Por: Adrián Enrique Domínguez* Imagen: Two small arrows (Dos pequeñas flechas), Grilo, Sarah - 1967
“Dos condiciones que son importantes para un desarrollo democrático, y que aparecieron en el desarrollo histórico de los países centrales (por un lado la expansión de relaciones capitalistas que predominaran sobre los terratenientes, y por el otro la aparición de una clase industrial autónoma y antagónica a los terratenientes) estuvieron ausentes inicialmente en el caso argentino. Esta falla estructural en la matriz democrática argentina condicionó fuertemente el desarrollo democrático posterior y la implementación recurrente y sistemática de los golpes de estado se repitieron históricamente como metodología de imposición de intereses de una visión hegemónica de los sectores dominantes”.
La idea según la cual los conflictos y antagonismos en las democracias occidentales actuales, en particular en el proceso democrático argentino, constituyen aspectos negativos que hay que desplazar para dar lugar al diálogo y al consenso, en un mundo globalizado donde luego de la desaparición de los socialismos reales aparentemente no quedan alternativas al modelo neoliberal, es un concepto que deseo cuestionar y tensionar.
Así, se escucha mucho afirmar que “no existen más” las izquierdas o las derechas, ni las ideologías; los candidatos del sistema político prefieren posiciones “centristas” lejos de toda exacerbación política y hasta se reniega de la política, ya que ésta supone conflicto y antagonismo. El ideal de las sociedades modernas estaría más cerca de las soluciones consensuadas entre individuos racionales que de los debates inconducentes.
Sin embargo, algunas manifestaciones y expresiones de la vida democrática argentina actual se parecen bastante a las categorías del filósofo y politólogo Carl Schmitt (1), según las cuales la especificidad de lo político estaría definida por la distinción entre amigo y enemigo. Es decir, por visiones que expresan proyectos y hegemonías opuestas y antagónicas.
Si pensamos por ejemplo en el periodo kirchnerista, desde Néstor a Cristina, como la representación de un proceso continuo, aunque insuficiente, de construcción de ciudadanía en comparación con el modelo macrista, caracterizado principalmente por la deconstrucción de ciudadanía a partir de la exclusión económica y social que sus políticas generaron; vemos que hay un fuerte enfrentamiento de perspectivas ideológicas, proyectos políticos distintos y formas de ejercer el poder tan opuestas en donde se visualizan claramente las condiciones de antagonismo y conflicto propias del pensamiento schmittiano respecto a lo político. Uno y otro modelo constituyen representaciones de hegemonías y de construcciones de la democracia distintas y francamente opuestas.
No obstante, debemos preguntarnos, ¿el antagonismo y el conflicto constituyen rasgos de la democracia actual o tienen que ver con características más estructurales de la sociedad argentina?
Considero que algunos de estos rasgos vinculados al enfrentamiento y al antagonismo no son nuevos sino que vienen de vieja data, y conforman una matriz democrática vinculada a los inicios del proceso democrático argentino.
Por diversas razones, sobre las cuales no voy a extenderme acá, pero entre ellas, las vinculadas a la formación del Estado Nacional, para fundamentar esta línea argumental, podemos remontarnos a 1880 como el momento en el que se inicia el denominado proyecto agroexportador, el cual funcionó en la Argentina como un sistema político-social y económico hasta 1930, siendo éste uno de los períodos democráticos iniciales del país, aunque con características que hoy en día lejos estaríamos de calificar como democráticas.
En relación a la matriz democrática, la alusión al proyecto agroexportador tiene relevancia dada la persistencia e influencia de algunos aspectos inherentes a ese proyecto en la democracia actual. Me refiero más específicamente al modo de organización económica que fue predominantemente agrícola en los orígenes del desarrollo nacional y al condicionamiento que esta forma de organización de producción significó para la evolución democrática argentina.
La ausencia de actitudes y procedimientos capitalistas en la clase terrateniente, conocida como oligarquía, y que condujo políticamente el proyecto agroexportador, caracterizada por un predominio propio de sociedades rurales atrasadas de relaciones sociales paternalistas y autoritarias, fundadas en la jerarquía y dominio hegemónico territorial, no fue conducente al desarrollo democrático inicial.
De tal manera que al comenzar la apertura democrática en 1916, la clase dominante percibe como una amenaza este proceso. La inexistencia de una burguesía industrial, cuya formación no fue permitida por el sector terrateniente, y que hubiera debilitado el bloque dominante conducido por la oligarquía, hace que ésta prontamente recupere el poder en alianza con el capital extranjero en 1930, inaugurando los golpes de estado como forma de defender sus intereses económicos.
En consecuencia, dos condiciones que son importantes para un desarrollo democrático, y que aparecieron en el desarrollo histórico de los países centrales -como lo es por un lado la expansión de relaciones capitalistas que predominaran sobre los terratenientes, y por el otro la aparición de una clase industrial autónoma y antagónica a los terratenientes- estuvieron ausentes inicialmente en el caso argentino. La aparición y desarrollo de una burguesía industrial tiene efectos democratizadores en las relaciones sociales que establece, o por lo menos da lugar al comienzo de un escenario favorable al proceso democrático. En los Estados Unidos, la Guerra de secesión (1861-1865) donde triunfó el norte con características industriales sobre el sur algodonero nos muestra históricamente el comienzo de ese escenario favorable al proceso democrático.
Esta falla estructural en la matriz democrática argentina condicionó fuertemente el desarrollo democrático posterior y la implementación recurrente y sistemática de los golpes de estado se repitieron históricamente como metodología de imposición de intereses de una visión hegemónica de los sectores dominantes.
La visión hegemónica de los sectores vinculados al proyecto agroexportador vio afectados sus intereses fuertemente con la aparición del peronismo, que dio lugar a un proceso incipiente de desarrollo industrial conocido como sustitución de importaciones y que en realidad ya había comenzado en los años 30, pero que no logró desarrollar el otro escalón de la industrialización del país, el de la industria pesada, lo cual hubiera permitido el nacimiento de una auténtica burguesía industrial, proceso que fue abortado por el golpe de 1955.
Otro elemento incontrastable de la permanencia estructural de la falla en la matriz democrática fue el golpe cívico-militar de 1976, cuyo objetivo visible consistió en la imposición del terrorismo de Estado, pero cuyos intereses ocultos estaban en consonancia con la necesidad de los sectores dominantes de reestablecer un proyecto económico, eliminando los vestigios industriales del peronismo y primarizando la economía.
Hay que destacar que lo recurrente aquí es la capacidad de un sector dominante de adecuarse a la coyuntura internacional e imponer su hegemonía a nivel interno. En efecto, el terrorismo de Estado establecido en 1976 estaba acorde a los dictados internacionales de la Comisión Trilateral y al nuevo concepto “ordenador” de las sociedades que denominaron gobernabilidad.
Como es sabido, la Comisión Trilateral significó una estrategia de los países centrales para responder a los desafíos que a nivel global se planteaban desde mediados de los ’70. Si bien algunas problemáticas que le dieron origen han desaparecido, otras han acentuado su importancia. En principio, la caracterización del Informe de la Trilateral está referido a los países centrales como EEUU, Europa y Japón, pero la descripción de los desafíos a encarar es coincidente con muchas de las principales problemáticas de los países periféricos que tienen hoy vigencia, en particular en la Argentina.
Como sostiene Antonio Camou (2), una de las principales conclusiones del Informe es que “la crisis de gobernabilidad es caracterizada como un estado de desequilibrio entre el mayor volumen de las demandas sociales respecto de las menguadas capacidades de respuestas de los gobiernos democráticos” (Camou; 2010: 5-6). Y continúa el informe en su introducción: “el dilema central de la gobernabilidad de la democracia es que las demandas sobre el gobierno democrático crecen, mientras que la capacidad del gobierno democrático se estanca”.(Camou; ibidem) De manera más específica, el informe señala que “el surgimiento de nuevos valores, especialmente en las generaciones más jóvenes, vinculados a un excesivo individualismo y a un creciente desencanto por la política y las formas de acción colectiva, como también la emergencia de una cierta cultura adversaria, puramente contestataria, especialmente entre los intelectuales, los estudiantes y los medios masivos de comunicación, han venido minando los soportes culturales básicos de la legitimidad democrática”.(ibidem) Y de modo más inquietante, concluye: “hay una más profunda razón para el pesimismo si las amenazas a la democracia surgen ineluctablemente del funcionamiento del proceso democrático mismo”.(ibidem)
Los mismos sectores dominantes capaces de adecuarse a la coyuntura internacional a través del golpe de Estado de 1976 tuvieron la capacidad de imponer su hegemonía a nivel interno, no ya apelando a los golpes de Estado, si no cuando a partir del hartazgo social, la derrota en Malvinas, y luego de un breve interregno democrático, condicionaron fuertemente hasta que obligaron a Alfonsín a entregar el poder, antes de lo establecido constitucionalmente. Luego recurrieron a la cooptación de los canales democráticos e impusieron nuevamente su proyecto hegemónico durante la década menemista, revestido de un ropaje neoliberal. Durante esta etapa claramente se verifica la desindustrialización, el desmantelamiento del Estado y las privatizaciones generalizadas que desembocan en un proceso de exclusión social con características inéditas en el país como consecuencia de la aplicación de un enfoque neoliberal y encuadramiento disciplinado al denominado “Consenso de Washington”.
Lo expuesto hasta acá muestra que tanto en democracia como en cuanto a los golpes de Estado, la característica histórica de la vida política del país está más vinculada a la imposición antagónica y conflictiva de un proyecto hegemónico que al diálogo o al consenso. Forma parte de esa matriz estructural a que hice referencia como a las prácticas convencionales en relación a la política del país.
Sin embargo, las instancias de diálogo y consenso no deben ser dejadas de lado, por el contrario deben tener un lugar de privilegio a la hora de la construcción social y política.
En tal sentido, las referencias históricas que he mencionado tienen la intención de ayudar a entender los modos y maneras en que se expresa el conjunto de valores, intereses, ideologías y formas de ejercer el poder. El resultado en términos sociales que producen el conjunto de dichos aspectos constituyen la vida política de un país. Cuando no tenemos en cuenta a los mismos y alguien nos quiere hacer pensar que no es a través de la confrontación de una mirada del mundo, de un proyecto político, de la lucha por la conquista de los derechos y de un modo de ejercer el poder, sino que “naturalmente” se dan ciertos procesos, se desconoce la historia y probablemente se repitan los errores del pasado.
Del mismo modo si se naturaliza el modelo neoliberal como un paradigma indiscutible donde el diálogo se circunscribe a tal o cual variante del mismo sin poder cuestionar lo esencial y ante el cual debemos someternos como única alternativa, el debate político y por ende la democracia se empobrecen.
El diálogo debe formar parte de una batalla cultural en donde tenga relevancia y sea posible plantear el concepto de ciudadanos con derechos como un enfoque que privilegie la construcción ciudadana; aunque también debe posibilitar que otros pongan el acento de sus prioridades en la promoción exacerbada de lo individual a partir de considerar sujetos a los ciudadanos como clientes, es decir, a aquellos que puedan consumir.
Cuando más cercanamente en el tiempo escuchamos voces vinculadas a la derecha periodística que plantean livianamente que “vamos a tener que formatear la Argentina de una manera más autoritaria”, con la pretensión de influir sobre diversos auditorios, afectar la coyuntura y crear cierto “sentido común”, en cuya lógica subyacen determinados intereses económicos, culturales y simbólicos, es el momento de advertir que tales declaraciones no están desprovistas de intencionalidad política, que por el contrario forman parte de un proceso cada vez más signado por la batalla cultural, con la fuerte convicción de que hay que deconstruir ese pensamiento que nos remonta a un tiempo tristemente oscuro de nuestro pasado reciente.
1 – Mouffe Chantal, La paradoja democrática. El peligro del consenso en la política contemporánea. Barcelona: Gedisa ed., 2012.
2 – Camou, A. El discurso sobre la crisis de gobernabilidad de las democracias capitalistas avanzadas: una revisión del informe de la Comisión Trilateral (1975-2010).Recuperado a partir de https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/990
Bibliografia
CAMOU,A. “El discurso sobre la crisis de gobernabilidad de las democracias capitalistas avanzadas: una revisión del informe de la Comisión Trilareral” (1975-2010) Recuperado a partir de https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/990
MOUFFE, C. “La paradoja democrática. El peligro del consenso en la política contemporánea”. Barcelona: Gedisa ed., 2012.
O’DONNEL, G. (2010) “Democracia, Agencia y Estado. Teoría con intención comparativa”. Buenos Aires. Argentina: Prometeo Libros.
RAPOPORT, M. “Historia de la Economía Argentina del siglo XX. Buenos Aires, Argentina. Colección Pagina 12.
ROCK, D. (1993) “La Argentina autoritaria. Los nacionalistas, su historia y su influencia en la vida pública”. Buenos Aires, Argentina: Ed. Ariel.
SHUMWAY, N. (2015) “La invención de la Argentina. Historia de una idea”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Booket.
* Lic. en Ciencias Políticas (Universidad Nacional de Cuyo- Facultad de Cs. Políticas y Sociales, Mendoza) Magister en Gestión y Desarrollo Gubernamental (Universidad Nacional de Buenos Aires, Escuela de Estudios de Posgrado. Facultad de Cs. Económicas) Especialista en Diseño y Gestión de Políticas y Programas Sociales (INDES-BID Banco Interamericano de Desarrollo W.DC. USA) Ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Nacional. Asesor en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
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