Entrevista a Horacio Pietragalla Corti, Secretario de Derechos Humanos de la Nación. “Con el resurgimiento de discursos de odio y posturas negacionistas, la inclusión del Museo Sitio de Memoria ESMA en la Lista del Patrimonio Mundial representa una contundente respuesta frente a quienes intentan volver a instalar debates ya saldados en nuestra sociedad y pretenden justificar los crímenes de la última dictadura cívico-militar”.
Por: Juan Manuel Ciucci
Revista Broquel: En estos días se colocó la placa por la declaración del Museo Sitio de la Memoria ESMA como Patrimonio Mundial de la UNESCO. ¿Cómo se llegó a este importante reconocimiento y como modifica la actual situación?
Horacio Pietragalla Corti: Este logro tan importante significa un triunfo de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que lleva adelante el Estado argentino, y es también producto de la perseverancia de los organismos de derechos humanos, de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, de los sobrevivientes y familiares de las víctimas que nunca abandonaron su compromiso militante y denunciaron ya desde los años de la dictadura lo que sucedía entre esas paredes.
Las gestiones que hicieron posible este reconocimiento se iniciaron en 2015, cuando el equipo de trabajo del Museo elaboró un plan con el propósito de cumplimentar con los requisitos que solicita el organismo internacional para este tipo de postulaciones. El proceso requirió años de intenso trabajo, con gestiones para sumar adhesiones a la postulación tanto de gobiernos como de organizaciones y redes nacionales, regionales e internacionales; y finalmente, en diciembre de 2021, firmamos del Expediente de Nominación que se presentó al Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO. La culminación de este camino llegó en la sesión del Comité en la capital de Arabia Saudita, que oficializó el ingreso del Museo a la Lista del Patrimonio Mundial, lo que lo coloca a la altura de sitios emblemáticos como el Campo de Concentración Nazi Auschwitz-Birkenau en Polonia; el Memorial de la Paz de Hiroshima en Japón; y la Isla Robben de Sudáfrica, todos símbolos de la memoria y la defensa de los derechos humanos.
En cuanto a cómo modifica su actual situación, es un cambio sustancial porque a través de su declaración como Patrimonio de la Humanidad, pasa a integrar el programa que tiene como propósito la preservación de bienes que tienen un “valor universal excepcional”, de acuerdo con lo establecido por la Convención ratificada por 194 países. Asimismo, dimensionamos que esta decisión que le dará visibilidad mundial y perdurabilidad al relato de lo que sucedió en uno de los centros de detención, tortura y exterminio más emblemáticos del terrorismo de Estado, para ayudar a comprender de manera cabal lo que significaron las dictaduras militares, no sólo en la Argentina sino en la región. Sin lugar a dudas, es un paso adelante en la construcción de una memoria colectiva que debemos sostener por generaciones, para aprender las lecciones de la historia y que nunca más se repitan los horrores del pasado.
RB: Mencionó en el acto la importancia del reconocimiento, que implica tanto al genocidio perpetuado como a sus artífices. ¿Cómo analiza esto en el actual contexto donde resurgen discursos negacionistas?
HPC: En este contexto tan particular que estamos viviendo, con el resurgimiento de discursos de odio y posturas negacionistas, la inclusión del Museo Sitio de Memoria ESMA en la Lista del Patrimonio Mundial representa una contundente respuesta frente a quienes intentan volver a instalar debates ya saldados en nuestra sociedad y pretenden justificar los crímenes de la última dictadura cívico-militar. Nada mejor que la verdad y la memoria para desmontar teorías y argumentaciones falsas que pretenden exculpar los delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado.
A través de esta declaración, la comunidad internacional reconoció que en el país y en la región hubo genocidios para perseguir a la oposición política, a quienes se enfrentaban a la imposición de un modelo económico de exclusión y pobreza. No se trata solo de un reconocimiento a la historia que narra el Museo, sino que es un símbolo que representa a todos los espacios que fueron utilizados para torturas, para asesinar y desaparecer en nuestro país y en la región, en el marco de ese plan macabro que perpetró Estados Unidos a través de la Escuela de las Américas.
RB: ¿Cómo se trabaja desde la Secretaría ante el crecimiento actual de los discursos de odio?
HPC: Desde la Secretaría apostamos fundamentalmente a la educación, porque este tipo de discursos se alimentan de prejuicios y conceptos estereotipados que nada tienen que ver con la realidad. Y los contextos de crisis como el que estamos atravesando sirven de terreno fértil para la proliferación de estas argumentaciones.
Recientemente editamos una publicación que aborda esta problemática desde una perspectiva de derechos humanos, profundizando acerca de los contenidos de estos discursos y cómo se manifiestan en nuestra sociedad. Además, analizamos sus causas y efectos, y los principales canales de circulación de este tipo de manifestaciones y la contribución de las redes sociales para su viralización.
Finalmente, brindamos ciertas estrategias para enfrentar este fenómeno y sus graves consecuencias tanto para las personas como las comunidades, y aportamos un panorama de qué tipo de protección legal tenemos tanto a nivel nacional como internacional frente a estas prácticas. Se trata de una problemática que afecta fundamentalmente a los derechos humanos, la paz y la convivencia democrática, por eso estamos muy comprometidos en esta tarea de contrarrestar su propagación y advirtiendo sobre los riesgos de estas prácticas para nuestra sociedad.
RB: Siendo parte del mismo, ¿cómo analiza el trasvasamiento generacional que se está dando en los organismos de DDHH?
HPC: Sin dudas, el legado más valioso que nos han transmitido nuestras Madres y Abuelas tiene que ver con el compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos humanos. Su ejemplo de lucha y resistencia, de dignidad y coraje para enfrentar a una dictadura atroz en la búsqueda de verdad y justicia fue fundamental para la consolidación del proceso democrático del que celebramos 40 años. Ahora nuestro desafío es poder transmitir a la juventud ese valioso legado, porque la única garantía de no repetir la historia es la memoria. Queremos una juventud que sienta amor y compromiso por su Patria, por su pueblo, por su historia. Por su presente y su futuro.
RB: ¿Cómo se trabaja desde la Secretaría ante los desafíos que plantea la lucha contra la violencia institucional?
HPC: La problemática de la violencia institucional puede analizarse a la luz de lo que pasó en la historia reciente de nuestro país, dado que se pueden advertir continuidades entre las prácticas autoritarias de las fuerzas de seguridad durante la dictadura cívico-militar, cuando eran las encargadas de llevar adelante la represión ilegal, y hechos de violencia policial que afectan principalmente a los sectores más vulnerables de nuestra población.
La Secretaría de Derechos Humanos viene realizando un trabajo muy profundo para abordar este desafío. Por un lado, pusimos en funcionamiento un Centro de Denuncias de Violencia Institucional, que ya lleva gestionados 3.400 casos. Cada caso implica un contacto directo con las víctimas o sus familiares, asesoramiento jurídico, acompañamiento psicosocial, denuncia judicial cuando corresponde, y la comunicación con las autoridades políticas responsables de la fuerza denunciada. Para nosotros, los casos no son números, sino que son personas que requieren atención, acompañamiento, y la Secretaría está presente activamente para cada una de ellas.
Otra de las políticas públicas que venimos desarrollando tiene que ver con la señalización en el espacio público de graves hechos de violencia institucional sucedidos en diferentes lugares del país. Al día de hoy, llevamos colocados más de 30 carteles que se instalan en el lugar donde sucedieron los hechos, que tienen la foto de las víctimas y una reseña de los casos. Las señalizaciones son una forma de reparación a las víctimas, pero también representan una señal política por parte del Estado de que no es impune matar una persona con un uniforme o un arma oficial. Que el Estado repudia y condena esos hechos.
Otro de los ejes de las acciones está puesto en el desarrollo de actividades de formación destinadas a oficiales y las agentes pertenecientes a las fuerzas de seguridad y personal penitenciario, para promover el debido respeto a los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones. La Secretaría también comenzó a presentarse como querellante en algunas causas judiciales por hechos de violencia institucional. Además, intentamos estar presentes en todos los juicios bajo la figura de amicus curiae y observadores.
RB: ¿Cuáles cree que deberían ser los pisos de acuerdo para que continúe el trabajo de la Secretaría más allá de los cambios de gestión?
HPC: Cuando recibimos la gestión, notamos un retroceso generalizado en los avances alcanzados en materia de políticas públicas de derechos humanos que colocaron a nuestro país en la vanguardia a nivel regional y mundial. Nuestros esfuerzos están orientados a poder garantizar una continuidad y profundización de esas conquistas, gobierne quien gobierne. Cuando se trata de violaciones a los derechos humanos, hay una responsabilidad internacional del Estado argentino que no puede ingresar en el terreno de las diferencias ideológicas. El respeto a los derechos humanos debería estar por fuera de las diferencias partidarias. Por eso estamos convencidos de que la lucha para erradicar la violencia institucional debe ser una política de Estado, que debe continuar más allá de los cambios de gestión.
Otro de los ejes que forman parte del consenso alcanzado por la sociedad argentina tiene que ver con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. En ese marco, es fundamental asegurar el acompañamiento a las víctimas y tomar las acciones necesarias para impulsar y fortalecer institucionalmente el proceso de justicia vinculado a los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, para evitar que los responsables de esos hechos, muchos de avanzada edad, mueran sin haber enfrentado a la justicia.
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