9 de julio: razones para una independencia

Por: Redacción Broquel

Quizás uno de los documentos menos conocidos de nuestra historia, el “Manifiesto que hace a las Naciones el Congreso General Constituyente de las Provincias-Unidas del Rio de la Plata, sobre el tratamiento y crueldades que han sufrido de los españoles, y motivado la declaración de su independencia” no sólo cumple con una de las deudas planteadas en el “Acta de la Independencia de las Provincias Unidas en Sud-América”, sino que también nos brinda la oportunidad de comprender mejor el contexto en que se declara nuestra emancipación.

Para 1816, el contexto internacional era sumamente complejo. España se había liberado de los franceses, el Rey Fernando VII había vuelto al trono y se predisponía a recuperar los territorios americanos que estaban en mano de los revolucionarios. El ejército realista comenzó a avanzar victoriosamente por toda la región derrotando a una parte de los movimientos independentistas americanos. El Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas en Sudamérica se reunió para decidir qué hacer ante la situación en San Miguel de Tucumán, para limar asperezas entre Buenos Aires y las provincias, cuyas relaciones estaban deterioradas. El Congreso funcionó en la casa de una importante familia local hoy convertida en Museo Casa Histórica de la Independencia.

Las sesiones del Congreso se iniciaron el 24 de marzo de 1816 con la presencia de 33 diputados de diferentes provincias de un territorio bien diferente a lo que hoy es Argentina. Mientras preparaba en Cuyo al Ejército que cruzaría Los Andes, San Martín se mostraba impaciente para que el Congreso reunido en Tucumán proclamara la Independencia. En una de las cartas que mantiene con uno de los congresales, el representante de Cuyo, Tomás Godoy Cruz, escribía: “¿Hasta cuándo esperamos para declarar la Independencia? ¿No le parece a usted una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener el pabellón y cucarda nacional, y por último hacer la guerra al soberano de quien en el día se cree dependemos?”.

Fue así cómo el 9 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán, integrado por representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, declaró la Independencia. Este hecho histórico determinó la ruptura definitiva de la dependencia política a la corona española completando así el proceso revolucionario que comenzó el 25 de mayo de 1810. Allí los diputados retomaron las relaciones rompiendo “los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España” para ser “una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli”. Agregando días después a esta declaración “y de toda otra dominación extranjera”, despejando cualquier especulación sobre el posible sometimiento al rey de Portugal. El documento resultante fue el “Acta de la Independencia de las Provincias Unidas en Sud-América”, que en apenas una carilla (publicada en español, quechua y aymará, con el fin de incorporar al proceso a los pueblos originarios) sentó las bases de nuestra soberanía.

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La Proclama, que es considerada el documento fundacional de nuestro país, indicaba además que “en obsequio del respeto que se debe a las naciones, detállense en un Manifiesto los gravísimos fundamentos impulsivos de esta solemne declaración”. Pero dicho documento no sería publicado durante las sesiones tucumanas, sino que tendría que esperar al cambio de locación. Fueron las noticias acerca de los avances del ejército realista sobre territorio salteño las que motivaron que el asunto del traslado se discutiera en el recinto legislativo. La conveniencia de la cercanía entre los poderes ejecutivo y legislativo para una resolución más expeditiva de distintas cuestiones, como así también la oportunidad de apuntalar la figura del Director, llevó al Congreso a decidir su traslado provisional a Buenos Aires en la sesión del 25 de septiembre de 1816.

Las sesiones del Congreso en Buenos Aires se inauguraron el 12 de mayo de 1817. Y sería el 25 de octubre del mismo año cuando se lanzaría el “Manifiesto que hace a las Naciones el Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, sobre el tratamiento y crueldades que han sufrido de los españoles, y motivado la declaración de su independencia”. El Manifiesto representó la opinión general del Congreso, no sólo porque fue aprobado, sino porque en la sesión del 29 de octubre se le hicieron varias adiciones que se juzgaron importantes. Por lo tanto, fueron varias las plumas que retocaron y perfeccionaron el transcendental documento.

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El texto funda su origen en la acusación por parte del Gobierno español “de rebelión, y de perfidia ante las demás Naciones, y denunciado como tal el famoso acto de emancipación” del 9 de Julio de 1816. No retoma así el pedido manifestado en el Acta, sino que se propone directamente refurtar las acusaciones de la corona. Para ello apela “a hechos, que forman un contraste lastimoso de nuestro sufrimiento con la opresión y sevicia de los españoles”, para demostrar “un abismo espantoso, que España abría a nuestros pies, y en que iban a precipitarse estas Provincias, sino se hubiera interpuesto el muro de su emancipación”.

Pasa así el Manifiesto a demostrar que “desde que los españoles se apoderaron de estos países, prefirieron el sistema de asegurar su dominación, exterminando, destruyendo, y degradando”, donde los habitantes del país “fueron víctimas del fuego y del fierro” y vieron extinguirse sus “poblaciones a las llamas, que fueron aplicadas sin piedad ni distinción por todas partes”. Pero además de dar testimonio de los ultrajes, destaca la impericia en la explotación de recursos naturales: “el arte de explotar los minerales mirado con abandono y apatía, ha quedado entre nosotros sin los progresos, que han tenido los demás en los siglos de la ilustración entre las Naciones cultas; así las minas más opulentas trabajadas casi a la brusca, han venido a  sepultarse, por haberse desplomado los cerros sobre sus bases, o por haberse inundado de agua las labores, y quedado abandonadas”.

Indica además que “la enseñanza de las ciencias era prohibida para nosotros”, que “el comercio fue siempre un monopolio exclusivo entre las manos de los comerciantes de la Península, y las de los consignatarios, que mandaban a América”, al tiempo que denuncia que “los empleos eran para los españoles”. Por otra parte, afirma que “nosotros no teníamos influencia alguna directa ni indirecta en nuestra legislación: ella se formaba en España, sin que se nos concediese el derecho de enviar procuradores para asistir a su formación, y representar lo conveniente como los tenían las Ciudades de España”. Un conjunto de acciones que demuestra, por lo tanto, que “todo lo disponía así la España para que prevaleciese en América la degradación de sus naturales”, puesto que “no le convenía que se formasen sabios, temerosa de que se desarrollasen genios, y talentos capaces de promover los intereses de su Patria, y hacer progresar rápidamente la civilización, las costumbres, y las disposiciones excelentes, de que están dotados sus hijos”. 

Sin embargo, ante la ocupación francesa de la península o el rechazo de las invasiones inglesas de 1806/1807 “no quisimos separarnos de España, creyendo que esta distinguida prueba de lealtad, mudaría Jos principios de la Corte, y le haria conocer sus verdaderos intereses”. Pero “España no recibió tan generosa demostración como una señal de benevolencia, sino como obligación debida, y rigorosa”, por lo que “la América continuo regida con la misma tirantez, y nuestros heroicos sacrificios sirvieron solamente para añadir algunas páginas a la historia de las injusticias que sufríamos”.

En la guerra de reconquista que intentó la Corona, no fueron menos los atropellos sufridos: “ellos han interpolado entre sus tropas a nuestros soldados prisioneros”, llevándose a los oficiales “a presidios donde es· imposible conservar un año la salud” o “han dejado morir de hambre y de miseria a otros”, como así también “han fusilado con jactancia a nuestros parlamentarios”. La larga descripción de atropellos lo lleva a destacar que “ellos no sólo han sido crueles e implacables en matar: se han despojado también de toda moralidad y decencia pública”, como cuando hicieron “azotar en las plazas religiosos ancianos, y mujeres amarradas a un cañón, habiéndolas primero desnudado con furor escandaloso y puesto a la vergüenza sus carnes”.

Momentos de barbarie, como cuando “en el nombre de Fernando de Borbón es que se hacen poner en los caminos cabezas de oficiales patriotas prisioneros; que nos han muerto a palos, y a pedradas a un Comandante de partidas ligeras; y que al Coronel Camargo, después de muerto también a palos por mano del indecente Centeno, le cortaron la cabeza, y se envió por presente al General Pezuela, participándole, que aquello era un, milagro de la Virgen del Carmen”.

Es por todo esto que “un torrente de males, y angustias semejantes es el que nos ha dado impulso, para tomar el único partido que quedaba”, puesto que de no haber declarado la independencia “nos habríamos atraído la execración de tantas generaciones venideras condenadas a servir a un amo, siempre dispuesto a maltratarlas, y que por su nulidad en el mar ha caído en absoluta impotencia de protegerlas contra las invasiones extranjeras”.

Como vemos, el Manifiesto da cuenta de las razones que impusieron un camino, y por lo tanto pone en tela de juicio la construcción historiográfica clásica de nuestra Independencia, donde nuestros próceres desearon la emancipación desde el 25 de mayo de 1810. Quizás esto pueda explicar un poco el ocultamiento de un documento tan trascendente, como así también las fuertes acusaciones vertidas contra la Corona Española, en tiempos donde primaba incrementar los lazos políticos y comerciales con España. Sin embargo, hoy nos permite el Manifiesto recuperar un contexto de enunciación que nos brinda una imagen más clara de un momento clave de nuestra historia. Algo fundamental para comprender nuestro pasado, pero especialmente para proyectar nuestro futuro.