Por: Pedro Mouratian*
Imagen: Juanito Laguna aprende a leer, Antonio Berni, 1961. MNBA
“Desde el terreno de la cultura, podemos afirmar que la lucha contra la discriminación tiene la tarea de descubrir y potenciar la diversidad y los entrecruzamientos de los fenómenos culturales, no para detectar únicamente las diferencias sino para incorporarlas a la disputa por una mayor igualdad social”.
En las últimas décadas nuestro país y Latinoamérica en general han avanzado, aún con marcados retrocesos en los últimos años, en un conjunto de reivindicaciones históricas que parecían muy difíciles de alcanzar hace algunas décadas atrás.
Los niveles crecientes de visibilización y participación de diferentes grupos vulnerados lograron instalar nuevas agendas en nuestras sociedades, abriendo brechas para la implementación de reformas y el ejercicio de nuevos derechos ciudadanos, donde un conjunto de demandas y reclamos pudieron instalarse socialmente para dar pie a conquistas que todavía tenemos pendientes en favor de marcos de mayor igualdad y justicia.
En este contexto, el de la discriminación es uno de los terrenos donde existe el desafío de seguir avanzando en la reparación y el mejoramiento de nuestras sociedades. Por ello debemos reflexionar sobre la cuestión de la diversidad y la igualdad, la diferencia y la cuestión social, la pobreza y las desigualdades estructurales, como así también en la dimensión cultural y la noción de otredad o alteridad.
La alteridad ha sido una dimensión central de los conflictos políticos más paradigmáticos del siglo anterior. Las luchas por el reconocimiento de la “diferencia” se adelantan bajo diferentes banderas: nacionalistas, religiosas, étnicas, sexuales, etarias, de género, etc. En todas ellas, la reivindicación común es de naturaleza identitaria, esto es: el reconocimiento de cómo nos representamos -con el uso que le damos al lenguaje, con nuestras tramas de significado, con nuestras prácticas culturales y sociales, etc.- y cómo queremos que el otro nos represente. Ahora bien, cómo ha señalado hace unas décadas la feminista Nancy Fraser, estas luchas por el reconocimiento de la diferencia, son indisociables de la lucha por la igualdad y la redistribución económica. Con esto queremos decir que en nuestros países, la agenda política, institucional y legislativa de los Estados (así como la demanda de los grupos sociales) tiene el desafío de trabajar en la compatibilización de una perspectiva de igualdad y diferencia. Como veremos, en un breve repaso por la cuestión de la diferencia en relación a la discriminación, la fetichización y la celebración inexorable de la diferencia y la otredad es un camino peligroso si está desligada de un cuestionamiento de las estructuras de desigualdad de la que forman parte y son producto.
En primer lugar, cuando hablamos del rol del Estado en todo proceso de transformación social debemos partir de un postulado general, común a todos los gobiernos y presente en todas las instancias de toma de decisiones: la gestión social es por definición compleja porque tiene que ver con las condiciones y demandas sociales, la política, la diversidad de actores y programas existentes y lo complejo de las relaciones interorganizacionales, el contexto internacional; entre otros varios factores que, de mínima, complejizan el trabajo.
Por otro lado, resulta necesario tener en cuenta la matriz política de nuestro país (como sistema de variables) la que fijará los límites y las posibilidades para llevar adelante las políticas públicas antidiscriminatorias que permitan mejorar los estándares de igualdad en nuestra sociedad. Las variables que deben ser tenidas en cuenta son: las estructurales, que fijan los límites de factibilidad, es decir, definen aquello que es o no alcanzable en un determinado momento de la sociedad; las político-institucionales, que definen las probabilidades diferenciales para la realización de intereses; y las ideológicas, que brindan un mapeo de las relaciones políticas que permite saber cómo funciona el sistema de relacionamiento político dentro del Estado y qué lugar ocupa la lucha por la no discriminación en la agenda política, ya que este factor cambia notablemente en distintos períodos y gobiernos.
Este análisis resulta vital toda vez que ante procesos de reestructuración socio económicos como el que estamos atravesando (más allá de la coyuntural crisis sanitaria), el mapa de situación cambia y es necesario evaluar la factibilidad de tomar tal o cual estrategia para volverla efectiva. En todo caso y yendo a las políticas públicas concretas, el Estado, apoyado por la comunidad internacional, debe posicionarse como garante del derecho a la no discriminación, y en función de ello trabajar en la prevención y lucha contra la discriminación, a la vez que en el fortalecimiento de la construcción identitaria desde un paradigma que compatibilice la igualdad y la diversidad, reconociendo lo diverso como aspecto estructurante de lo identitario.
Esto tiene que ver no solamente con propiciar la igualdad discursiva y jurídica sino con propender a la conformación de un sistema socioeconómico que garantice el reconocimiento y acceso a derechos por parte de toda la comunidad en igualdad de condiciones. Es imposible que la diversidad se constituya efectivamente si no se compatibiliza con una igualdad real, igualdad en todas sus formas, no solo jurídica sino también económica.
El “Consenso de Washington” sentó las bases para la expansión de un único modelo económico que junto a la caída del muro de Berlín daba lugar a la configuración de un mundo unipolar en el que la diversidad y la otredad tendían a ser negadas. El sistema económico necesitaba nutrirse de un orden social funcional en el que el “diferente” no tenía lugar porque básicamente no cuadraba en las reglas del mercado neoliberal. Pero a partir del siglo XXI comienza un nuevo paradigma social en el que las reivindicaciones de colectivos históricamente vulnerados pretenden deconstruir este modo hegemónico de entender lo identitario, enfrentando los postulados del capitalismo exacerbado. En este sentido, la conquista de derechos por parte de las mujeres, los colectivos de la diversidad sexual, el colectivo afrodescendiente, indígena y demás grupos históricamente negados, dio paso a nuevas conformaciones societarias, mucho más realistas y, por lo tanto, diversas. Sobre este nuevo paradigma es que necesitamos construir para conciliar la reivindicación de la diferencia y la conquista de la igualdad.
Luego de un primer modelo en que prima el paradigma de la “no discriminación” e igualdad ante la ley en el marco de las denominadas en términos históricos “transiciones democráticas” (proceso dado en muchos países de la región), con el neoliberalismo se llevó a cabo una transformación en el modo en que se piensa la configuración de la discriminación y la respuesta del Estado (las políticas antidiscriminatorias), que tiene que ver con el “paradigma de la diferencia”. Las denominadas “reformas estructurales” de cuño neoliberal explicaron el recorte de una serie de bienes -que antes era garantizados bajo la forma de derechos por el Estado- y su paso a la esfera del mercado, al que accedimos bajo la forma de mercancías. Esta toma de posición del Estado implicó, sin dudas, un gigantesco proceso de “desciudadanización”.
En este contexto, se da la novedosa emergencia de los movimientos sociales que se plantean las temáticas de la discriminación desde la perspectiva de la diferencia. Movimientos sociales que reivindican y reclaman al Estado no solo que garantice su igualdad ante la ley sino además que reconozca su diferencia como aspecto estructurante de sus demandas. El Estado, entonces, no tiene que ser ciego sino que tiene que poder reconocer que determinadas diferencias son el asiento a una situación estructural de imposibilidad de acceso a la igualdad y a los derechos. Este “paradigma de la diferencia” es tributo de perspectivas que en gran medida provienen de décadas anteriores a los ’90. La posibilidad de la aparición de este paradigma de la diferencia permitió que este tipo de demandas tuvieran mucha mayor visibilidad y que, paralelamente los Estados expresaran sus contradicciones. A la vez que achicaban y conformaban procesos de desciudadanización en relación al aspecto social derivados de las reformas estructurales, incorporaron en este período en las constituciones y en las reformas de las leyes una serie de políticas de valoración de la diferencia en relación a la situación de la discriminación.
Por otro lado, el problema radica también en que las conquistas de derechos se vean acompañadas por verdaderos cambios culturales que haciendo frente al “Fin de las ideologías” como paradigma globalizante y homogeneizante, transiten el proceso hacia sociedades inclusivas y justas.
Debemos hacer posible entonces, poder sentar las bases para repensar un paradigma que permita integrar y ser superados de la perspectiva de la diferencia y que suponga la vinculación de la cuestión social y la cuestión de la diferencia, sin la negación de una por la otra. Con la “reconstrucción de la nación” (la idea es de Manuel Antonio Garretón) se configuran estos procesos de cambio en nuestro país, con los que reaparece el carácter instituyente de la política, la capacidad reguladora del Estado por sobre los flujos económicos y centralmente una voluntad explícita de incorporar a sectores que habían sido marginados en otro momento. Bajo la forma de una “reciudadanización”, este proceso se da a través de la lógica de políticas públicas en proceso reformista de mayor o menor grado de radicalización, pero que tiene en su agenda la reforma y la incorporación de sectores antes excluidos. Desde el terreno de la cultura, podemos afirmar que la lucha contra la discriminación tiene la tarea de descubrir y potenciar la diversidad y los entrecruzamientos de los fenómenos culturales, no para detectar únicamente las diferencias sino para incorporarlas a la disputa por una mayor igualdad social.
Elevar el piso de ciudadanía tiene repercusiones en la vida social y cotidiana; el hecho que todas las personas sean reivindicadas como ciudadanos y ciudadanas estructura un marco de convivencia igualitaria que sirve de impulso al desarrollo de la inclusión social. Dentro de este marco, emerge un nuevo paradigma de desarrollo con inclusión, en el que la protección y promoción de todos los Derechos se engloba en la perspectiva de los Derechos Humanos. Por ello adquiere tanta relevancia entender que “la patria es el otro”, concepto este que se basa en el reconocimiento integral de las personas y en la posibilidad de construir un destino común, en el cual el Estado se constituye como articulador del interés colectivo social, aceptando una concepción de sociedad civil que integra a quienes tradicionalmente se sintieron excluidos y fuera de proyectos nacionales elitistas y racistas.
*Ex Interventor del INADI
Las opiniones expresadas en esta nota son responsabilidad exclusiva del autor y no representan necesariamente la posición de Broquel.
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