Por: Paula Hansen
Entrevista a Alba Rueda, Activista Trans, ex Subsecretaria de Políticas de Diversidad (Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad), y actual Representante Especial sobre Orientación Sexual e Identidad de Género del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. A diez años de la sanción de la Ley de Identidad de Género, la funcionaria compartió a Revista Broquel sus reflexiones respecto a las líneas de acción implementadas desde el gobierno para garantizar los derechos de la población travesti trans, el proceso de implementación del cupo laboral y el desafío de transversalizar las políticas de diversidad en las distintas áreas de la órbita estatal.
Revista Broquel: ¿Cuál es su mirada respecto a la experiencia transitada en el triple desafío que supuso la puesta en pie de una Subsecretaría de Políticas de Diversidad, al interior de un recientemente creado Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD), en un contexto de pandemia mundial, emergencia económica y sanitaria?
Alba Rueda: Las políticas públicas que surgen de la subsecretaría de Políticas de Diversidad nacen atravesadas no sólo por un contexto social, político, sanitario a nivel global; sino también de gobierno, en tanto estábamos empezando nuestra gestión. Sin dudas, la proyección que habíamos tenido en diciembre y con la que llegamos a asumir en enero no tenía nada que ver con lo que iba a pasar en marzo: el aislamiento social, preventivo y obligatorio, todo lo que sucedió ese año 2020. Para nosotras implicó empezar en un cargo absolutamente nuevo, gestionando muchas veces un trabajo desde la casa, por celular, pensando y desarrollando políticas públicas en una experiencia absolutamente distinta en términos de Estado, en la que no se iba al ministerio a trabajar.
En ese marco, nos preguntamos cómo alcanzar este objetivo de la transversalidad, tanto en términos de la subsecretaría como del gobierno, porque lo novedoso también era que las políticas de diversidad (en esa enorme apuesta política que implica crear la ministeria de las Mujeres, Géneros y Diversidad) tienen un correlato en transversalizar dicha línea. No puede quedar todo reducido a una agenda del Ministerio, nunca se pensó así, sino en qué implicancias tiene para los distintos ministerios que tenían competencia directa en torno a ejes específicos para atender a la emergencia producto de la pandemia (Salud, Desarrollo Social, Economía, Educación, Trabajo, etc.). Es importante pararse a reflexionar desde esa perspectiva para tener una mirada situada. Haber impulsado el decreto del cupo trans en plena pandemia durante el 2020, que salió en septiembre, para nosotras significó tener esta mirada de respuesta a una situación de emergencia. Qué pasaba, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, cuando el presidente de la Nación sacó el decreto para que no se desaloje a las familias en el contexto de la pandemia, qué implicancia tuvo para la población LGBTIQ+.
RB: En ese sentido, se hizo mucho hincapié respecto al impacto diferencial que tuvo la pandemia en términos de género, acrecentando brechas de desigualdad preexistentes. ¿De qué manera repercutió en las condiciones de vida de la población travesti trans y qué estrategias desarrollaron para abordar la situación?
AR: A modo de ejemplo, La Mocha Celis (uno de los bachilleratos populares que trabaja territorialmente en la Ciudad de Buenos Aires), generó toda una red de acompañamiento a personas travestis y trans llamada el Teje Solidario, principalmente en CABA, ya que es donde residen sus estudiantes. No se podía trabajar presencialmente en las clases, pero en el medio es “tenemos hambre”. Desde el MMGyD trabajamos con ellas para fortalecer una línea, la del trabajo en red. El rol de las organizaciones sociales fue vital, así como fue tan importante que se empiece a trabajar desde la Ministeria y desde la Subsecretaría, desde la transversalidad, con estos desafíos.
Cuando asumís el cargo no tenés el panorama global de la situación. Yo sentí allí que estaba “estrenando la perspectiva”. Soy una militante trans desde hace muchos años, conocía a muchas organizaciones, compañeres. Desde ese rol identificaba un arco de situaciones que estaban sucediendo, organizaciones que trabajaban. Cuando surgió la pandemia, las organizaciones sociales pudieron señalar exactamente dónde estaba nuestra comunidad. Eso sí sentí que era nuevo y que se amplificó un montón en el sentido de que nosotras tuvimos una mirada nacional sobre nuestros territorios y la cantidad de necesidad que teníamos. Empezó también a funcionar uno de los temas que después recuperamos para el segundo año, el de las tareas de cuidado en la relación LGBTIQ+, que es un tipo de ordenamiento distinto. Llegamos a tener una base de información alimentaria de 8 mil personas trans, algo que era imposible para nosotras tener como organizaciones, desde otro rol. Ahí sí tuvimos una mirada global.
A través de la experiencia del trabajo de apoyo alimentario, desde la Mocha Celis realizaron un relevamiento. Empezó a surgir que las primeras desalojadas eran las travas, porque se cerró la esquina con el ASPO. Ahí conocí un tema para desmitificar, que es cómo se constituyen las economías de las compañeras en torno a la prostitución. Es una economía de subsistencia. A la semana de implementado el ASPO, empezaron los desalojos porque no había forma de que ellas pudieran cubrir los gastos que estaban previstos. Hubo que hacer un trabajo muy fuerte con el decreto para organizar la red de trabajo, que hicimos junto a otros organismos como la Defensoría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, con el Ministerio Público Fiscal. Armamos una red para darnos las alertas de cuando nos llegaban situaciones a nosotras, o cuando ellas ya habían abordado otras situaciones y nos informaban.
En esa labor más de cien compañeras fueron atendidas. Sin embargo, habían relevado a tres mil compañeras en la Ciudad de Buenos Aires, que llegaron a extender y atender a partir de la Mocha Celis: el 96% no tenían un contrato formal de vivienda o de alquiler. Se realizaron muchas gestiones para evitar desalojos, la pandemia mostró una desigualdad económica brutal. Implicó literalmente completar ese cuadro que está en todos los estudios sociales que hay sobre población trans, que plantea que somos un grupo extremadamente vulnerado. Si separás en clave desgenerizada, no hay otro grupo poblacional en la Ciudad de Buenos Aires que tenga ese 96%, ese impacto de la desigualdad.
El decreto del cupo trans, la iniciativa fundamental que se dio ese año, tenía esa trama de situaciones: atender la integralidad de ese encuadre en donde sí, el punto de partida era asumir una agenda históricamente postergada. Además en un ministerio nuevo, que tenía que armar su estructura. La labor implicó tener mucha conciencia de que esas son las desigualdades de nuestro pueblo: cuando no se abordan las políticas de género y diversidad, hay desigualdad. Hay más pobreza. Realmente fue un aprendizaje, la conciencia de cómo se constituye la agenda política de esa subsecretaría. Atravesando la pandemia, implicó trabajar muchísimo en esa pobreza extrema que vive nuestra comunidad.
Ley de Cupo Laboral Travesti Trans
RB: En septiembre del 2021 se aprobó la reglamentación de la Ley 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán – Lohana Berkins”. En lo concerniente a la Administración Pública Nacional (APN), ¿Cuál es la situación actual respecto a la implementación del cupo laboral travesti trans? ¿Cómo fue el proceso de trabajo en pos de su implementación, teniendo en cuenta el cambio cultural y de paradigma que supone en las estructuras del Estado?
AR: Trabajar el cupo fue un enorme desafío. Entre otras cosas, implicó debatir las lógicas binarias del Estado. Cuando llegamos con esa agenda, que ya militaba antes de asumir, inmediatamente me puse en contacto con la Jefatura de Gabinete para solicitar información acerca de cuántas personas trans estaban trabajando en la APN. Llevó un tiempo y muchos desencuentros con las áreas de recursos humanos poder recuperar ese dato, porque nunca habían hecho un relevamiento. Tuvimos muchos intercambios en torno a cómo llevar adelante esa agenda. El relevamiento trajo una lectura vinculada a que menos de 30 personas travestis trans trabajaban en la APN. Luego de la sanción en 2012 de la Ley de Identidad de Género, del travesticio de Diana Sacayán en 2015, ya teniendo la primer ley de cupo trans en la Provincia de Buenos Aires, viendo que de diversidad y de perspectiva de género se habla todo el tiempo, se necesitaba una política pública concreta para poder pasar de ese dicho a algo que implique un compromiso, porque no se había llevado adelante en esos ocho años la reflexión política para poder llamar a personas absolutamente competentes como las personas trans.
En esa línea, el laburo en torno al decreto significó primero pensar cómo éste se situaba. Cómo hacer también para sumar responsabilidades (el acceso a la educación, formación en el empleo, y la línea de los sistemas de información, ya que tenés que modificarlos para que registren a las personas travestis y trans). Allí un eco de cómo fue coherente nuestra gestión, al año siguiente, con el decreto de no binaries (una de mis primeras reuniones en la gestión fue ir al RENAPER a ver todas las causas de no binaries que estaban paradas y que se necesitaba el reconocimiento de sus identidades). Nos llevó un año trabajar en ese decreto, que no quedó como quisimos, pero sí quedó con una estructura hermosa, que es salir del binarismo heterosexista que tiene el Estado. Es el segundo Estado en América que sale del binarismo en el registro de las personas, uno de los primeros pasos fundamentales, ya que abre una enorme oportunidad de trabajar con personas que no quieren declarar tampoco el sexo al Estado. La X es una síntesis de no solamente les no binaries, sino también las personas de género fluido, las personas que no quieren declararle el sexo al Estado. Flotando está esa gran pregunta de si el Estado tiene que registrar tu identidad de género. ¿En virtud de que? ¿No debería registrar para resguardar tus derechos jurídicos? Estas son un poco las líneas por las que trabajamos ese decreto.
El decreto del cupo trans implicaba una acción afirmativa: que se cumpla en cada uno de los organismos, que el 1% del total de sus trabajadores sea personas travestis, transexuales, transgénero. También implicó comenzar a trabajar la línea enorme que desarrolló una coordinación en políticas de empleo para travestis, transexuales y transgénero. Esa coordinación tenía una línea de permanencia en el empleo de personas trans, cómo implicar la permanencia para que nadie se vaya, para que no haya deserción.
También se pensó y creó el primer registro de personas trans. Tenía que ser modelo, no había otros registros donde las personas se pudieran inscribir solicitando el cupo trans. Implicó trabajar para modificar los sistemas de información, crear una Unidad de Coordinación Interministerial para trabajar la línea de formación y educación en el empleo, el acceso al empleo, trabajar sobre la permanencia, todas tareas que tuvimos que hacer con un nivel de demanda situada en una agenda postergada. Había 5 mil personas más (aproximadamente el número que hay hoy en el registro) que buscaban anotarse. La presión era enorme, no solamente iban a mirar lo que hacía Nación para poder ver cómo funcionaban los otros registros en las provincias, sino también que había que buscar la transparencia de una política pública, mejorar aprendiendo de nuestras experiencias.
En esos nueve primeros meses estuvimos transitando la pandemia y atravesando esta situación de crear líneas de trabajo, en enero de 2021 abrimos el registro. Con todos los temas hablados, con las resoluciones (porque tenés la ley pero después tenés que crear resoluciones de competencia directa, temas de información, de registro). Había que tener todo ese dato infinito. Cuando dejé la subsecretaría, hace un mes, había un poco más de 300 personas trabajando. Eso se hizo durante el año pasado, fue un enorme esfuerzo. Creo que falta un montón, lo dicen los números, pero fue mucho trabajo puesto, pensando cómo hacemos para tener herramientas para fortalecer ese registro, porque implicaba un formulario que ponga en valor los saberes y la potencialidad de esos saberes en la comunidad. Todo eso estuvo presente en el laburo sobre cupo.
RB: La norma hace también hincapié en la inclusión transversal y federal (Artículo 8), respecto a la distribución geográfica de los puestos laborales que se cubran. ¿Cómo se trabajó este aspecto de la ley?
AR: Una de las dificultades es que la mayoría de los ministerios nacionales residen en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que la zona que abarcaba era la de AMBA. Entonces, entre otras cuestiones, además de las jurisdiccionales, tuvimos que impulsarlo en aquellos ministerios que tuviesen desarrollo territorial. La ley saldó este tema que no pusimos en el decreto, la extensión territorial. Como Subsecretaría también tuvimos una conformación de compañeras desde las provincias. Díaz Zeballos vino desde Salta específicamente a trabajar con nosotras, al igual que lo hizo Luisa Paz desde Santiago del Estero, en la parte de violencia institucional. Así migraron muchas compañeras, porque es esa apuesta, ese enorme proyecto del Ministerio.
A partir del último informe, sabemos que en todas las provincias (en el cupo nacional) hay al menos una persona travesti trans, y que hay más dependiendo de la provincia. La provincia de Buenos Aires tiene indicadores mucho más altos porque estamos en la misma jurisdicción. Gran parte de esas 300 viven en Buenos Aires. En las demás provincias buscamos que cada uno de los organismos con dependencias provinciales pueda laburar esta cuestión. Las compañeras del registro junto a las compañeras de empleo realizaron el año pasado un informe en el que se contabilizaron 150 reuniones con los organismos nacionales, buscando promover y que se incluya a las personas trans por el cupo. Esto implicó un diálogo con los sindicatos y con muchos de la arquitectura que conforma la administración pública.
Cuando llegamos, algunas provincias ya contaban con una ley de cupo: Chubut, Provincia de Buenos Aires. Durante nuestra gestión se crearon registros en otras provincias. Tuvimos variaciones en la implementación del decreto porque creamos otros sistemas. Por ejemplo, que el registro resida en el MMGyD y no en el de Trabajo. Buscamos generar los mecanismos de control para la transparencia de esa política pública. A nivel provincial todavía está el tema de la reglamentación, no todas la tienen. Chubut, hace menos de un mes realizó un llamado a inscripción para cupo. La provincia de Buenos Aires es la que tiene los datos más sustantivos para llevar adelante el cupo. Ahora lo que queda es ver cómo se transversalizan con el poder legislativo y el judicial estos mecanismos.
RB: El artículo 11 plantea incentivos al sector privado, estableciendo que las contribuciones patronales que se generan por la contratación de las personas beneficiarias de la ley podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales ¿Cuál es la situación actual y qué desafíos supone este ámbito?
AR: El artículo 11 de la ley tiene que ser reglamentado por la AFIP, estamos hasta el último momento buscando que eso se concrete. Hay una lectura compleja respecto a los incentivos para empresas, sobre todo a veces parece que no son tan promotores de las contrataciones. Es propia de la dinámica de las empresas. Tuvimos muchos contactos. Con las empresas hay una lectura muy generalizada, y hay que tener en cuenta la gran textura de las empresas: hay empresas con compromiso en las que hay personas LGBTIQ+, empresas pymes, hay muchas empresas que tienen voluntad e interés en incorporar a personas trans. Me parece importante destacar dos cuestiones: la primera, que aun así siguen siendo pocas las empresas que asumen estos compromisos, pero que dentro de estos compromisos sí hay una enorme voluntad de impulsar estas agendas y creo que muchas veces, a como voy reconociendo las lógicas empresariales, se motivan cuando hay otras empresas competitivas con estas lógicas. La verdad es que no sé si están mirando al Estado, están mirando otras empresas y sus experiencias. Fue muy pedagógico tener este conocimiento.
RB: Recientemente fue nombrada Representante Especial sobre Orientación Sexual e Identidad de Género en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. ¿Cómo concibe este rol y las tareas que supone?
AR: El rol de la Representante Especial es algo que buscábamos sobre todo para poder impulsar una agenda que tiene que ver con una ciudadanía más grande. Las personas LGBTIQ+ muchas veces migramos debido a las condiciones de desigualdad que vivimos en nuestros espacios de origen. Migramos por la discriminación, por la persecución, y buscamos ir a espacios que no estén atravesados por estas desigualdades, buscar oportunidades.
La migración para nosotras, y en Argentina en particular, con una ley migratoria que realmente es ejemplo (conociendo las leyes migratorias de otros países, con sus complejidades burocráticas), es todo un enorme modo de regulación. Argentina tiene una perspectiva de DDHH muy transparente en la ley migratoria. Eso hay que mejorarlo desde la perspectiva de diversidad, pero lo cierto es que, desde nuestra experiencia (que no somos un país del primer mundo), que tengamos saldados determinamos temas, salir a llevar adelante agendas desde el sur global, realmente tiene otro coraje al momento de pensar este tipo de acciones en el mundo. Es buscar fortalecer los derechos de las personas LGBTIQ+. Me parece que en esa línea es recuperar una agenda de DDHH. Hay muchos modos de llevar adelante política internacional, política externa. Uno de los puntos fundamentales para nosotras es una agenda de DDHH desde esta perspectiva de diversidad.
Fortalecer eso en Latinoamérica es uno de los grandes desafíos. Por ejemplo, si tomamos legislación comparada o identidad de género, notamos que no todos los países tienen leyes de identidad de género, que hubo avances en la región, pero es cierto que en términos normativos y en términos de política pública no hubo esta textura de los temas. Es importante que nos vinculemos, que nos fortalezcamos, que podamos hablar desde acá, situades en Latinoamérica hablando de los efectos de la colonización en América, hablado de lo que significan los dramas económicos y financieros globales, las desigualdades y las implicancias, el efecto de la colonización. Tener una mirada situada desde aquí es fundamental para tener la clave de trabajo que requerimos para poder avanzar.
Vamos a cumplir 10 años de la Ley de Identidad de Género. Hace 10 años estábamos militando una ley que nos proteja y represente la identidad, que tengamos un documento, que hablemos de salud y trato digno. Hoy tenemos una agenda con muchas más texturas, que va de la mano de agendas sociales. Empezamos a debatir políticas, estamos en las representaciones políticas. Esto no puede ser jamás el techo, tiene que ser un piso mínimo que es inaceptable. Necesitamos fortalecer las líneas de diversidad en nuestro país, y aún así es tán valioso el esfuerzo militante y de una sociedad que, además, en líneas generales valora los temas de diversidad.
Estoy recuperando muchos de los recorridos que hice en América Latina, donde vi que realmente es un tema difícil. Hay sociedades en las que no se habla de determinados temas, no tienen esta implicancia. En Argentina, con todas las complejidades, con todos los desafíos políticos, hay una sociedad atenta a esas desigualdades. Entonces, creo que no es casual que tengamos esta agenda. En las políticas falta muchísimo, pero es un montón teniendo en cuenta de dónde venimos. Creemos que podemos hacer mucho con el sur global, generar mayores fortalezas, sobre todo desde la política exterior. Es la clave para hacer una síntesis del enorme recorrido que queda.
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