Por: Carlos Alberto Zannini
“Es por esto que seguimos construyendo el nuevo paradigma de lo que la abogacía pública y la Procuración del Tesoro deben ser, recuperando su misión fundamental en la defensa y asesoramiento del Estado Nacional, que no es más que la mejor defensa de los intereses de millones de argentinas y argentinos”.
La construcción de un Estado más justo e igualitario requiere bases que permitan llevar adelante políticas de transformación donde el eje rector sea la ampliación de derechos. Con pautas claras del camino que se desea recorrer, y donde se cuente con las herramientas necesarias para poder realizar la tarea encomendada. Así, podrán enfrentarse los desafíos conocidos y los que toque conocer en el desarrollo del gobierno, sin perder en la coyuntura el impulso vital transformador.
Juan Domingo Perón comprendió como nadie en la Argentina de su tiempo que era necesario transformar radicalmente la sociedad, para que los desposeídos pudieran acceder a los derechos básicos que consagraba nuestra Constitución Nacional (y que serían ampliados en la letra de nuestra Carta Magna con la Reforma de 1949); y al tiempo que se diera un respaldo a las fuerzas productivas para potenciar la industria y la producción nacional. Con ese objetivo, al comienzo de su primera presidencia, lanzaría lo que se convertiría en uno de los pilares del pensamiento económico y político del peronismo: el Primer Plan Quinquenal.
Son innumerables las obras que se llevaron adelante a partir de esa planificación que cambió la matriz productiva y distributiva de nuestro país. Pero quizás sea más importante, o en todo caso lo es para quienes entendemos la función pública como un espacio fundamental de transformación, lo que significó para la reorganización del Estado. Porque al mismo tiempo que se planificaba la producción, se buscaba dotar al gobierno nacional de las herramientas necesarias para conducir el proceso económico y social, es decir, construir un nuevo Estado.
Es por esto que nos resulta esclarecedor que la primera ley que figura en dicho Plan sea la creación del Cuerpo de Abogados (y Abogadas) del Estado. Porque pone en un lugar central a la abogacía pública, en tiempos tan remotos como 1947, demostrando una vez más la perspectiva de futuro que caracterizó el accionar político de Juan Perón. Durante la presentación del Plan en el Congreso Nacional, diría: “En cuanto al Cuerpo de Abogados del Estado, que ha surgido como una necesidad impostergable a fin de terminar con una cierta anarquía, pues se defiende en todos los casos al Estado con criterios de los más diversos, tiene como finalidad práctica dotar a la Nación de asesores y defensores eficientes”.
Por un lado, busca poner fin a la anarquía preexistente en los criterios legales, que llevaba a las distintas jurisdicciones y dependencias del Estado a enfrentar y asesorar de modo diferente ante situaciones similares. Por el otro, plantea la necesidad de la eficiencia en la acción estatal, algo fundamental para poder desarrollar políticas públicas que transformen la realidad de nuestro Pueblo. Un concepto difícil, que ha sido utilizado tantas veces para llevar adelante políticas de recorte y despidos masivos, encuentra en esta cita de Perón su justo valor: eficacia en la acción pública en beneficio de las grandes mayorías.
En lo que concierne a la Procuración del Tesoro, la ley que fuera votada en el Congreso Nacional hace 75 años instituye al Procurador como Director del CAE, “cuya misión será la de unificar directivas y criterios en la defensa y asesoramiento de la Administración Pública, ordenar los trámites y ser organismo regulador de lo contencioso del Estado”. De ese modo, permitió la estructuración del Cuerpo, algo que revela toda su importancia en la realización de nuestro accionar diario. Porque resulta fundamental ante la instauración de un frente legal que permanentemente intenta imponer las lógicas del mercado por sobre las decisiones soberanas de los estados, contar con un CAE fuerte y consustanciado con la función estratégica que debe desarrollar.
Es por esto que seguimos construyendo el nuevo paradigma de lo que la abogacía pública y la Procuración del Tesoro deben ser, recuperando su misión fundamental en la defensa y asesoramiento del Estado Nacional, que no es más que la mejor defensa de los intereses de millones de argentinas y argentinos. Fue ése el compromiso con que asumimos las diversas funciones que nos tocó desempeñar a lo largo de nuestra carrera política, revitalizando un legado que, durante las presidencias de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, buscó consolidar una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
“Busco coordinar mi pensamiento dentro de los grandes principios de gobierno tendientes a formar una verdadera doctrina para encarar realizaciones con unidad de concepción y de acción”, decía Perón ante el Congreso Nacional. “Todo ello para que, sin peligrar la felicidad presente de nuestro pueblo, permita sin hesitaciones, trabajar abnegadamente por su futuro, y donde el individuo y el Estado se compenetren, comprendan y complementen”, agregaba. La trascendencia de su accionar se puede comprobar en los logros alcanzados durante sus primeras dos presidencias, que aún hoy siguen siendo fundamento para la acción estatal. Pero resulta más evidente aún en la vigencia de su pensamiento político, social y económico en pleno Siglo XXI. Aquella voluntad transformadora que impulsó la creación del Cuerpo de Abogadas y Abogados del Estado 75 años atrás, no sólo sigue siendo ineludible para pensar el accionar que día a día llevamos adelante desde la abogacía pública, sino que es un pilar desde donde pensar la Argentina por venir.
- Procurador del Tesoro de la Nación
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