Una reforma impulsada por la dictadura de Onganía llevó a que el Procurador se convirtiera en un “funcionario de escaso relieve, sin independencia para producir sus dictámenes, encontrándose en grado de dependencia y subordinación del Ministro, significando lisa y llanamente, el aniquilamiento de la centenaria Institución”.
Por: Redacción Broquel
Imagen: Pintura N° 678, Raúl Lozza, 1963 – 1964. MNBA
Recorriendo la historia de la Procuración del Tesoro de la Nación nos encontramos con algunos hechos que nos permiten repensar su pasado, pero especialmente entender su presente. Algunos son sumamente curiosos y excepcionales, como el que narra el Dr. Alejandro Ahumada (quien fuera designado Subprocurador por el Presidente Frondizi en 1959 y luego Procurador del Tesoro durante el gobierno del General Onganía) en una publicación que celebra los 120 años del organismo en 1983.
Allí Ahumada dedicó unas líneas para explicar un caso inédito en la historia de la Procuración del Tesoro: la pérdida de categoría, funciones y responsabilidades. El entonces Presidente de facto Juan Carlos Ongania, tristemente célebre por ser el segundo dictador argentino que más duró en el poder y cabeza del gobierno durante La Noche de los Bastones Largos, dispuso por consejo del Secretario de Justicia, Conrado Etchebarne, el pase de la Procuración del Tesoro a la Secretaría de Justicia mediante la Ley 18.417, en donde se otorgaba la jerarquía de Ministro al mencionado Secretario.
Una vez hecha está transferencia, se dictó el decreto 7385/69 el cual disponía que el Ministro de Justicia sería asistido por dos subsecretarios denominados “Procurador del Tesoro” y “Subsecretario de Justicia”. Esta modificación supondría un fuerte golpe a la estructura del organismo, ya que el Procurador perdería su jerarquía y terminaría siendo un colaborador del Ministro de Justicia.
Según Ahumada esto transformaba al cargo de Procurador del Tesoro en un “funcionario de escaso relieve, sin independencia para producir sus dictámenes, encontrándose en grado de dependencia y subordinación del Ministro, significando lisa y llanamente, el aniquilamiento de la centenaria Institución”. Por este motivo el Procurador de ese entonces presenta su renuncia al cargo en octubre de 1969, un día antes de la publicación de la nueva normativa en el Boletín Oficial, agregando que “el mantenimiento del tradicional nombre de Procurador del Tesoro suena a burla burocrática”.
Esta desafortunada decisión sería corregida menos de un año después durante la presidencia de facto del General de Brigada Levingston mediante la sanción de la Ley 18.777 propiciada por el Ministro de Justicia Jaime Perriaux, que derogó lo establecido restituyendo a la Procuración del Tesoro las funciones que anteriormente tenía y al Procurador su necesaria independencia, devolviéndole la jerarquía de Secretario de Estado.
Así observamos que dentro de su rica historia la Procuración vivió diversos vaivenes, que llegaron al punto de implicar un retroceso en sus capacidades e independencias detrás de las órdenes de Onganía. Por suerte para el Estado, esta reforma duró menos que la famosa “Revolución Argentina” que aquel dictador encarnó, y así la Procuración del Tesoro de la Nación recuperó las fundamentales tareas que hoy día sigue llevando adelante.
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