Por: Redacción Broquel
La aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en nuestro país abrió un debate a gran escala en Nuestra América. Presentamos un repaso de la situación general del derecho a decidir en nuestro continente y los desafíos que aún quedan pendientes en esta materia.
Se puede afirmar que, en líneas generales, el acceso al aborto en América Latina se encuentra fuertemente restringido. Está totalmente prohibido en Honduras, Haití, Nicaragua y El Salvador y se encuentra al borde de esta condición en Venezuela, Paraguay, Costa Rica, Perú, República Dominicana y Surinam, ya que se permite la práctica solo bajo el supuesto de amenaza para la vida de la madre o la salud física de la mujer. En el otro extremo Argentina se une a Cuba, Uruguay, Puerto Rico y las Guayanas, países donde el aborto ya es un derecho adquirido para la población.
A pesar de estos datos, según un informe de la Federación Internacional de Planificación Familiar, la tasa de abortos en la región es una de las más altas del mundo, mucho más que Europa Occidental y Norteamérica.
Otro bloque de países latinoamericanos agrega una serie de excepciones a la prohibición y penalización del aborto. En este marco, Bolivia y Colombia tienen una legislación más progresiva, ya que permiten la interrupción del embarazo en casos de violación, incesto, si no está asegurada la viabilidad del feto o si existe amenaza para la vida, la salud física o mental de la mujer. Brasil, por su parte, habilita el aborto en caso de violación, riesgo de muerte de la madre y anencefalia.
En el comienzo de este 2021, Honduras dio un paso regresivo en este aspecto, ya que ratificó las reformas de los artículos constitucionales 67 y 112 que prohíben la legalización del aborto y el matrimonio igualitario, medidas que fueron aprobadas anteriormente por los legisladores. En el país centroamericano se requiere, tras ser aprobada una ley, que sea ratificada para posteriormente pasar al poder ejecutivo. Naciones Unidas expresó su preocupación al respecto por este hecho mediante un comunicado, señalando que lo ratificado contraviene la opinión consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el “principio de progresividad y no regresión de derechos humanos”.
Esta misma línea recorre El Salvador, país que, en el 2020, según el Ministerio de Salud salvadoreño, se registraron más de 500 infantes de entre los 11, 12, 13 y 14 años en estado de gestación. Además, los datos recogidos indican que la gran mayoría de estas niñas viven en la pobreza.
México dispone en cada una de sus entidades federativas una legislación autónoma en este aspecto. Sin embargo, solo en Ciudad de México y Oaxaca está legalizado el aborto sin condiciones, hasta las 12 semanas de gestación.
En Chile el debate por la despenalización del aborto voluntario hasta las 14 semanas está instalado en la agenda pública. Los argumentos de los colectivos que están a favor, entienden que las tres causales no son suficientes. De cara al nuevo proceso constitucional en el que está sumergido el país trasandino, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas comenzó la discusión sobre el proyecto de Ley para legalizar el aborto, que fue penalizado por completo desde 1989, durante la dictadura militar, hasta 2017 que se despenalizó por las Tres Causales.
De acuerdo a datos proporcionados por el Ministerio de Salud chileno, a partir de esa fecha, se han practicado 2009 abortos legales, siendo 997 por inviabilidad fetal (49,6%), 642 por riesgo de vida de la madre (32%) y 370 por violación (18,4%). Del mismo modo, el Reporte Trimestral sobre este proyecto de la misma entidad, indicó que tan solo de enero a marzo 2020 se presentaron 142 causales de abortos válidas, de las cuales solo 118 culminaron en la interrupción del embarazo.
El debate está abierto y la discusión promete ahondarse. Desde el otro lado de la cordillera, nuestra sociedad se ve interesada por un debate que debe profundizarse y generar sus propias conclusiones, de las que emerjan nuevos derechos para les ciudadanes chilenes.
Las opiniones expresadas en esta nota son responsabilidad exclusiva del autor y no representan necesariamente la posición de Broquel.
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