Por Lucas Martín Gallo* Imagen: Quisiera tener mis tierras propias, Martín Weber, MNBA.
Compartimos el trabajo final presentado por Lucas Martín Gallo en el Seminario “Cómo defender al Estado” dictado por el Director de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, Guido Croxatto. “Como abogados debemos pensar y diseñar una doctrina propia. Una defensa del Estado que supere los cambios de gobierno, que sea duradera e insensible con los avatares de la historia argentina. Para ese fin, debemos pugnar por incorporar a nuestra formación: la historia, la filosofía, los derechos humanos, etc. Los abogados tenemos que recordar que nos formamos para ayudar a los demás”.
“En nuestras cosmovisiones, somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales, el pueblo Lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas, por la defensa de los ríos, es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El COPINH, caminando con pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El río Gualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos acudir. La madre tierra, militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Dedico a este premio a todas las rebeldías, a mi madre, al pueblo Lenca, a Río Blanco, al COPINH, a las y los mártires por la defensa de los bienes de la naturaleza”.
Así comienza el discurso que brindó Berta Cáceres cuando ganó en 2015 el Premio Medioambiental Goldman, un galardón denominado el “Nobel Verde” por ser el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente. Un año después iba a ser brutalmente asesinada.
Tanto ella como Marielle Franco y Ramona Medina, tomaron protagonismo por la lucha que llevaron a cabo. Si bien ellas le pusieron voz, representaban a muchas otras personas que antes estaban silenciadas. Forjaron una construcción horizontal e inclusiva del poder que no estamos acostumbrados a ver en América Latina y que, en algunos casos, les valió la vida. Resistencia podría ser la palabra que sintetice lo que todas ellas significan para el poder político. Mientras más exitosa sea la lucha, más encarnizada será la represalia.
En ese sentido, algunas de ellas tocaron las fibras sensibles del sistema capitalista en su fase de globalización. Integraron y lideraron movimientos sociales que defienden el territorio donde nacen. Este territorio no es solo la tierra y sus recursos tangibles, sino los derechos fundamentales de las personas que en él habitan.
El modelo extractivista, desde un punto de vista económico, tiene unas consecuencias en la concentración de la riqueza y la generación de las desigualdades, que claramente tienen un impacto en términos también políticos. Está demostrado científicamente que hay una correlación positiva entre las consecuencias de ese modelo y la percepción de la calidad de la democracia.
Este modelo ha generado muchísima vulnerabilidad económica en América Latina, ha sido capaz de institucionalizarse políticamente porque afecta a las instituciones democráticas y a las políticas públicas de los países donde se desarrolla; logra que los intereses de unos pocos estén por encima del bienestar general.
Los casos de violaciones de derechos humanos por las grandes corporaciones no son casos aislados. Me refiero a una arquitectura de la impunidad, una estructura internacional que protege los intereses de las transnacionales, de una minoría que controla el poder económico y político frente a los intereses de las mayorías sociales. Este es un fenómeno que se da en todo el mundo, pero se acentúa en América Latina por el apoyo que recibe de los gobiernos neoliberales.
Esta impunidad es posible por varios factores. En primer lugar, las empresas transnacionales neoliberales protegen sus derechos a través de lo que varios juristas han denominado Lex mercatoria (1), un derecho corporativo global, duro, rígido, formado por miles de normas que protegen sus intereses, basados en reglas de comercio e inversiones. También me refiero a los contratos que firman las grandes compañías, los tratados bilaterales de inversión, los acuerdos de protección recíproca de las inversiones, los tratados de libre comercio (que de libres tienen muy poco, porque no se negocia entre partes iguales), normas de la Organización Mundial del Comercio, préstamos condicionados del Banco Mundial, políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional, etc.
En esta relación bilateral, las obligaciones recaen sobre los Estados. Esos mismos que han sido sometidos a políticas de desregulación, privatización y reducción de la intervención en la política y la economía los últimos años, producto del neoliberalismo salvaje que azotó y azota a algunas naciones.
Este orden jurídico globalizado, que provoca una desterritorialización de los derechos de las empresas y la territorialización de sus obligaciones, se contrapone de manera asimétrica a un orden internacional de derechos humanos, manifiestamente frágil, que a pesar de su carácter imperativo no logra encontrar mecanismos efectivos para garantizar la operatividad de ellos en las poblaciones vulnerables.
La responsabilidad social empresaria es otro aspecto a cuestionar. Los compromisos medioambientales son de nula exigibilidad jurídica. Esta práctica no vinculante es cada vez más notoria en muchos Estados: capitales extranjeros que pasado un tiempo se van de los países dejando desastres ambientales y dañando el ecosistema para siempre.
Por otro lado, cuál es el rol del Estado en este proceso. En un mecanismo de globalización sin reglas no se puede entender el poder de las multinacionales sin dimensionar la ayuda explícita e implícita de los Estados neoliberales. Obviamente hay periodos que acentúan esta complicidad, como sucedió con Argentina en el período 2015-2019. Donde perdimos soberanía y volvimos una vez más a quedar rehenes de la política económica que deciden otros, pero que siempre dejan los mismos resultados: pobreza, marginación, desigualdad, exclusión, etc.
Algunos Estados se preocuparon más por garantizar seguridad jurídica para las empresas transnacionales, para sus contratos, para capitales extranjeros y no para los ciudadanos más vulnerados.
El Estado, en ese afán de crear las condiciones de expansión para esas empresas, termina por corromper las instituciones del Estado de Derecho. O, en todo caso, viciar aún más su funcionamiento, como sucede con la justicia.
Nuestros tribunales están más politizados que nunca. La aplicación selectiva de justicia juega su propio partido. Se utiliza el derecho para perseguir, aniquilar garantías y callar a los molestos. Suprime el debido proceso. Personas privadas de la libertad que superan con creces el tiempo máximo prudencial que han determinado los Tribunales internacionales (Milagro Sala, por ejemplo). Los jueces son instrumentos del poder político y económico.
En otra de las aristas de este fenómeno, este modelo (en complicidad con el poder político) realiza cambios en las legislaciones que buscan criminalizar la protesta y, específicamente, castigar a los activistas de derechos humanos. Es parte de una política del Estado represivo y patriarcal, capaz de defender los intereses económicos de algunos privilegiados.
Esta criminalización tiene un efecto desmoralizador doble: primero, porque se los estigmatiza, se los acusa de terroristas, desestabilizadores, conflictivos, que atacan la institucionalidad del Estado; y, además, somete a una lógica de autodefensa constante a las organizaciones defensoras de derechos fundamentales.
La muerte de Franco, Cáceres, Medina, también implica un símbolo. Estas mujeres fueron un obstáculo para el poder político. En una sociedad latinoamericana donde la voz de la mujer no vale lo mismo que la de un hombre, y se refleja en la política, el trabajo, el derecho, los espacios de poder. Esto explica el porqué de la necesidad de callarlas. Durante muchísimo tiempo fueron enmudecidas, ninguneadas, violentadas, y hoy han transformado su fuerza en un movimiento social capaz de plantear ideas serias y sólidas de lo que anhelamos para nuestra sociedad. Para algunos sectores conservadores el feminismo es un peligro. Para otros, en los que me incluyo, es una oportunidad.
Como abogados debemos pensar y diseñar una doctrina propia. Y aquí el agradecimiento a la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado y a todos aquellos que pensaron en esta instancia de capacitación, porque el curso fue la excusa, pero sirvió para que muchos de nosotros comenzáramos a pensar que queremos del Estado. Debemos bregar por una doctrina propia. Una defensa del Estado que supere los cambios de gobierno, que sea duradera e insensible con los avatares de la historia argentina.
Para ese fin, debemos pugnar por incorporar a nuestra formación: la historia, la filosofía, los derechos humanos, etc. Los abogados tenemos que recordar que nos formamos para ayudar a los demás. Soy acérrimo defensor de la frase “la patria es el otro”, pero en serio. Tenemos que dejar de ser egoístas y levantar la mirada para ver otra realidad. La dura, la que nos tiene que indignar, doler. La pobreza, las villas, la falta de servicios básicos, como el agua, las cloacas, etc.
El abogado debe tener un sentido crítico y la universidad pública debe forjarlo. Todavía recuerdo cuando estudiaba para repetir: evidentemente fallaba yo y algunos docentes. Tiene que comprometerse con la ética y defender a ultranza la Constitución y a todos los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Porque los derechos humanos no son un negocio. Es un estándar mínimo que se le debe garantizar a todos, sin importar el status social que hayan alcanzado en una sociedad. A la persona que vive en un barrio privado, para aquel que está privado de su libertad, para aquel que no tiene que comer. La dignidad es para todos.
Hoy parece un desafío. La famosa “grieta”, este concepto que algunos alientan con el fin de sacar algún rédito, dificulta mucho la posibilidad de debatir con argumentos y poder llegar a algún consenso. Divide la sociedad y acrecienta más la debilidad democrática que vive nuestro país. Es inentendible como, en este contexto de emergencia sanitaria inédito, muchas personas se atreven a manifestarse y arrogarse “la defensa de la República”. Me descoloca pensar qué debe ser la República para ellos y, es más, me desorienta que estos “banderazos” estén liderados por dirigentes políticos opositores más preocupados por el marketing que por los problemas estructurales de fondo y que ellos acrecentaron.
No puedo entender como algunas personas se alzaron para defender a una empresa multimillonaria y no lo hacen cuando ven a un niño revolviendo la basura. Por qué no les causa la misma impresión. Estamos insertos en un sistema que promueve el individualismo, donde piensan que el progreso se construye salvándose a sí mismo. Piensan que el Estado como los que trabajan en él, somos sus enemigos.
Es una época donde el la violencia política y el odio han ganado la calle, donde los medios de comunicación hegemónicos instalan noticias falsas y siempre en contra del mismo lado, incluso hasta el fuego amigo de algunos dirigentes bravucones que tienen el tupe ningunear a los organismos de derechos humanos, todo eso es la actualidad argentina.
Cada uno desde nuestro lugar debe poner su grano de arena. Repensar la actividad profesional para darle un sentido social a nuestra profesión. Para lograr una Justicia más ágil, más imparcial, más social, menos patriarcal y más garantista. Luchar por el Estado de derecho, por la defensa de los derechos inherentes a cualquier ser humano y por los recursos de esta tierra.
1 – Zubizarreta, J. H. y Ramiro, P. (2015) Contra la lex mercatoria. Propuestas y alternativas para desmantelar el poder de empresas transnacionales. Madrid: Icaria.
* Abogado. Cursó la Especialización en Abogacía del Estado de la ECAE. Reside en la Provincia de Mendoza. Se ha desempeñado en varios organismos públicos provinciales hasta que en el 2017 ganó un concurso y comenzó a trabajar en la Universidad Nacional de Cuyo.
Las opiniones expresadas en esta nota son responsabilidad exclusiva del autor y no representan necesariamente la posición de Broquel.
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