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“No puede haber justicia social sin justicia ambiental”

Por: Redacción Broquel

Entrevista a Nicolás Fernández, subsecretario Interjurisdiccional e Interinstitucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. “La Ley Yolanda es una norma que tiene como objetivo garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en el cambio climático”.

Revista Broquel: ¿Qué es la Ley Yolanda? ¿Qué debates y perspectivas anteriores, propias de la agenda ambiental, se cristalizaron en esta iniciativa? ¿Cuáles son los objetivos de la norma?

Nicolás Fernández: La Ley 27592, o Ley Yolanda, es una norma que tiene como objetivo garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en el cambio climático. De esta manera, alcanza a funcionarios, funcionarias y agentes que se desempeñan en el servicio y empleo público en todos sus niveles y jerarquías en los  tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial de la Nación. Es interesante destacar que su aporte radica en contribuir formativamente tanto a tomadores y tomadoras de decisiones como a los gestores y gestoras de la cotidianeidad laboral en cada área.

Cabe señalar la trascendencia de Yolanda Ortiz —primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de nuestro país y de América Latina— quien, en un contexto tan prematuro como la década del 70, inauguró la agenda ambiental a nivel nacional y regional en conjunto con otra de gran trascendencia, vinculada a la transversalidad de género en la función pública. Fue designada por Juan Domingo Perón durante su tercer gobierno. Es importante mencionar, también, su trayectoria académica: fue doctora en Química, especializada en Toxicología. Durante su juventud, obtuvo una beca en La Sorbona, Francia, donde permaneció hasta fines de la década del 60.

RB: ¿Cuáles son los lineamientos generales de la capacitación? ¿Cómo se desarrolló el proceso de elaboración de estos?

NF: El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a cargo de Juan Cabandié, a través de la Subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional es la autoridad de aplicación de la Ley Yolanda, establecida mediante el Decreto n.° 270/2021. A través de este, la mencionada  Subsecretaría fue facultada para el dictado de normas aclaratorias y/o complementarias necesarias para el efectivo cumplimiento de la ley. Como ejemplo, puede citarse el  reglamento operativo, pensado para definir todas aquellas pautas necesarias para su correcto funcionamiento y aplicación.

Desde una perspectiva epistemológica, la formación contempla las dimensiones ecológica, económica y sociocultural, adhiriendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Sus lineamientos obedecen a una pedagogía crítica, atendiendo a una lectura desde una perspectiva que incluye la mirada latinoamericana. Por consiguiente, asume que no puede haber justicia social sin justicia ambiental, así como tampoco puede haber un paradigma de desarrollo que no contemple la sustentabilidad.

En términos específicos, los ejes principales de la capacitación se basan en: saber ambiental, desarrollo sostenible, economía circular, cambio climático, protección de la biodiversidad y los ecosistemas, eficiencia energética y energías renovables. Asimismo, presenta diseños que amplían los mencionados contenidos con temáticas optativas. Cabe destacar que cada jurisdicción y organismo tienen la posibilidad de seleccionar aquellos que, según su necesidad e injerencia específica, consideren relevantes o adecuados. Como ejemplo: el manejo del fuego, la gestión de residuos, la producción de alimentos y la soberanía alimentaria, entre otros. El proceso de elaboración de contenidos se enmarcó en un amplio abanico de ejercicio   democrático. Han participado en su confección, mediante debates e intercambios, los actores más importantes en ambiente y sustentabilidad, entre los que se mencionan las instituciones científico-técnicas especializadas, la sociedad civil y sus organizaciones, y el sector superior de educación.

RB: ¿De qué manera se articula la capacitación que ofrecen con la labor y agenda propias de cada organismo del Estado? ¿Cuánto se ha avanzado en su implementación? (Adhesión de jurisdicciones, áreas capacitadas, cantidad de personas capacitadas etc.).

NF: La ley tiene un gran espíritu federal ya que contempla las diferencias regionales y las perspectivas y agendas de cada organismo. Esta articulación se manifiesta en la pluralidad de formas en su implementación. Pueden mencionarse cuatro modalidades de desarrollo de las capacitaciones en conjunto con enfoques híbridos, que incluyen tanto lo presencial como lo remoto, lo sincrónico y lo asincrónico. Hay un aspecto a destacar: la digitalización. La Ley Yolanda se enmarca en el avance, implementación y difusión de las plataformas digitales. Desde una perspectiva pedagógica, eso implica cierta disrupción que venimos constatando luego de la pandemia.

En relación a aspectos cuantitativos, en la actualidad hemos capacitado más de 34 mil agentes y funcionarias y funcionarios, un número que nos enorgullece teniendo en cuenta que las capacitaciones comenzaron en el segundo semestre del 2022. Además, todas las provincias y las jurisdicciones han adherido a la ley —en el caso de una provincia en particular, está en el proceso final de adhesión—.

RB: ¿De qué manera contribuyen las políticas ambientales al fortalecimiento de la democracia?

NF: Existe un primer hito en el fortalecimiento democrático que lo constituye la génesis de la ley, que fue debatida y sancionada por el Poder Legislativo. A esa cultura democrática, puede agregarse otra lectura, que es el asesoramiento constante en la confección de la ley por parte de diferentes actores de la comunidad científica y de la sociedad civil. Por último,   otro punto trascendente es el proceso de confección de lineamientos y contenidos, en el cual estos actores participaron activamente. Para concluir, dentro de las aspiraciones de la ley se reconoce como instancia de fortalecimiento democrático: contribuir desde una perspectiva netamente educativa en instaurar un paradigma de desarrollo sostenible, de justicia social y ambiental, de equidad social, de paridad de género y de federalización.

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