Las Universidades Públicas preparamos a las abogadas y a los abogados, a docentes e investigadores para que aporten decididamente al desarrollo institucional de nuestra República en clave federal.
Por: Mario Villegas*
Imagen: Sin Título, Pintura de Jorge Pirozzi, 1983. Museo Nacional de Bellas Artes
Las Universidades Públicas representan, en el mundo moderno, el espacio del conocimiento científico, el saber y la cultura de los pueblos, vinculada siempre a la evolución política de los Estados y de las sociedades. Obvia decir que su primaria misión es transmitir y generar ciencia, pero esta tarea se realiza pensando críticamente la formación de ciudadanos comprometidos con la solución de los problemas políticos, sociales, económicos, ambientales y de temáticas universales que hacen a la dignidad humana y al progreso de las comunidades a las cuales pertenecen.
Esta mirada sobre la Universidad Pública como un centro de saberes y de vínculos con las demandas de la sociedad y del Estado, independiente y autónoma de los Gobiernos, pretende, sin agotar la temática ni hacer un desarrollo exhaustivo, poner en relevancia la importancia que tiene el desarrollo del conocimiento en el derecho y su aporte a la modernización y federalización de las políticas públicas vinculadas a los operadores jurídicos y, en particular, a la Abogacía del Estado.
En este sentido, desde las Universidades Públicas preparamos a las abogadas y a los abogados, a docentes e investigadores para que aporten decididamente al desarrollo institucional de nuestra República en clave federal. Todas las democracias desarrolladas en el mundo cuentan con sistemas jurídicos que garantizan un Estado de calidad, independientemente de su tamaño o del volumen de sus intervenciones públicas, con un sistema fiscal justo, comprensible y capaz de financiar adecuadamente las políticas públicas que garantizan derechos, con previsibilidad presupuestaria, inversión pública, extensión y calidad de la infraestructura y de la conectividad, renovada oferta de bienes públicos de calidad y buenos servicios estatales, mayores niveles de seguridad jurídica, mejora en la calidad de las instituciones de la República y del servicio de Justicia, y una fuerte apuesta al diálogo democrático para construir una sociedad justa.
El derecho que estudiamos, investigamos y potenciamos en las Universidades Públicas tiene mucho que aportar al desarrollo económico federal, ya que las sociedades avanzadas cuentan con sistemas jurídicos como soporte a la estabilidad económica, al crecimiento del sistema productivo y financiero, a la competencia y la innovación de los factores económicos. Sirve para el desarrollo de los negocios, para garantizar que se pueda producir mas y mejor, integrando más personas, preservando el ambiente, diversificando mercados, priorizando al consumidor y a al usuario, poniendo en claro las condiciones jurídicas básicas para que los ciudadanos puedan progresar, para que las empresas puedan expandirse y para generar oportunidades de crecimiento real a lo largo de toda nuestra geografía.
Ese mismo derecho transmitido y generado en la Universidad Pública también tiene mucho que aportar en una nueva cultura del desarrollo social de todos los habitantes de este país con un sistema jurídico federal que siente las bases de un proceso de ciudadanía inclusiva, erradicando la pobreza, mitigando las desigualdades, haciendo posible una cultura de derechos humanos, con trabajo digno y equidad social, con protección de los débiles y desposeídos, con ampliación del acceso a los bienes sociales garantes de la igualdad de oportunidades, con libertad para el desarrollo autónomo de las personas según el plan de vida que elijan, con igualdad y paridad de género, en definitiva, con progreso y bienestar individual y colectivo que solo es posible en un Estado de Derecho republicano, democrático, justo y en paz.
Para cumplir con estos aportes, las Universidades Públicas estamos asumiendo el desafío de acreditar la calidad de las carreras de Abogacía. Para ello, estamos repensando la enseñanza del derecho, la práctica profesional y los vínculos con las instituciones estratégicas para asumir con responsabilidad las demandas de la sociedad y del Estado, como así también el destino profesional de nuestros graduados. Por ejemplo, en la región NEA, nuestros relevamientos del Observatorio de los Graduados indican la necesidad de fortalecer la formación en el área del derecho público ya que casi la mitad de las abogadas y los abogados de la Universidad Nacional del Nordeste trabajan en áreas estatales, principalmente en el Poder Judicial (magistrados, funcionarios y empleados judiciales) y en el Poder Ejecutivo en los diferentes niveles federales. Así, los nuevos planes de estudios aumentaron las cargas horarias y contenidos en las disciplinas jurídicas publicistas con una mirada crítica y científica sobre la importancia del rol del Estado y su defensa técnica, así como también en el diseño jurídico de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, en un contexto académico marcado por la presencia de 12.500 estudiantes de grado y cerca de 850 graduados anuales, muchos de los cuales luego siguen las Especializaciones en Derecho Administrativo y en Finanzas Públicas de nuestra Facultad.
En este contexto, nuestra Universidad Pública tiene acuerdos con las Fiscalías de Estado de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones para que los estudiantes avanzados realicen sus prácticas profesionales en los organismos públicos vinculados con la Abogacía del Estado, de la que participan más de 600 alumnos a lo largo del año, entre los que quiero destacar a los que provienen de las comunidades indígenas de nuestra región que estudian en la Unidad Académica, lo cual no solo es una reivindicación para nuestros pueblos originarios sino un acto de estricta justicia que realizamos desde las instituciones púbicas educativas. Actualmente estamos trabajando junto con la Procuración del Tesoro de la Nación en la federalización de formación de la Abogacía Pública, con una agenda propia de acuerdo con las temáticas particulares de la región NEA, que no impulsen a mejorar la especialización de las abogadas y de los abogados que trabajan para el Estado Federal, Provincial y Municipal.
Estamos convencidos que la mejor forma de responder a las demandas de la sociedad por la vigencia de los derechos y por una repuesta moderna, rápida y transparente por parte del Estado se hace con la profesionalización de sus cuadros técnicos y la visión hacia futuro de sus funcionarios. Por nuestra parte, las Universidades Públicas tenemos el desafío de solucionar inteligentemente los problemas pedagógicos de la enseñanza práctica del derecho y del compromiso social de nuestra carrera con los aportes que debemos hacer para mejorar la calidad institucional y el pleno desarrollo económico y social. Pero también tenemos la responsabilidad de resolver un problema político que se vincula con la capacitación de los profesionales del derecho: el de formar abogadas y abogados, juezas y jueces, funcionarios y funcionarias, mujeres y hombres del derecho con responsabilidades políticas, y ciudadanos y ciudadanas para la democracia constitucional que exige una sociedad más libre, justa e igualitaria.
*Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste. Abogado (UNNE). Especialista en Procedimiento Tributario (UNLaM). Magister en Ciencias Penales (UNNE). Doctor en Derecho (UNNE). Profesor titular e Investigador (UNNE). Correo: mvillegas@dch.unne.edu.ar
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