Por: Juan Manuel Ciucci
Entrevista al Dr. Félix Pablo Crous, titular de la Oficina Anticorrupción. “Recibí una estructura de muy poca potencia, burocratizada, con tiempos alucinantemente demorados. Investigaciones de 30 años con protocolos que no incluían los tiempos de trámite. Y también un abandono del desarrollo de políticas públicas anticorrupción; mucho marketing y muy poca sustancia”.
Revista Broquel: ¿Qué desafíos supone estar al frente de un organismo como la Oficina Anticorrupción? Un espacio que venía fuertemente deslegitimado tras la anterior gestión, y que se encuentra en disputa en la discusión mediática y social.
Félix Crous: La Oficina Anticorrupción trae un estigma de los últimos tiempos y un estigma de nacimiento. Se discutió la razón de ser de esta oficina desde que nació, mucha gente estuvo en contra de su existencia. La verdad es que la oficina nació por la muerte lenta que había venido sufriendo la Fiscalía de Investigaciones Administrativas durante el menemismo. Estaba totalmente apagada, no producía nada esa institución que sí era una institución robusta, que venía de la dictadura, pero aun así había crecido mucho durante la gestión de Ricardo Molinas y después había sido totalmente apagada durante el menemismo. En lugar de hacer reverdecer esa institución, que tenía un corpus legal (hoy casi inconstitucional por la cantidad de facultades que tenía, o francamente inconstitucional, pero que las tenía), lo único que había que hacer era cambiar al fiscal de investigaciones administrativas y ponerla a andar. Pero no se hizo eso, se optó por este otro camino, crear la Oficina Anticorrupción en el ámbito del Poder Ejecutivo, con una estructura muy heterogénea, que tiene funciones (así lo dice su ley de creación) convergentes con la Fiscalía de Investigación Administrativa (hoy Procuraduría), pero también otras funciones diferenciales. Nosotros decidimos enfatizar muy fuertemente todas las funciones diferenciales de la Oficina, que la transformen en un motor de desarrollo de políticas públicas, de prevención de la corrupción, de promoción de la transparencia activa, de la construcción de una cultura transversal de integridad. Del desarrollo de instancias capilares en todo el Estado para que los procesos de decisión y los procesos de desarrollo de las decisiones tengan un fuerte contenido de registro de integridad de esos procesos por parte de todos los efectores.
En eso estoy satisfecho, hemos podido hacer una tarea que es razonablemente buena en las condiciones especiales en las que hemos trabajado durante la pandemia. Con algunas herramientas que vienen de la gestión anterior pero que habían sido puestas al servicio de la persecución política y de la espectacularización del trabajo. Herramientas que sugiere la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos para todos los que estamos cerca de ese organismo multilateral, porque Argentina no integra la OCDE pero si integra el grupo de trabajo de integridad. A nosotros nos aceptan durante mi gestión, pero el pedido había sido en la gestión anterior, y la verdad es que los parámetros sobre el tema de integridad son bastante razonables, y las herramientas son herramientas que pueden ser puestas en función de nuestra realidad de un modo productivo. Estamos trabajando muy fuertemente con todo el espacio de las empresas, con las grandes y no tan grandes, con las cámaras, cargando de sentido todo lo que es el mundo del compliance, que no sea simplemente cumplir con un esquema dentro del organigrama de las empresas para calificar mejor una licitación, sino que permite integrar la madurez interna de esas organizaciones respecto de la integridad frente al propio Estado a la hora de tomar compromisos comunes, sin ingenuidad, sin candidez. El capitalismo gira alrededor de la maximización de la ganancia, sabemos que el cumplimiento de la ley es un obstáculo si lo pensamos de ese modo. La integridad no es un objetivo digamos. El capitalismo no es un proyecto etizante del mundo, de modo que nosotros no tenemos la mirada cándida sobre el tema, pero vamos a ver si es cierto que es posible construir un proceso de desarrollo mancomunado para la comunidad, entre el sector público y el sector privado, en condiciones de transparencia.
RB: Han presentado un proyecto sobre ética pública…
FC: Le presentamos al Poder Ejecutivo hace quince días un proyecto de Ley Integral de Ética Pública que incluye todo lo que se ha discutido históricamente desde la antigua ley hasta hoy. Lo hicimos con el programa de elaboración participativa de normas, y tuvimos una muy buena respuesta a la convocatoria. Esto incluye la actualización de la norma, pero también la actualización de la institución, la creación de tres oficinas de integridad, una en cada uno de los poderes del Estado. El modelo se parece en algo a la oficina que se sancionó en la Ciudad de Buenos Aires, que todavía no está en marcha pero que se piensa como un modelo distinto, superador del actual.
RB: Un poco con esa historia pareciera que es una oficina que se refunda ante cada nueva gestión, ¿cómo piensa que eso se puede sortear?
FC: Creo que nuestro planteo está en el proyecto de ley. El proceso de producción participativo de normas exige un anteproyecto de ley para que los demás opinen de eso. Ahí estaba nuestra opinión, tomamos muchas sugerencias de las que recibimos y esa es nuestra opinión corregida. Nosotros creemos que los poderes del Estado, el Poder Legislativo y sobre todo el Poder Judicial, tienen que tener una instancia de auditoría, de control, pero sobre todo de desarrollo de políticas preventivas de la corrupción, al igual que el Poder Ejecutivo. Porque subyace sino la idea de que la corrupción es inherente al poder administrador. Desde luego que ahí yacen muchas oportunidades porque es el poder que maneja el tesoro, pero por qué no el Poder Judicial, que además tiene una cultura de opacidad. Se habla mucho de transparencia activa, el Poder Judicial es opacidad, cuando uno ve de qué modo organiza las barreras para acceder a la información que nosotros tenemos colgada en la página web. El Poder Legislativo es más difícil porque está a mitad de camino. Los legisladores para poder ser candidatos deben presentar una declaración jurada igual a la del Poder Ejecutivo, que alojamos nosotros en nuestro portal. Pero la masividad de esos poderes del Estado, creo yo, y la propia dinámica de la confrontación de ese poder hace que se traccione hacia la transparencia en la propia puja política. Los negocios del legislador que descubre el legislador de otro bloque más rápidamente adquirirán debate público. Es insuficiente, pero esa dinámica los hace más abiertos a la comunidad que la tendencia a encapsularse del Poder Judicial, que es propia de la cultura colonial, heredera de la inquisición, ese linaje dominante en la subjetividad judicial.
Y el Poder Ejecutivo es un poder que tiene esta herramienta que a nuestro modo de ver debe mejorar. Es redundante en la faceta de las investigaciones. Tampoco hace mejores investigaciones que las muy malas investigaciones que hace el resto de los que investigan. Yo recibí una estructura de muy poca potencia, burocratizada, con tiempos injustificadamente demorados. Investigaciones de 30 años con protocolos que no incluían un límite temporal para su finalización. Francamente no podían ser verificadas como investigaciones en el sentido propio del término. Y también un abandono de las políticas de desarrollo, mucho marketing y muy poca sustancia. Con algunos profesionales de un razonable nivel técnico que se habían embarcado de un modo definido a una actividad partidaria, y otros buenos analistas desaprovechados en el área de conflicto de interés, que son áreas específicas de la aplicación de ley de la ética pública; tratamos de poner en valor su trabajo.
RB: Mencionaba recién la participación ciudadana, ¿cuál es el espacio para las denuncias, cómo se realizan, qué tipo de aportes ha tenido a lo largo de este tiempo
FC: La Oficina tiene muchos canales de denuncias, es histórico que funcione así. Hay un portal donde se pueden recibir denuncias anónimas, se pueden recibir denuncias con protección de identidad del denunciante, se pueden recibir denuncias nominadas, firmadas, y también se puede recibir a la antigua, por mesa de entradas, una denuncia en papel. Habitualmente se utiliza mucho el sistema de denuncia anónima, y algunas no anónimas, pero siempre por el portal, que es lo más práctico. Nosotros tenemos, como es previsible, una sobredemanda de asuntos que no son casos de corrupción federal o que no son casos de corrupción, sino que son otros delitos, y los asuntos más importantes en general nos vienen derivados de la Sindicatura General de la Nación o la Inspección General de Justicia. En este tiempo no hemos tenido producción de grandes casos de corrupción económica que hayan sido tapa de los diarios. Nuestro paquete de temas prioritarios o más importantes, en realidad son derivaciones de trabajo del plan general de auditoría de la Sindicatura. Así que es para nosotros una articulación muy valiosa.
RB: ¿Cuáles son las políticas preventivas? ¿Qué se puede desarrollar en ese sentido?
FC: La Administración Pública Nacional (APN) dinamitó en la década del 90 una de las formas de la prevención de los hechos de corrupción que fue el Tribunal de Cuentas de la Nación, que por alguna razón fue la única institución que desapareció, las demás se reconfiguraron. Por supuesto que para el modelo de gestión moderna del Estado hay que pensarlo qué sucede cuando hay que tomar una cantidad de decisiones y el control previo del acto termina alentando o justificando la construcción de otros atajos como son las contrataciones de emergencia, los pagos por “legítimo abono” que se hacen regla y tantas formas que todavía no han podido ser superadas de formas de contratación no deseables. Pero la Administración Pública Nacional perdió ese elemento. A mi modo de ver las Unidades de Auditoría Internas (UAI) como las entendemos hoy son unidades que deben ser muy potenciadas dentro de las estructuras del Estado. Nosotros todo el tiempo ahora estamos devolviendo investigaciones a las instancias del nivel donde se produjo el conflicto. Si hay una unidad de investigaciones, si hay una unidad jurisdiccional de la sindicatura, si hay una dirección de transparencia e integridad, que es la instancia que nosotros promovemos que se cree en cada ministerio, una instancia de máximo nivel que desarrolle todas estas políticas, queremos su pesquisa, su evaluación y su auditoría, y nosotros recibimos después esa conclusión y vemos qué hacemos. Porque no hay gestión del Estado que no sea una gestión de proximidad. La gestión distante produce distorsiones, malas evaluaciones. Ahora, también puede suceder que quien está demasiado cerca también puede estar comprometido con el hecho que quiere evaluar. Por alguna razón la Procuración del Tesoro es sumariante de hechos muy graves, y está lejos de donde las cosas suceden.
Pero me parece que es un dilema, un dilema del Estado, que forma parte de una buena planificación estratégica del Estado, con su faceta normativa. Que crea condiciones de posibilidad de la buena gestión. Ahora, a tres años de estar en la gestión de la Oficina, me parece que la mejor escuela de gobierno para un gestor es una intendencia municipal. La proximidad con la sociedad donde pasan las cosas, la capacidad del control directo, la auditoría directa hasta intuitiva me parece que es una educación superior. La idea de que uno comprenda cómo gestionar o si no está en condiciones de hacerlo, sucede sin mediaciones, no hay forma de mediarlo a eso. Todos los sistemas de auditoría del Estado tienen que ser de capilaridad. Tienen que estar fuertemente diseminados en toda la estructura decisoria del Estado con instancias donde se comprometa la gestión política de la cartera en la suerte de ese campo. Si yo tengo serios problemas de corrupción y tengo una dirección o un subsecretario/a de integridad, también tendré un responsable a quien pedirle explicaciones o eventualmente remover porque me hizo pagar un costo por eso. Me parece que es un camino posible. Nosotros estamos tratando de darle racionalidad a la Oficina, que tiene problemas de irracionalidad en su diseño, en su génesis. Se debate la razón de su existencia desde el día que nació con argumentos legítimos. Entonces, nosotros no defendemos esta Oficina. Ni siquiera defendemos que deba haber una Oficina. Planteamos un modelo que incluye agencias como instancias del Estado que se ocupen de este tema, tratando de que no haya redundancias con otras instancias del Estado.
RB: Existe un plano de asistencia y cooperación con otros espacios del Estado, ¿cómo y con quienes se desarrolla?
FC: Estamos trabajando bien con todos los ministerios, con algunos más activamente, con otros menos, pero con todos bien. Y empezamos con algo que ya existía que eran los enlaces de integridad. Quisimos reforzar esa instancia que ya existía en el Estado, triplicamos los enlaces indicando que todos los responsables de áreas designarán al enlace. Aprovechamos, hicimos de la necesidad una virtud, que todos aprendimos, descubrimos que existía el zoom, aprendimos a gestionar para hacer reuniones masivas con los enlaces que hubieran sido muy difíciles en otro contexto. Después logramos hacer reuniones presenciales masivas, híbridas presenciales y remotas a la vez, porque siempre es mejor poner el cuerpo, el diálogo cara a cara. Pero antes empezamos a vernos las caras en el cuadradito, hablar, hacer una ida y vuelta, a motivar, a explicar que esperábamos nosotros de la función del enlace. También a trabajar sobre la autoestima del agente público, que es un tema. El funcionario y el trabajador estatal es un ser apaleado desde hace muchas décadas y hay un lugar donde después termina construyendo la famosa área de bienestar, pero un área de bienestar menesterosa, no de privilegio. Es muy difícil motivar a un trabajador estatal si no le mejoras el salario, en eso tengo una mirada crítica sobre lo que hemos hecho. Pero aun así lo que nosotros intentamos es que ese trabajador mal pago, bajo un sistema de contratación irracional, incomprensible, sin una carrera que le permita ir creciendo en función de sus méritos y su capacitación; que ese trabajador/a se sienta valioso, se sienta que participa de algo valioso. Hay muchos trabajadores que lo sienten, pero hay que alimentarlo. Y en esto, fue nombrarlos por nombre y apellido, hablarle a la persona concreta. En general son funcionarios de mediano rango, que no llegan a ser directores, digamos que son una letra intermedia, una letra superior. En general son funcionarios responsables, a los que se le asigna alguna tarea delicada, o potencialmente delicada, que conoce la administración, que es un capital valiosísimo a mi modo de ver. Antes de contratar una consultora para que me haga un mapa de riesgo, tráeme a quienes están hace cuarenta años y que me digan dónde están los problemas. Después contratamos una consultora si hace falta. Pero, digo, hay muchas formas de hacer las cosas. En ese sentido, este fue un primer paso. Y fue un primer paso que dinamizó muy fuertemente el trabajo. Así que estamos trabajando bien, me parece que ahí hay un camino para seguir sea quien fuere que continúe con las responsabilidades de gobierno y con las responsabilidades institucionales en esta u otra oficina.
RB: Por último, ¿cómo analiza la actuación internacional de la Oficina?
FC: La actuación internacional se apagó bastante con la pandemia porque todos los países concentraron esfuerzos en otros temas. Se mantuvo en su mínima expresión. Todo se volvió virtual, desde ya. La oficina tenía una ocupada agenda para el 2020, y luego algunas actividades se suspendieron, otras se reconfiguraron, muchas se sostuvieron a nivel virtual. Nosotros participamos, tenemos una actividad muy activa, muy intensa con la Cancillería. En el seguimiento de algunas convenciones somos punto nodal. Es un tema que forma parte de mis obsesiones, porque en Argentina hay una muy mala práctica donde hay actores del Estado que, punto a punto, están teniendo alguna forma de representación de la Nación en alguna actividad internacional sin que esto tenga un control de la Cancillería, un seguimiento. Y esto es francamente peligroso, y no es casual ni inocente. Los convocantes a esta práctica lo hacen para captar intereses propios, no del Estado soberano argentino. Esto desde la perspectiva de otra potencia es comprensible, desde la perspectiva de nuestros funcionarios es inadmisible. Entonces, nuestra posición es efectivamente asistir desde luego en todo lo que haga falta en la Cancillería, en nuestrocmapo específico. Pero respetando siempre la representación que ejerce nuestro servicio exterior por mandato constitucional. Ahora, hay algunos casos en los que la Cancillería delega en la OA la representación. Estos casos los asumimos y participamos de muchos mecanismos de controles cruzados, que son bastante habituales a nivel mundial en donde los países evalúan el avance en el cumplimiento de las convenciones de otros países. Hay grupos de países evaluadores y grupos de países evaluados, y eso forma parte de nuestra actividad rutinaria. Nosotros tenemos nuestros funcionarios, tenemos nuestros técnicos. Funcionan en el marco de la OEA con el seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Funciona en el marco de la ONU y de la OCDE en la Convención Contra el Soborno Transnacional, la Convención Internacional contra la Corrupción, los protocolos adicionales.
COMENTARIO AQUÍ