Por: Julia Contreras*
Imagen: Mujeres presas con sus hijos, Adriana Lestido, 1991. MNBA
“Desde la historia nacional y latinoamericana se debe restituir a las mujeres y disidencias la centralidad en los acontecimientos del que han sido injustamente apartadas. Devolverles el lugar central que merecen y sacarlas del relato histórico que genera olvido”.
La incorporación relativamente reciente de estudios de género en la Historia posibilita la disposición de herramientas teórico conceptuales que ofrecen explicaciones innovadoras acerca de la relación entre varones, mujeres y disidencencias. Esta nueva perspectiva impacta en distintos ámbitos y ponen de relieve la desigualdad de género existente, construida históricamente a través de la legitimación de modelos patriarcales en la organización social y humana.
Joan Scott define al género como el elemento constitutivo de las relaciones basadas en las diferencias que distinguen los sexos, que comprende elementos interrelacionados como las dimensiones simbólicas, sociales e individuales. También lo describe como una manera primaria de significar las relaciones de poder; a partir de este concepto, puede señalarse que la significación de género está referida en tanto construcción social y cultural que genera vinculaciones a partir de lo definido como femenino y masculino en función binaria, que crea subjetividades y relaciones de poder. Esta subordinación de lo femenino a lo masculino se perpetúa a través del tiempo, además de no contemplar otras identidades en sentido plural.
La importancia de la categoría de género reside en su capacidad para elucidar las relaciones de desigualdad y poder entre varones, mujeres y disidencias, a la vez que constituye una herramienta para la reflexión del orden social y en sus distintas esferas. Es dinámica según la época y puede ser modificada por su carácter socio- histórico y cultural. Lagarde (1996).
Tomando como referencia a la Ilustración del Siglo XVIII y la Revolución Francesa como anclaje del pensamiento moderno, el modelo cultural occidental predominante se inscribe en una construcción patriarcal que ha justificado asimetrías a través de mecanismos de poder estatal observables en las prácticas discriminatorias de orden sexo-genéricos en sus distintas dimensiones de clase social, trayectorias personales, origen cultural y étnico, geográfico o religioso que naturalizan las desigualdades. En esta misma época se sitúa el nacimiento del feminismo como movimiento, etapa en que se declaran los derechos fundamentales, se crean las ideas de ciudadanía, igualdad y de justicia que, solo comprendía a varones blancos y propietarios, y que excluye a las mujeres su disfrute. Esta situación es un punto de inflexión en la lucha de las mujeres por la igualdad. Las mujeres a través del tiempo han sido sujetos de resistencia y denuncia de las desigualdades a través de la lucha por la conquista de sus derechos.
En los países occidentales, en el Siglo XIX y las primeras décadas del Siglo XX, las feministas focalizaron sus reclamos en los derechos políticos, fundamentalmente el derecho al voto, aunque también el derecho a la educación, a la propiedad y los derechos en el matrimonio. La mujer se igualaba jurídicamente a las/os niños y pasaban de estar sujetas al padre, a serlo del marido. Las mujeres que lucharon por el voto femenino fueron un movimiento trascendental tanto en Europa como en América, llamadas sufragistas que bregaban por cambios estructurales sociales y legales. En particular en Argentina el voto de las mujeres se reconoce por primera vez en 1947 aunque la lucha surge a partir del comienzo de Siglo XX a través de grupos de mujeres socialistas y anarquistas.
A partir de la década de 1960 y 1970 de ese siglo, se evidencia un segundo momento del feminismo, vinculado a la llamada liberación de la mujer en que reclaman nuevos espacios públicos y poder salir de la esfera privada y doméstica, con la expectativa de asumir nuevos roles más allá del tradicional instituido de esposas, amas de casa y madres, y pasar a ser sujetos activos de la vida política y social; garantizar los derechos laborales, sexuales y reproductivos y por una centralidad en la historia.
A pesar del reconocimiento de derechos de las mujeres acaecidos en el transcurrir del devenir democrático, las mujeres seguimos sufriendo distintos tipos de discriminación y en diferentes ámbitos; desde el laboral con peores salarios por la misma tarea, empleos más precarizados, falta de representación en los puestos de responsabilidad, y con la casi exclusividad en las tareas de cuidado de adultos/as mayores y niñas/os y la consiguiente dificultad para compatibilizar la vida personal con el desarrollo laboral. El mayor flagelo que padecen las mujeres y las personas de diversidad sexual es la violencia de género en distintas expresiones y ámbitos, y que les afecta por el solo hecho de ser mujeres y personas de la diversidad llegando al femicidio en niveles pavorosos y que la historia no ha dado cuenta como debiera.
Las mujeres y las diversidades sexo-genéricas han sido largamente invisibilizadas en los relatos históricos colectivos, en el mejor de los casos, confinadas a un lugar marginal, fundamentalmente en la conformación de la ciudadanía y la estatalidad, generando un derrumbe simbólico de legitimidad ciudadana; de esta manera se generan sentidos comunes que les despojan del ejercicio de derechos en condiciones de igualdad. Desde la historia nacional y latinoamericana se debe restituir a las mujeres y disidencias la centralidad en los acontecimientos del que han sido injustamente apartadas. Devolverles el lugar central que merecen y sacarlas del relato histórico que genera olvido. La memoria histórica sin embargo, ha reconocido ese lugar de incidencia pública, política y de resistencia, en mujeres como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, protagonistas indiscutibles en la etapa más funesta de nuestra historia y hasta nuestros días.
Una nueva mirada sobre las mujeres posibilita reubicarlas en el centro de la escena política e institucional, otorgarles un nuevo carácter simbólico en relación a lo público y la ocupación de espacios efectivos en el Estado. Para desandar esta desigualdad legitimada desde mecanismos estatales, se requiere echar luz sobre las determinaciones históricas y culturales que entrañan a la violencia de género.
La creación del reciente Ministerio de las Mujeres da cuenta de paradigmas estatales propiciatorios de la igualdad, son las nuevas políticas públicas nacidas al calor del reclamo del movimiento feminista y de la diversidad en un devenir de resistencias del Siglo XX y que encuentran su anclaje a partir del reconocimiento de derechos en perspectiva de género. Sin embargo, nos compromete en tanto sociedad y Estado profundizar nuestro sistema democrático con nuevas políticas de igualdad y efectiva inclusión de todos y todas en el pleno respeto de los derechos humanos. Es responsabilidad indelegable del Estado posibilitar el surgimiento de políticas públicas con perspectiva histórica, en consonancia con una nueva realidad de época, para una sociedad más igualitaria, tomando con especial responsabilidad las violencias de género.
* Licenciada en Historia y Vicepresidenta del Parlamento de las Mujeres de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Las opiniones expresadas en esta nota son responsabilidad exclusiva de la autora y no representan necesariamente la posición de Broquel.
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