado Nacional unos U$D 370.000.
La escritura traslativa de dominio fue suscripta el 2 de noviembre de 1971 por el entonces Ministro de Justicia Dr. Jaime Luis Enrique Perriaux, en nombre del Estado Nacional Argentino y los señores Oscar A. Colombo y Roberto A. Ruiz de Galarreta, en representación de la firma “Quilmes Inmobiliaria Sociedad Anónima, Inmobiliaria, Financiera, Comercial y Agropecuaria”. Efectuadas las reparaciones necesarias y acondicionada adecuadamente para el destino previsto, la Procuración se trasladó a su “Casa” propia en noviembre de 1971. Apenas un mes antes el Dr. Lino E. Palacio, principal impulsor de la compra, se alejaba del cargo. Sucede que en octubre de 1971, el presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse designó a Ismael Bruno Quijano como titular de la cartera de Justicia, cuya misión más importante como Ministro sería organizar los padrones electorales para la futura contienda electoral de 1973. Para ello contó con la colaboración de Eduardo Aguirre (subsecretario de Justicia), Horacio P. Fargosi (subsecretario de Asuntos Legislativos) y Alberto Rodríguez Galán como nuevo Procurador del Tesoro. Le tocaría a este, pues, ser el primer ocupante del edificio de la calle Posadas 1641.
Queda mucho por investigar aún de esta compra mediante contratación directa, que brinda hoy una ubicación inmejorable para la Procuración del Tesoro. Un legado que no pudo sortear los vaivenes por los que transitó la administración del Estado argentino en la segunda mitad del Siglo XX.
COMENTARIO AQUÍ