Entrevista a Horacio Goett, ex asesor del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado y de la ECAE, quien recuerda el accionar de la Procuración del Tesoro en estos 40 años ininterrumpidos de democracia. “Creo que una de las tareas fundamentales que tienen los abogados integrantes del Cuerpo es defender la existencia de la Escuela”.
Por Redacción Broquel
Revista Broquel: ¿Cómo y cuándo fue su ingreso al Cuerpo de Abogados y Abogadas del
Estado (CAE)?
Horacio Goett: Yo me integro al CAE a fines del ´83, con el advenimiento de la democracia. Fui
designado director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa en ese momento. Justo la
Procuración cumplía 120 años de vida, y también participé de los cursos que organizaba en ese
entonces la Procuración para, fundamentalmente, preparar al Cuerpo Abogado del Estado
para la nueva etapa que se iniciaba en el país. Un momento muy importante, muy fundante
del país por todos los avatares por los que atravesó la Nación. Después de la dictadura, todo el
proceso militar, la democracia que nacía tenía muchos puntos débiles para afrontar esa etapa
y el CAE tuvo que cumplir también su rol ahí. Sobre todo en aquellas actuaciones que se
iniciaron para investigar los hechos aberrantes ocurridos durante todo ese proceso.
RB: ¿Cómo fue su ingreso a la Procuración y cuál es su recuerdo?
HG: La Procuración fue un factor de apoyo fundamental para el logro de estas cuestiones. Insisto, porque el CAE todavía no tenía la cohesión que hoy tiene. Un poco la creación de la Escuela (ECAE), precisamente, se debió a ese hecho. Para darle al Cuerpo un mayor fundamento doctrinario, un mayor conocimiento del derecho administrativo y, fundamentalmente, de las políticas públicas que los gobiernos elegidos democráticamente prometían e impulsaban en sus plataformas y en sus campañas. Y la Escuela nace precisamente con ese fin, el de dar esa coherencia y esa unidad de acción al cuerpo que todavía no lo tenía.
Cuando me reintegro al CAE, me reintegro en la ECAE. Ahí ya es una etapa en la cual la Escuela pasa a tener un crecimiento sustancial, alrededor del 2008-2009, en el cual se le da un impulso desde la Procuración muy grande, creando nuevas especializaciones, ampliando la cantidad de alumnos cursantes, en fin, dictando una cantidad de seminarios muy grandes para abarcar todas las materias específicas de la abogacía estatal. Sobre todo tratando de dar un sostén doctrinario a aquellas áreas del Estado que necesitaban, ya sea para ejercer la defensa del Estado en los tribunales, o para resolver cuestiones propias de cada área. Así se establecieron, se crearon y dictaron seminarios específicos en seguridad social, en derecho de la salud y legislación sanitaria, en derecho de género y derecho de las mujeres. En fin, la Escuela fue permanentemente investigando y en contacto con los distintos servicios jurídicos, evaluando
las necesidades de capacitación que los abogados del Estado necesitaban para afrontar su diaria tarea.
RB: ¿Qué hitos importantes podría destacar?
HG: La época de pandemia fue un hito fundamental en el que la Escuela nucleó y aglutinó a todas las áreas que tenían problemáticas específicas, ya sea por reclamos o por acciones judiciales que tenían que responder. Generó cursos, reuniones, capacitaciones específicas para afrontar esa etapa, como lo hizo siempre. Por otro lado, lograr un convenio con el INTI para generar y diseñar el sistema de gestión administrativa de la ECAE, que hasta ese momento (2009-2010) se manejaba con un excel común para llevar adelante toda la estadística, todo el seguimiento de los alumnos y los certificados que se otorgaban por cada capacitación que se hacía. En fin, a medida que la cantidad de alumnos fue creciendo, ese sistema era totalmente inseguro e ineficaz, y nos tocó desarrollar ese convenio y esa tarea con un equipo
multidisciplinario y la verdad que hoy está dando su fruto. La escuela no hubiera podido crecer en la medida que creció si no hubiera tenido ese sistema operando.
Otro aspecto sustancial fue el convenio con la Universidad Nacional de Tres de Febrero para la creación de una Maestría en la Abogacía del Estado. Nosotros colaboramos también con un equipo en todo el desarrollo de ese programa inicial, además de toda la discusión del convenio mismo con la Universidad. Y luego de la suspensión en el año 2016 de esa Maestría, nos tocó buscar todos los elementos que teníamos en nuestro archivo personal y en nuestra memoria para posibilitar su restablecimiento en el año 2020. Por último, la propuesta que hicimos para modificar el decreto 754 de creación de la Escuela, a fin de aggiornarlo para dotarlo con las competencias reales que la ECAE tiene hoy en día y que habían quedado rezagadas por el transcurso del tiempo.
RB: ¿Cómo analiza que se ve a la Escuela desde el CAE, desde su creación para acá?
HG: Creo que dentro del universo de abogados del estado la Escuela tiene un prestigio ganado, que fue paulatino, no fue inmediato. En sus comienzos la Escuela era muy reducida en cuanto a sus posibilidades y objetivos y a la capacidad de recibir alumnos. Las primeras promociones eran de 40, 50, 60 alumnos y a lo largo del tiempo hemos pasado a que transiten por las aulas de la escuela 900/100 alumnos por año, ese fue un crecimiento exponencial. El abogado del Estado, cuando uno conversa con ellos, cuando se hacen las entrevistas previas para la inscripción, para orientarlos en qué tipo de capacitación puede resultarle lo más convenientes, vemos que realmente tiene por la Escuela una alta valoración.
El otro aspecto que la Escuela le brinda y que es invalorable para todos los miembros del CAE, es la interconexión con las distintas áreas, con los distintos ministerios, con distintos servicios jurídicos. Eso es importantísimo para la resolución de problemas concretos. En el día a día uno tiene que resolver una cuestión en la que está ligado a un expediente que viene de otra área, o tiene una cuestión concomitante con otro servicio jurídico, y el hecho de haber cursado juntos una capacitación, de conocerse, da la posibilidad de levantar un teléfono, llamar al colega, plantear el problema, ver cuál es la mejor solución. Agiliza muchísimo eso. Y sobre todo la experiencia compartida, porque a veces en un área hay un caso que ya fue resuelto en otra área con características similares, entonces ese nexo, ese nodo que es la Escuela, de juntar a distintos actores y actrices de distintas áreas, permite resolver las cosas con mayor fluidez, con mayor facilidad, que si uno actúa aisladamente y sin conocer lo que sucede en otra área del
Estado.
Además, la doctrina de la Procuración forma parte de lo que se estudia en los claustros de la Escuela. Es decir, son materia diaria, no se estudia derecho en abstracto, se estudia derecho en concreto y cada alumno, cada cursante lo que hace es básicamente aportar su propia experiencia, su propia batería de casos a ese curso, con lo cual se hace un ida y vuelta muy enriquecedor para todos los cursantes. Eso, vuelvo a repetir, es muy difícil de lograr en otro ámbito que no sea en la Escuela.
RB: Nos pasa desde la comunicación de la Procuración que nos cuesta mucho explicar qué es la procuración del tesoro, ¿cómo analiza esa relación con la sociedad y al mismo tiempo, con otros ministerios?
HG: Lo que sucede es que la Procuración es una y es distinta en cada ámbito de actuación y en su historia. No es lo mismo la Procuración en sus orígenes que la Procuración después del dictado de la ley 12.954 en el año ´44 o ´45, no es lo mismo a la Procuración de hoy. Fueron etapas, la Procuración fue creciendo muchísimo en sus competencias. A lo largo de estos 160 años fue creciendo y fue ampliando sus competencias también para precisamente dotar a ese Cuerpo de una uniformidad, una coherencia que no tenía.La Procuración, además de ser quien dirige al Cuerpo de Abogados del Estado tiene una relación importantísima en cuanto a los derechos de la comunidad. Porque el abogado del Estado es el primer nivel, el primer escalón del control de legalidad del Estado. Sin ser un factor político, el abogado del Estado es un abogado de carrera, pero la Procuración es la que da el contexto a ese abogado de las políticas públicas que en un determinado momento deben ser aplicadas, cómo deben ser aplicadas, cuál es el sustrato jurídico de esa política pública.
Es una institución que no por nada se ha mantenido a lo largo de la historia y ha resistido los distintos avatares políticos del país. Es, a mi modo de ver, una institución insustituible que toda república democrática debe tener para que el accionar del Estado no sea cuestionado desde el punto de vista de la legalidad o de la arbitrariedad. Me parece que en ese sentido es la tarea más importante de la Procuración del Tesoro.
RB: En estos 40 años de democracia hubo distintas gestiones de gobierno y eso tuvo sus avatares también para la Procuración, ¿cuál le parece que es un piso de acuerdo que debería mantenerse para el funcionamiento de la Procuración a pesar de las distintas maneras de entender al Estado o la gestión del mismo?
HG: No todas las administraciones tienen la misma concepción respecto del Estado, eso es ostensible, es decir, está en el debate público. Hoy más que nunca, hay quienes sostienen la necesidad de un Estado presente, fuerte, creciente, árbitro de los derechos entre los ciudadanos, las empresas. En fin, un Estado que realmente cumpla una función de distribuidor de la justicia social. Y hay sectores que sostienen la idea del Estado mínimo por no hablar de cosas ya irrazonables como es la desaparición del Estado que no sucede en ninguna parte del mundo. Pero entre el Estado mínimo y el Estado presente, el Estado 0distribuidor de justicia social, me parece que la idea es fundamental en una Procuración que tiene una doctrina que tiene decenas de años. Cambiar esa doctrina para cualquier gobierno tendría que hacerlo con cierto fundamento. Yo creo que ahí está el papel fundamental de la Procuración en los abogados del Estado, me parece que hay derechos y hay situaciones que no van a poder ser modificadas de un plumazo, sin cometer a una arbitrariedad. Entonces, me parece que ese control de legalidad, el control de razonabilidad y la ponderación que el abogado del Estado debe ejercer respecto de los actos que cada administración realice, contribuyen a adoptar de una cierta estabilidad al sistema jurídico y al sistema de derechos en la República Argentina.
Sé que es mucho más difícil para los abogados del Estado, cuando las ideas del Estado mínimo predominan, poder tener un desarrollo de su carrera adecuado. Eso lo he vivido en mi experiencia. Generalmente se cuestiona la labor del abogado, se reducen los planteles, se les restringe los recursos como para ejercer una defensa adecuada de los derechos del Estado, en fin, la labor se hace más difícil. Pero creo que el rol fundamental de la Procuración es dotar de un piso de legalidad constitucional a todas las decisiones que tome cualquier gobierno. Entonces si cualquier gobierno pretende avasallar con situaciones o derechos que tienen raigambre constitucional, ahí el Cuerpo de Abogados va a ser una barrera importante y la Procuración, cualquiera sea el Procurador que tenga a su cargo de la dirección del Cuerpo, van tener que respetarlo.
RB: ¿Cómo recuerda el clima de trabajo en estos 40 años?
HG: A lo largo de los años uno ha generado vínculos con las distintas áreas de la Procuración, ya sea porque hemos trabajado juntos en otros ámbitos o porque nos ha tocado trabajar en temas puntuales o porque hemos hecho capacitaciones en forma conjunta. Y ese clima siempre ha sido de camaradería y un clima de respeto entre colegas. Y acá en la Escuela, que es la parte que a mí más me convoca, hemos logrado generar un equipo de trabajo que se ha mantenido a lo largo de los años y que ha sido muy importante para dar esa continuidad a la tarea de la Escuela, fundamentalmente en las épocas críticas.
Por eso es importante tener presente que el logro o la permanencia de la Escuela en el tiempo no es una batalla ganada, no es un derecho adquirido, irrenunciable. Me ha tocado vivir experiencias en la que yo he escuchado la posibilidad incluso, no sólo de reducir la actuación de la Escuela, sino también de cuestionar la existencia de la Escuela. Por lo tanto, creo que una de las tareas fundamentales que tienen los abogados integrantes del Cuerpo es defender la existencia de la Escuela. Creo que eso va a contribuir sin duda a una mayor eficacia de la labor del Cuerpo de Abogado del Estado y fundamentalmente del Estado en general. Abogados preparados, abogados que tengan fundamentos sólidos, que tengan conocimiento del mapa del Estado, que tengan un compromiso con el quehacer del Cuerpo del Estado. Sin duda van a contribuir para que el ciudadano, la ciudadana que reclame o tenga una cuestión frente al
Estado, sea mejor atendida, mejor comprendida y mejor resuelto su problema. Soy un firme defensor de la existencia, la continuidad y del mejoramiento permanente de la capacitación del abogado del Estado. No podemos olvidar que nuestra Constitución Nacional dice que uno de los requisitos fundamentales para el ejercicio de un cargo público es la idoneidad. Y la idoneidad no se logra sin capacitación. Y la Escuela es la que contribuye a esa capacitación y la que contribuye y sostiene esa idoneidad.
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