Se trata de una serie de trabajos realizados durante el seminario dictado en 2020 por el director de la ECAE, Guido Croxatto, que tuvo como meta la construcción de una nueva mirada sobre la abogacía pública. Participan del mismo 25 abogados y abogadas que trabajan para la Administración Pública Nacional a lo largo y a lo ancho de la Argentina.
Por: Federico Visacovsky
Esta obra es consecuencia del sacrificio y la responsabilidad de aquellos/as profesionales del derecho del sector público cuya misión es la defensa de los intereses de la Nación. Asumieron que a su loable tarea era necesario agregar algo extra: teorizar sobre la defensa de los intereses del país. A lo largo de 18 artículos, abogados/as de la Administración Pública reflexionan sobre varios tópicos: lenguaje jurídico, vulneración de derechos, desigualdad, filosofía, jerarquización de la abogacía pública, entre otros.
Carlos Zannini, Procurador del Tesoro, plantea en el prólogo que los/as abogados y abogadas no reciben, en sus carreras de grado, una adecuada preparación para defender al Estado. Es por eso que “la misión de la ECAE es funcionar como espacio integrador para que esas herramientas que hoy no tenemos, se desarrollen”. Postula que uno de los principales objetivos de su gestión es jerarquizar a la ECAE “con la convicción de que, si no preparamos nosotros a nuestros propios abogados y abogadas, no van a ser otros espacios, pagos muchos de ellos, y que funcionan bajo otros intereses (muchas veces antagónicos), los que aporten a esa formación comprometida”.
como_defender_al_estadoPor su parte, Guido Croxatto, director de la ECAE, advierte en esta obra que “cuando la defensa del Estado y de la soberanía son prioritarias para un gobierno, también es trascendental la Escuela que forma a los abogados/as en esa mirada”. Resalta una y otra vez la importancia de “defender lo público” y que el objetivo final de la ECAE es que quienes pasen por sus aulas (sean virtuales o presenciales) no solo incorporen nuevas herramientas académicas y profesionales, sino también que adquieran un inquebrantable compromiso por la defensa de los intereses de la Argentina.
Zannini y Croxatto coinciden en que la formación académica de los y las profesionales que van a defender a la Nación debe ser una tarea “indelegable” del sector público: “El Estado debe asumir la formación idónea, rigurosa, seria, pero también estratégica, de su propio Cuerpo de Abogados y Abogadas”. En ese sentido, destacan que la ECAE es un espacio “prioritario y estratégico” en donde no solo “se investiga y desarrollan instrumentos doctrinarios”, sino también es el sitio en el que el “Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado va a formarse y a intercambiar ideas y experiencias con un objetivo común: la defensa firme de los intereses argentinos”.
Uno de los artículos más interesantes es el de Andrea B. Askenazi, quien en “El lenguaje y su influencia sobre la operatividad de los derechos. El rol de los abogados del Estado”, hace hincapié en cómo el lenguaje cotidiano impacta en los derechos de las personas vulneradas y cuál debería ser el rol de los/as abogados/as del Estado. Por su parte, Maira Faranda, en “¿Vulnerables o vulnerados?”, cuestiona el empleo de la palabra “vulnerables” para referirse a aquellas personas que viven bajo condiciones precarias y se pregunta cuál debería ser el rol de los profesionales del derecho para que esas personas vulneradas accedan a la justicia.
En concordancia con algunos argumentos de Zannini y Croxatto, Andrea P. Chiarrello reflexiona sobre la imperiosa necesidad de jerarquizar la abogacía pública de los planes de estudios de las universidades para que, justamente, las mismas casas de estudio comiencen a brindar herramientas para que los/as estudiantes aprendan a defender los intereses de la Nación. Finalmente, el último trabajo que nos gustaría resaltar es el de Juan Pablo Caputo, titulado “Derecho, ideología y Tratados Bilaterales de Inversión: Aportes para la defensa del Estado”, cuyo eje está ligado a desarrollar una serie de instrumentos de carácter analítico y teórico para la defensa de los intereses del Estado y a la reflexión sobre el rol de los tratados bilaterales de inversión.
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