Por: Daniel Lipovetzky*
“A lo largo de mi carrera en el Estado, y desde esta perspectiva crítica e integral de abordaje socio-jurídico, la abogacía me permitió desempeñar no solo funciones técnicas específicas como abogado del Estado en conflictos judiciales de integración, sino también la posibilidad de ejercer como funcionario público en la elaboración de políticas públicas de derechos humanos”.
Hacia fines del Siglo XVIII irrumpe en el mundo una nueva concepción del Estado y en ésta, el derecho pasa a ser un elemento arquitectónicamente indispensable en la nueva organización público-estatal, que más tarde recibirá la denominación de Estado de derecho. Este cambio paradigmático se produjo como consecuencia de múltiples desigualdades y abusos latentes entre los depositarios del poder estatal y sus respectivos pueblos. También es innegable el enorme aporte que hicieron reconocidos pensadores, filósofos, juristas y políticos, a través de su desarrollo académico acerca de la concepción del Estado y la distribución del poder a lo largo de la historia.
Con el paso del tiempo, desde aquel incipiente Estado de derecho constitucional norteamericano hacia 1787, comienza a producirse un efecto dominó universal, en donde la mayoría de las naciones redactaron sus primeras constituciones adoptando esta nueva forma de organización estatal. En este sentido, América Latina no fue la excepción a la regla, y en particular, la Argentina comenzó a gestar este proceso a partir del año 1853. En la actualidad, es innegable reconocer que la estabilidad histórica del concepto de Estado de derecho es una verdadera conquista social que forma parte del patrimonio político de la comunidad internacional y de nuestra América Latina. Este nuevo concepto generó un cambio sustancial en cuanto a la forma de distribución y ejercicio del poder estatal, a partir de la consolidación del principio de división de poderes y su respectiva organización.
También representó una nueva forma de relación entre el Estado y sus pueblos, en tanto la consolidación del principio de abolición de la esclavitud y de igualdad ante la ley, constituyeron una genuina esfera jurídica de derechos y garantías que hoy forman parte del patrimonio de la ciudadanía y que el Estado no debe vulnerar.
La abogacía, nuestra profesión, no estuvo ajena a todo este proceso de cambios en la historia. Irrumpió en un cambio de cosmovisión en cuanto a las incumbencias, tomando relevancia no solo nuestro rol como defensores de los derechos de las personas en el marco de un litigio judicial en la esfera privada, sino también, en la participación del abogado en la esfera pública propia de esta nueva forma de organización estatal. Ya sea en el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, el abogado que forma parte de la vida pública estatal, debe velar por la vigencia del Estado de derecho, la defensa de los derechos humanos y las libertades individuales, la búsqueda de la igualdad real de derechos y oportunidades, así como la recomposición del valor de la justicia frente al conflicto social de un individuo en particular o de la sociedad como colectivo social.
En nuestros días, la realidad social nos obliga a adoptar una genuina interdisciplinariedad con ramas como la política, la economía, la historia, la cultura y la sociología que nos permite realizar un aporte y abordaje del derecho desde una perspectiva crítica e integral. Así, como abogados podemos no solo tener la ductilidad necesaria a la hora de aportar nuestro conocimiento en la esfera público estatal, sino también en el Poder Legislativo a través de la formación y sanción de las leyes y, en el Ejecutivo a través del diseño y la ejecución de políticas públicas.
A lo largo de mi carrera en el Estado, y desde esta perspectiva crítica e integral de abordaje socio-jurídico, la abogacía me permitió desempeñar no solo funciones técnicas específicas como abogado del Estado en conflictos judiciales de integración, sino también la posibilidad de ejercer como funcionario público en la elaboración de políticas públicas de derechos humanos. En mi paso como Secretario de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en mi actual rol como Legislador, he podido contribuir en la transformación de la realidad social de acuerdo a las problemáticas y necesidades que van surgiendo en cada coyuntura. Para citar algunos ejemplos, la reciente Ley de Alquileres de mi autoría, fue un trabajo que no solo necesitó del aporte de distintos actores gubernamentales y no gubernamentales para su desarrollo, sino también de habilidades técnicas y políticas para consensuar la mejor solución posible a una cuestión asimétrica que venía de larga data. También, durante el debate en torno al proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, ese abordaje multidisciplinario constituyó una pieza fundamental. No solo porque surgió un espacio en donde distintas ideas, visiones y roles confluyeron para enriquecer la discusión pública sino también porque ese abordaje fue necesario e imperativo para encarar la complejidad del tema.
Por eso insto a las nuevas y próximas generaciones de abogados a contribuir y aportar sus visiones e ideas para seguir fortaleciendo la seguridad jurídica del Estado constitucional de derecho argentino, y así promover transformaciones y soluciones a las necesidades del colectivo social actual.
* Abogado UNLP. Diputado Nacional (M.C.) Actualmente es Diputado de la Provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio.
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