Por: Paula Hansen
La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia fue creada por la Ley 26.061 como organismo especializado en materia de derechos de niñez y adolescencia. El Secretario Nacional de la SENAF, Dr. Gabriel Lerner, analiza la situación actual de las niñeces en Argentina y las múltiples líneas de trabajo que vienen fortaleciendo desde la cartera para garantizar el cumplimiento de sus derechos.
Revista Broquel: ¿Qué desafíos identificaron como prioritarios al inicio de esta gestión, en lo que concierne a la situación actual que atraviesan las niñeces en nuestro país?
Gabriel Lerner: Yo había sido Secretario de Niñez durante el gobierno de Cristina. Ya tenía una mirada de lo que había sido, con buena parte de los funcionarios de aquella gestión volvimos a la SENAF. Nuestra primera lectura era que durante el macrismo no había habido una destrucción del organismo y de las políticas, pero sí una pérdida de volumen y territorialidad. La SENAF había quedado circunscripta a dos o tres líneas de acción: le habían dado un poco de vuelo al Plan Nacional de Primera Infancia, algo al Plan ENIA (de prevención del embarazo no intencional en las adolescencias), y a algunas cosas más. El resto estaba prácticamente sin tareas. Había una idea muy acorde al pensamiento político de mirada neoliberal, de no actuar en lógica de construcción de un sistema de protección integral de las infancias. La mayoría de las políticas eran focalizadas y compensatorias: el abordaje sólo de las víctimas de la Ley Brisa (Ley 27.452), o solo la prevención de los embarazos precoces. Estaban muy debilitadas las líneas de fortalecimiento de las áreas de niñez de los 2200 municipios y de las provincias. Hicimos un esfuerzo muy grande para volver a darle a la Secretaría territorialidad y trabajo conjunto con las áreas de niñez provinciales y municipales, con las organizaciones especializadas en niñez que hay a lo largo del país.
Llegamos también en un contexto donde había retornado la agenda del hambre. Si bien la Secretaría no tiene políticas alimentarias, que sí tiene el ministerio de Desarrollo Social, en la época que estaba el ministro Arroyo tuvimos mucho que ver en la construcción de la tarjeta Alimentar, y en su despliegue en todo el país. Que se sigue sosteniendo al día de la fecha. Hoy, en la franja de 0 a 14 años, la prestación de la tarjeta Alimentar prácticamente iguala a la AUH. Las familias con chicas y chicos de 0 a 14 años están recibiendo una suerte de AUH duplicada por la prestación de la tarjeta, que antes se pagaba directamente desde el ministerio de Desarrollo Social y hoy desde ANSES. Buscamos fortalecer las áreas locales y provinciales de niñez y empezamos con líneas nuevas, como el área de comunicación, la línea del Programa Nacional del Derecho al Juego “JUGAR” y del “Participamos” (Programa nacional de derecho a la participación ciudadana de niñas, niños y adolescentes). Tratar de que los pibes y pibas puedan llegar con sus inquietudes a los principales decisores políticos era un desafío que traíamos antes de llegar a la gestión. Incorporamos transversalmente no solo la participación sino también la prevención de la violencia, trabajo que ahora se va a ampliar con la Ley 27.709 de creación del plan federal de capacitación sobre derechos de niñas, niños y adolescentes (más conocida como Ley Lucio), que pone en cabeza de la Secretaría la capacitación obligatoria para todas las áreas del Estado nacional, y de adherir de las provincias y organizaciones, en la prevención y abordaje de las violencias.
RB: ¿En qué líneas de acción se encuentran trabajando actualmente desde el organismo?
GL: La Secretaría tiene una diversidad de políticas vinculadas con la promoción de derechos y la prevención de vulneraciones. Hay políticas de primera infancia, una red de más de 2400 centros de desarrollo infantil de todo el país a los que se acompaña con asistencia técnica y presupuestaria; el programa nacional Primeros Años, de promoción de la crianza con derechos en las comunidades y en los territorios; las acciones vinculadas con la prevención y erradicación del trabajo infantil; líneas de trabajo vinculadas con la prevención y el abordaje de las violencias contra niños, niñas y adolescentes.
En el campo de políticas vinculadas con la protección o restitución de derechos, hay un área que trabaja temas de trata, de personas en general y de niños y niñas en particular, y otra de políticas para niñas y niños sin cuidados parentales (que son quienes fueron separados del medio familiar), con intervención de organismos de niñez de todo el país y de los juzgados. Hoy hay unos 9500 chicos y chicas separados del núcleo familiar (cifra que fue bajando desde la sanción de la Ley 26.061). También trabajamos en políticas de desinstitucionalización, de fortalecimiento de las capacidades familiares para el cuidado de los niños y las niñas. Lanzamos recientemente el programa AUNAR Familias, para alentar que cuando se adopte una medida de separación de niñas, niños o adolescentes de su familia nuclear, el Estado Nacional brinde un apoyo para que la familia extensa pueda hacerse cargo del cuidado del niño, niña y/o adolescentes y que no vaya ni a una familia de acogimiento ni a instituciones.
Estamos por publicar los datos de un primer censo de hogares y residencias en todo el país. 8500 chicos más o menos están alojados en 605 hogares y residencias, y otros 1000 en familias de acogimiento/tránsito. Se trabaja en las políticas de chicos y chicas sin cuidados parentales (protocolos, seguimiento y acompañamientos a las provincias para mejorar los programas), y en la línea 102 de escucha a niñas, niños y adolescentes, que son líneas provinciales. Al inicio de la gestión había 17 provincias que tenían la línea, y no todas funcionaban las 24hs, los 365 días, ni tenían la tecnología necesaria. Hoy las 24 jurisdicciones tienen convenio con la Secretaría y tienen la línea 102.
Otra línea programática muy importante es el Programa de Acompañamiento para el Egreso (PAE). Cuando un niño, niña o adolescente es separado del núcleo familiar, la prioridad es que retorne a la familia de origen. En el 45% de los casos chicas y chicos retornan, porque se removieron los factores que determinaron su separación del núcleo familiar. Del resto, una parte queda al cuidado de la familia extensa, con el marco legal de la guarda o de la tutela. Con otra parte, hay declaración de estado de adoptabilidad, a través del mecanismo que prevé el Nuevo Código Civil y Comercial. Cuando no se consigue una familia, o no quieren ir en adopción, se trabaja el cuidado hasta la autonomía y la mayoría de edad. Tras su incorporación en el PAE, se les asigna, con su participación, un referente adulto que los ayude a ir armando un proyecto de vida autónoma. Puede ser trabajador/a del hogar, un referente del área de niñez, preceptor/a, hermano/a mayor, algún referente afectivo, que es capacitado para desarrollar esa tarea. A partir de los 18 años, además de seguir con la/el referente, se les otorga un subsidio mensual equivalente al 80% del salario mínimo, vital y móvil. Hoy 2200 pibes y pibas lo cobran, cuando llegamos a la gestión eran 200, prácticamente hemos logrado universalizarla. Otra medida nueva importante es que hasta ahora había dificultades en el cobro de la AUH de los pibes y pibas sin cuidados parentales, porque la asignación está diseñada legalmente para que haya un progenitor perceptor, no había previsto un mecanismo. A instancias de la Secretaría Nacional, el presidente de la Nación dictó el decreto 5/2023 y ya firmamos el convenio con ANSES. Estamos firmando convenios con las 24 provincias para que, de aquí a un tiempo, el 100% de los pibes y pibas que están separados del medio familiar, a través de un referente que se designa, puedan percibir la AUH.
Por otra parte, la Ley Brisa de reparación económica para niños, niñas y adolescentes, otorga un subsidio que perciben mensualmente desde el momento en que se produjo el hecho en que perdieron su mamá o su papá en contextos de femicidio, o de violencia intrafamiliar y/o de género. Es decir, en caso que haya un homicidio que es un femicidio o que fue en contexto de violencia intrafamiliar la persona menor de edad tiene derecho a percibir hasta los 21 años de edad el 75% de un salario mínimo vital y móvil. Para fortalecer las áreas de niñez también trabajamos en el Registro Único Nominal (RUN), un soporte digital y acompañamiento de la SENAF, fortaleciendo no sólo el uso del software sino también las capacidades del hardware. Equipando a los equipos de todo el país para que, con una matriz similar, las áreas de niñez vayan cargando sus intervenciones en este registro único. Esto nos ha permitido empezar a tener reportes nacionales. Hoy sabemos cuánto tiempo promedio dura una medida excepcional en el país, en cuántos casos se finaliza con la medida excepcional, qué destino, si es el retorno a la familia de origen, las causas que determinan la separación de los niños, niñas y adolescentes del medio familiar, etc.
Tenemos una amplia batería de capacitaciones con acuerdos con universidades nacionales, mayoritariamente, dos especializaciones en curso para profesionales de todo el país, diplomaturas, etc. Hay una política nueva e importante de comunicación. Antes no teníamos instrumentos digitales, hoy la SENAF tiene Facebook, Instagram, Youtube, un campus virtual, una landing de la línea 102, una landing del Programa Nacional de Prevención del Grooming “Clic Derechos”. Tenemos bastante llegada a las redes en el territorio, mucho uso del campus virtual. Todas las competencias que tienen que ver con la protección especial, niñas y niños con sus derechos vulnerados, con intervención de las áreas de niñez de las provincias, y las políticas para adolescentes infractores, son discutidas y consensuadas en el Consejo Federal de Niñez. En algunos casos la Secretaría define líneas de trabajo directas al territorio, pero en todas las competencias que las provincias han retenido por las leyes, por ejemplo, la separación de un niño/a del medio familiar, el abordaje de infractores, se consensúa en el Consejo Federal de Niñez. Ya han pasado 46 sesiones. Ahora en la última, en marzo 2023, tratamos los contenidos básicos para la implementación del plan federal de capacitación previsto en la ley 27709 (conocida como Ley Lucio). Tenemos algunos acuerdos para la reglamentación e implementación del plan.
RB: Respecto a la recientemente sancionada Ley Lucio, ¿cuáles son los aspectos claves de la norma? ¿Qué transformaciones se apuesta a que este instrumento jurídico motorice, y cómo vienen trabajando desde la SENAF en tanto autoridad de aplicación?
GL: Estamos bastante avanzados. Como el texto de la cámara de diputados se aprobó por unanimidad, sabíamos que en el Senado iba a ser aprobado ese mismo texto. Eso nos permitió un trabajo previo. La ley, si bien habla de capacitación de los derechos en general, está muy marcada por un mandato -que creo más que legítimo- de la sociedad a través de la política, de encontrar caminos más eficaces para prevenir las violencias y los abusos contra niños, niñas y adolescentes. De intervenir más rápidamente y con mayor eficacia, para tratar de reducir situaciones como las del niño Lucio Dupuy que, de alguna manera, es la punta más horrenda del iceberg, pero que es parte de una cultura de la violencia contra los niños y las niñas. Que tiene manifestaciones extremas, pero que todos en algún nivel naturalizamos de una manera que no debiera ser. Todos nos sentimos conmovidos por la manera en que perdió la vida, y lo que se hizo de la vida de ese niño, pero eso no está completamente separado del maltrato psicológico, del maltrato cotidiano que el mundo adulto -o buena parte de él- propina respecto de los niños y niñas. Probablemente no en situaciones tan graves, pero que naturalizan un piso alto de violencias contra niños y niñas.
La ley tiene una doble línea de intervención, reconoce dos escenarios que deben ser abordados. Por un lado, modificar las prácticas de educación y disciplina violenta contra niños y niñas. Fundamentalmente, con campañas de sensibilización sostenidas en el tiempo, destinadas a las familias y a las comunidades. Por otra parte, establece un mecanismo de capacitación obligatoria para las y los trabajadores del Estado, que aspira a ser extendida a organizaciones y a los Estados provinciales y municipales para lograr una mayor detección temprana de situaciones de alerta que nos pueden indicar cuándo hay una situación de abuso o maltrato. Saber cómo ese empleado de Anses, enfermera del Hospital Garrahan, o docente de una sala de primera infancia, puede detectar situaciones. Qué hace con ese conocimiento que tiene al detectarlas, dónde consulta, dónde denuncia, qué procedimientos, qué circuitos. Hemos tenido una discusión profunda en el Consejo Federal de Niñez de marzo, estamos elaborando algunos materiales que vamos a trabajar sobre todo con nuestra ministra de Desarrollo Social para empezar con las campañas de sensibilización, y estamos trabajando para poner en marcha el plan federal de capacitación.
Hicimos una ronda de consultas con el Consejo Federal de Niñez, UNICEF, tres universidades nacionales (la UNER, la UNLP y la UBA), con los dos gremios de trabajadores del Estado Nacional (porque la capacitación va a ser obligatoria para los trabajadores del Estado Nacional), con el Instituto Nacional de la Administración Pública, con la Defensora de niños, niñas y adolescentes y con algunas organizaciones. Estamos ya elaborando el Plan Federal y trabajando la reglamentación. Si bien teníamos 180 días para presentar el Plan Federal de Capacitación, decidimos iniciar por un capítulo que brinde de manera directa la Secretaría, con una serie de cursos autoadministrados, que nos permita a más tardar en agosto empezar con esas capacitaciones, que después van a estar complementadas con otras presenciales. Centradas en lo que decía antes: por qué todos y todas tenemos la obligación, por qué hay un deber de corresponsabilidad legal y ético de todos los actores vinculados a las políticas públicas destinadas a los pibes y pibas a intervenir si hay situaciones de abusos, maltratos, violencias, cómo se debe intervenir, qué marco legal regula esto, cuáles son los recursos en cada provincia, etc.
RB: ¿Cómo se piensa desde la Secretaría la participación de niñas, niños y adolescentes? ¿Qué demandas emergen en esos intercambios?
GL: Llegamos a la gestión con una idea de que era hora de ampliar el impacto de las voces de los pibes y las pibas en las políticas públicas. Teniendo la base que, a diferencia de otras culturas en otros países, en Argentina los pibes y las pibas tienen muchas voces. Hablan mucho en la escuela, en los barrios, en los clubes, en sus familias. Les dimos incluso la posibilidad y el derecho a votar a los 16 y 17 años, pero tienen poca incidencia en lo que pasa en la escuela, en qué hace o no la SENAF, en las políticas públicas que les destinamos a ellos/as, en las políticas de prevención y abordaje de los consumos problemáticos, en la inclusión educativa, en temas de violencias. Entendimos que había que empezar a abrir cauces institucionales no formales. No sentar a un pibe a disfrazarlo de diputado o concejal, sino generar espacios en los que se sientan cómodos y donde haya una escucha preparada y atenta para tratar de incorporar insumos a nuestra política pública.
Generamos una línea muy fuerte de promoción de la participación ciudadana de niños, niñas y adolescentes. Cuando hablamos de participación ciudadana, hablamos de generar cauces institucionales y agendas para que la voz de los niños, niñas y adolescentes tenga más impacto en la política pública. A partir de ello creamos un programa que se llama “Participamos”. Tenemos convenios con todas las provincias y varios municipios. Creamos el primer Consejo Consultivo de Adolescentes. Nos asesora, nos interpela, ya va por su segunda conformación. El viernes estuvimos en Santa Cruz acompañando a la provincia en la puesta en funcionamiento de su propio consejo consultivo de adolescentes, que como debut tuvo un diálogo con la gobernadora de la provincia. Ni bien llegamos a la gestión empezamos a invitar a grupos de adolescentes que están organizados a dialogar con nosotros. Fuimos al encuentro de Francesco Tonucci, pedagogo italiano muy prestigioso en el tema de la promoción de la voz de los niños y niñas. Trabajamos con adolescentes y con la red de municipios adheridos en Argentina a la Ciudad de los Niños. Establecimos un vínculo y empezamos a dialogar por soporte virtual. A los 10 días del aislamiento (por la pandemia por COVID en 2020) ya escuchamos que era una exigencia unánime tanto de adolescentes como de chicas y chicos pequeños, que la conectividad fuese un derecho. Nos decían: “nosotros no podemos seguir nuestra vida de relación, no podemos sostener la escolaridad ni nada si hay un solo teléfono por casa, si no hay datos”. Después eso se plasmó. Los pibes y pibas pusieron en la agenda buena parte de lo que llevó al decreto que no se pudo aplicar por inconstitucionalidad del poder judicial, de que la telefonía, el internet y la televisión por cable fueran servicios públicos.
También escuchamos un montón de críticas que siguen allí, todavía un poco silenciadas, de su relación con el sistema educativo. En particular adolescentes, pidiendo una escuela más inclusiva, que se amolde más a sus propias necesidades, donde no haya una desigualdad tan fuerte del mundo adulto poniendo el estilo de trabajo, las formas. El reclamo de la ESI sigue vigente en los pibes de manera muy fuerte. Que es formal, que no hay debate, que en algunos casos los docentes no quieren darla. Ahí hay un tema a resolver. Cuando abrís la participación a los pibes y pibas te lo plantean permanentemente y por ahí en el mundo adulto es un tema que no tiene mucho lugar.
RB: ¿Qué estrategias se dan para promover que quienes tienen a su cargo tareas de diseño y/o implementación de políticas públicas, lo hagan con una escucha atenta de las voces de niñas, niños y adolescentes, disponibles a generar espacios de participación?
GL: Cuando viene un proyecto de algún lugar nosotros preguntamos si hubo participación de pibes y pibas en armar el proyecto, o es alguna idea de ellos. No le imponemos a ninguna provincia ni municipio que adopte la forma de participación que generamos. Cada uno elige el cauce que quiere, pero acompañamos técnicamente y con recursos presupuestarios cuando un municipio o alguna provincia quiere abrir algún cauce de protagonismo infantil o adolescente, para que las autoridades tomen en cuenta lo que ellas y ellos proponen.
Tratamos de que las áreas de niñez y los que interactúan con nosotros le presten atención a las voces de los chicos. Paka Paka tiene ahora un Comité de Niños. El ministro Alberto Sileoni armó en el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires un Consejo de adolescentes y jóvenes. En la dirección de salud para jóvenes y adolescentes del Ministerio de Salud de la Nación, hay un comité de adolescentes y jóvenes que también los interpela, discuten derechos sexuales y reproductivos. La defensora de niños, niñas y adolescentes, Marisa Graham, tiene una forma diferente, se llama Adolescentes Promotores de Derechos y de alguna manera también es un cauce de ida y vuelta donde la Defensoría lleva pero también recibe demandas de pibes y pibas. La Secretaria de Comercio nos pidió asesoramiento hace un año y ya salió la resolución para habilitar a que los pibes y pibas puedan ser sujetos de derechos en los conflictos por consumo. Se están abriendo más cauces de participación y es un avance importante porque, en particular en las adolescencias, si las políticas públicas no incluyen sus voces, es imposible revertir ese sesgo, esa tendencia a la demonización y a construir políticas siempre sospechándolos.
RB: Ante coberturas mediáticas sobre adolescentes en conflicto con la ley penal, suelen emerger voces reclamando una reforma del régimen penal juvenil, centrando la discusión en la baja de la edad de punibilidad. ¿Cuál es su mirada respecto a la ley actual? ¿Qué dimensiones es indispensable contemplar para avanzar en un régimen penal juvenil que se adecúe a los estándares del derecho nacional e internacional?
GL: Rige la ley 22.278, norma que aprobó la dictadura militar. Después tuvo reformas en democracia, el legislador reformó algunas cosas en la década del 90, pero no la revisó completamente. Es una ley que no recepta los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, se contrapone con el paradigma de derechos humanos. Frente a esta ley hay dos miradas. En el campo de las infancias en general (quienes trabajan con niñas y niños en organizaciones, curas villeros, movimientos sociales, gente que trabaja en un club de barrio, áreas de niñez locales, provinciales, investigadores del campo de las infancias), te van a decir que esa ley debería tener un menú de sanciones, teniendo en cuenta que el destinatario va a ser un adolescente. La ley prevé la posibilidad de aplicar sanciones muy similares a las de las personas adultas, con alguna reducción de pena, pero cuya naturaleza es la privación de libertad. Esto ha llevado a la Argentina a ser condenada incluso en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, por tener condenas a prisión perpetua. Adolescentes a los que, habiendo cometido delitos muy graves, se les aplicó prisión perpetua por un delito que cometieron a los 16 o 17 años. Te van a plantear que tienen que reducirse las penas y modificarse para que tengan, como la Convención plantea, una perspectiva socioeducativa, de aliento al respeto de los derechos humanos y no una punitivista, retribucionista, draconiana.
Una segunda cuestión es que la ley vigente habilita al juez penal a adoptar medidas tutelares o cautelares, protectivas, y ese es un campo que la ley 26.061 pone en cabeza de los organismos de niñez. Si hay intervención judicial tiene que ser de las y los jueces de familia. Si un juez penal con competencia tiene que investigar un hecho, no debería poder adoptar una medida en nombre de la protección, debería delegarlo en el área de niñez. Hay una tasa pequeña pero no despreciable de adolescentes no punibles (de 13, 14, 15 años), que tienen medidas privativas de la libertad otorgadas por un juez con competencia penal, invocando la protección de ese adolescente. Eso no debiera suceder y la ley lo habilita, aunque en algunas jurisdicciones se declarara inconstitucional la medida de privación de la libertad de un adolescente no punible. Es necesario despejar todo lo que sea medidas de protección ejecutadas o definidas por jueces penales.
También van a plantear que las soluciones de justicia restaurativa de mediaciones sean la vía principal, y la de aplicación de sanciones sea subsidiaria. Este es un principio de la Convención, el principio de menor intervención penal posible, aunque se trate de la comisión de un delito. Es mejor buscar un acuerdo en la comunidad, alguna tarea comunitaria, hacer un curso, establecer un vínculo con la víctima. No aplicar desde el Estado sanciones. Exigiríamos, además, si pudiéramos diseñar la ley penal desde una perspectiva más de niñez, que las penas que se apliquen tengan una revisión constante. Un chico o chica de 16 años, al cometer un delito, no es la misma persona que dos o tres años después. Muchas veces ha constituido familia, tiene hijos. Es otro momento en su relación en la comunidad. Casi todas las leyes buenas de otros países establecen una obligatoriedad del juez de una revisión anual de la pena para ver la evolución del adolescente, en algunos casos directamente se suspende la aplicación de la pena por su evolución. Todo esto no está en la ley vigente.
Curiosa o paradójicamente, las demandas que llegan al Congreso no contemplan ninguna de estas consideraciones. En general, se posan en bajar la edad de punibilidad. Y ahí es bastante interesante, porque se suele plantear que este es un problema de derecha versus miradas populares de izquierda, progresistas y, en algún sentido es así, pero también sucede que quienes adhieren a la idea de bajar la edad de punibilidad muchas veces no comparten un pensamiento necesariamente autoritario o de derecha en general. No hablo de los actores que los protagonizan, sino de los que lo alientan, los que adhieren. Eso tiene que ver justamente por no escuchar a los que trabajan con pibas y pibes. Es muy difícil que alguien te plantee en un barrio que la solución para un pibe de 14 o 15 que está cometiendo delitos, sea el encierro. En general, todo el mundo entiende que ahí lo que hace falta es o mayor acompañamiento familiar o más programas de abordaje de consumos problemáticos, o escuela más abierta y más inclusiva para que ese pibe se pueda incluir, o más acceso a programas que le permitan incluirse laboralmente. En general, los que trabajan con pibes y pibas no piden más mano dura.
Por otra parte, yendo a la realidad del campo del delito en Argentina, hay muy pocas estadísticas, pero hay una muy importante de la Provincia de Buenos Aires. Desde el año 2007 la Provincia tiene en su página web una estadística que se mantiene con la misma matriz, donde informa las causas que se abren anualmente por delito, por jurisdicción y también diferenciando las que tienen por imputado a menores y mayores de edad. Lejos de lo que el sentido común cree, es notorio como desde el 2007 al 2022 la curva de apertura de causas penales a personas menores de 18 tiende a descender. Hoy, por cada 100 imputados adultos, hay 3 imputados menores de edad. Esa relación era del doble en el año 2007. Esto es estadística que no discute nadie. En el medio pasaron gobiernos, pasó un gobierno peronista, vino el macrismo. El fiscal general de la Provincia de Buenos Aires es Conte-Grand, que es el fiscal que dejó el macrismo. Y esto no se modificó. Es una matriz absolutamente técnica, no un tema de interpretación que pueda tener un sesgo ideológico.
Lamentablemente en el campo mediático perdemos la batalla, hay una convicción de que hay un incremento sostenido del delito adolescente, en particular en la Provincia de Buenos Aires. Eso no se verifica en las estadísticas que generan las propias policías con el Ministerio Público Fiscal. ¿Qué quiero decir con esto? El cambio de la ley no tendría, ni endureciéndola ni haciéndola más vinculada a los derechos humanos, ningún impacto relevante en el escenario general de la inseguridad. Es ilusorio imaginar que cambiando la ley penal juvenil vas a cambiar eso, porque la incidencia del delito adolescente en la masa de los delitos es muy pequeña. El enfoque tiene que estar en cuál es el abordaje para ese chico o chica que está caminando por un callejón en el que va a terminar estrellándose o haciendo mucho daño a la comunidad, en un camino eficaz para que pueda construir un proyecto de vida que le permita desarrollarse. No es la ley penal la que va a resolver eso, sino otra batería de políticas públicas.
Por el momento hay un empate un poco perverso. Si debiera calificar la ley vigente de 1 a 10, le pondría un 2. Pero, al mismo tiempo, cada vez que llega el debate al Congreso, llega para convertir la misma ley en un 1. El último intento de reforma a la ley penal para adolescentes lo hizo el macrismo en el año 2019. Generalmente la derecha plantea este tema para las elecciones, en años impares aparecen los proyectos para bajar la edad de punibilidad. A mí me tocó ir a exponer al Congreso sobre estos temas, y el macrismo nos planteaba un proyecto de ley que habilitaba aplicar las penas que se aplican a adultos(en función de los tiempos de Blumberg y cuando hay un concurso real de varios delitos), que permiten aplicar hasta cincuenta años de prisión a delitos cometidos por pibes a los 16 años. Los temas que yo mencionaba que el campo de la infancia requiere, en general estaban abordados de manera secundaria. Es un empate perverso porque los que trabajamos por los derechos de los pibes y las pibas preferimos muchas veces no llegar al Congreso, aunque uno quisiera modificar todo esto, porque se abre la puerta a que pase algo peor que lo vigente. Es lo que sucede cada vez que la derecha logra poner en agenda en el Congreso el tema de la Ley Penal Juvenil.
RB: ¿Identifica cambios que impliquen una mejoría en el abordaje mediático sobre temáticas relativas a niñas, niños y adolescentes? ¿Cuáles?
GL: Tengo 30 años de militancia, estudio, litigio, ser funcionario en este campo y, para mí, progresivamente, el tratamiento mediático en relación a los chicos y las chicas, ha tendido a mejorar. En términos generales. Yo empecé a militar en la Correpi en el año 93’ y, cada vez que mataban a un pibe, decían “muere un adolescente en un tiroteo”. Hoy vos encontrás más periodistas que, cuando la policía mata a un pibe, antes de poner ese título van, se fijan y tratan de investigar. Esto no quiere decir que haya un mayor compromiso de las empresas periodísticas con los derechos de los chicos y las chicas, pero sí más sensibilidad. Más capacitación en general, para las y los periodistas en las redacciones. Algunas veces hay tendencia al amarillismo, por ejemplo con los delitos cometidos por adolescentes. Ahí los debates no son buenos. Con la adopción es otro de los temas donde hay bastante amarillismo, pero creo que ahí hay un problema de desconocimiento.
RB: ¿Cuál es la situación actual de las políticas destinadas a promover procesos respetuosos de adopción?
GL: Herramientas como el Registro Único Nominal, los relevamientos periódicos de niños sin cuidados parentales, más el trabajo que viene haciendo el Ministerio de Justicia de la Nación en el Registro Único de Aspirantes para Adopción (RUAGA), nos permitieron durante estos años construir mucha información. Hoy sabemos en dónde están los 2200 y pico de chicos y chicas que tienen declaración de estado de adoptabilidad. Sabemos sus edades, cuántos tienen un certificado único de discapacidad. Cómo es ese universo de pibes y pibas que esperan.
El Ministerio de Justicia también sabe con qué niños y niñas quieren encontrarse las personas individuales o parejas que quieren adoptar. Hay 2800 inscriptos en el Registro Único de los 24 registros nacionales. Y los chicos/as que esperan, la mayoría tienen más de 3 o 4 años, son grupos de hermanos, y tienen discapacidad o alguna patología crónica. De los 2800, la inmensa mayoría quiere adoptar un bebé sano y sin grupos de hermanos. Esto no es una valoración negativa respecto de esa gente, pero venimos trabajando en ampliar la disponibilidad adoptiva. Verse iniciando la maternidad o la paternidad no necesariamente dando una mamadera, sino planchando un guardapolvo para ir a la escuela. Estamos trabajando en eso en redes, al igual que algunas organizaciones, y un grupo de familias que han ido adoptando chicos y chicas más grandes y hacen una campaña muy interesante en Twitter en particular, con el hashtag #AdoptenNiñesGrandes. Algunos resultados están dando. Está subiendo la cantidad, de a poco, de sentencias de adopción al año. No porque haya más niños o niñas en estado de adoptabilidad, sino porque hay más familias dispuestas a una adopción con una mirada un poco más amplia. Mi opinión es que la irrupción de nuevos actores, en particular la diversidad sexual, está ayudando a modificar eso. En general, varones o mujeres individuales, o en parejas de la diversidad, van al encuentro de un niño, niña o un adolescente, con un poco más de amplitud.
En Argentina es muy fuerte la cultura de que papás y mamás solemos cuidar y criar a los niños y niñas que traemos al mundo. La cantidad de niños y niñas pequeños, sanos, con resolución de declaración de estado de adoptabilidad son muy pocas. Nunca va a alcanzar a satisfacer las expectativas de todas esas familias. El Estado tiene la obligación de buscar padres y/o madres a estos niños, no tiene la obligación de asegurarles niños o niñas a éstos. Entonces, o hacemos dialogar a estas dos poblaciones o esos niños, niñas y adolescentes van a seguir esperando siempre y estos papás y/o mamás también. Estamos trabajando en eso y hay también buena recepción mediática para tratar mejor estos temas.
RB: Recientemente se realizó en la ex ESMA la 35° reunión de la Comisión Permanente Iniciativa Niñ@Sur, ¿en qué consiste esa iniciativa y cómo resultó la experiencia?
GL: En el marco de la Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos del MERCOSUR (RAADH), hay una comisión permanente que trabaja temas del derecho del niño. La iniciativa Niñ@Sur funciona desde aproximadamente el 2005. La presidencia pro tempore del Mercosur cambia cada seis meses, y la RAADH tiene sesiones cada seis meses también. Nos ha costado, desde la creación de esa comisión, hacer cuestiones que sean operativas. Sí es un ámbito muy rico de intercambio de experiencias, y algunos acuerdos conceptuales, políticos, que van ayudando a actualizar la agenda. Además, hay un organismo de la OEA, el Instituto Interamericano del Niño, que sí funciona de manera más estable, con sede en Uruguay, hace capacitaciones. Ahí si se logran acuerdos más operativos.
En esta reunión aparece muy fuertemente una agenda que parecía ya sólida, y que se puso en tela de juicio durante el gobierno de Bolsonaro y alguna influencia en otros países de la región. Volvimos a discutir sobre la Educación Sexual Integral (ESI), que en Brasil había sido combatida por Bolsonaro. También hubo un retroceso en Chile. Volvimos a los temas de la violencia. Aparece más claro la importancia de los entornos digitales para la prevención y el abordaje de las violencias. Nosotros estamos tratando de que las áreas de niñez de todo el país se especialicen en Grooming (delito en el que una persona por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contacta a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma) y otras violencias en los entornos digitales. Aparecen cada vez más voces de pibes y pibas denunciando amenazas y vulneraciones de derechos que suceden en el entorno digital y que, además, en algunos casos se pueden proyectar hacia el escenario de la realidad material.
Aparece muy fuerte el tema de salud mental en adolescentes, y no solamente consumos problemáticos. Hace 10 años, vos decías ‘salud mental en adolescentes’ y todo el mundo decía ‘consumos problemáticos’. Hoy aparece una agenda vinculada a temas de salud mental, depresiones, dificultades de deserción educativa a partir de padecimientos no vinculados a consumos problemáticos, que deben tener que ver con la pandemia y probablemente también con algunas tendencias al aislamiento de los niños y niñas a partir de los vínculos solamente en entornos digitales. Menos cercanías y probablemente, vínculos donde no se pueden trabajar algunos temas con amigos y con compañeros/as que se podían trabajar en la presencialidad. Trabajamos también el tema de la participación ciudadana. Tanto en las sesiones del Instituto Interamericano del Niño como en la iniciativa Niñ@sur del Mercosur, participan adolescentes. Cuando se discuten algunos temas de fondo, hay una red de adolescentes de distintos países, que tiene que ver con la crianza, SURCA, que tiene lugar para participar en la comisión Niños Sur y en el Instituto Interamericano del Niño. Nosotros la integramos a partir del Consejo Consultivo Adolescente de la SENAF, que tiene representación en la Red.
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