Por: Natasha Suñé* Imagen: Encrucijada XX Marcha de desocupados Buenos Aires, Eduardo Grossman, 2003. MNBA.
La autora nos ofrece una invitación a la lectura del extenso artículo “Democracia, igualdad y federalismo: los principios rectores en la defensa de los intereses públicos”, que publicara en la Revista de la ECAE Nº6 junto a Guido Croxatto. “Necesitamos desarrollar burocracias con pensamiento nacional y regional emancipador que defiendan a los Estados de los verdaderos poderes financieros y económicos foráneos, representados por las elites locales, que impiden el derecho al desarrollo”.
Pensar es servir (1)
José Martí, Nuestra América
Si deseamos que los pueblos sean libres, observemos religiosamente el sagrado dogma de la igualdad (2).
Mariano Moreno
Plantear las necesidades de la formación de las abogadas y abogados del Estado para la mejor defensa de los intereses públicos es repensar el rol de la función pública, del Estado, la soberanía, la defensa de lo nacional, la integración regional y del compromiso con el servicio público, y con les otres.
Si algo debe quedar, como saldo positivo, de esta pandemia es el indiscutido e irremplazable rol del Estado en la defensa de los intereses públicos por sobre los intereses privados. El Estado fue el único capaz de coordinar acciones equitativas para proteger la vida, la salud y el acceso a las vacunas. Sin Estado o con Estados débiles, no hay defensa y protección posible de los intereses de todas y todos.
Preguntémonos entonces, ¿no será momento, de una buena vez, de crear un pensamiento emancipador latinoamericano para que los intereses de la Nación sean defendidos en pos del derecho al desarrollo de los pueblos?
Es interesante, en este ejercicio, repensar el rol de las burocracias, y analizar, por ejemplo, la iniciativa del gobierno de Macron de democratizar el acceso a la función pública. Más allá que esos fueron los propósitos que tuvo la ordenanza de 1945 que creó la Escuela Nacional de Administración -ENA-, en tiempos de Charles de Gaulle, ha sido nuevamente acusada de privilegiar y reproducir una élite política, económica y social. Por ello, se incluyó en la reforma del Estado planteada por el actual gobierno francés para dar respuesta a los descontentos sociales manifestados por los chalecos amarillos en las protestas de 2018. El gobierno francés entendió que la célebre ENA representaba un modelo anacrónico que se debía transformar con valores democráticos, de inclusión social, de diversificación social y geográfica. Los enfoques y el diagnóstico que realizó se basaron sobre la realidad francesa y sobre las necesidades del Estado francés, que no son las nuestras, pero que observamos, por estas latitudes para enriquecer nuestro propio debate y sacar nuestras propias conclusiones.
¿Qué podemos inferir sobre la reforma anunciada en Francia en relación a la democratización de la función pública?
Primero, expone que la “meritocracia” poco tiene que ver con el “mérito” sino con los déficits sociales en materia de igualdad. Macron, ex egresado de la ENA la acusa de prácticas “de determinismo y corporativismo”, que son, a primera vista, anacrónicas. (3) Para ello, el presidente Macron requirió a uno de sus asesores, Frédéric Thiriez, también exenarca, la elaboración de un informe sobre la situación de la alta función púbica. El informe conocido como Rapport Thiriez (4) realiza una serie de propuestas, entre las que se anuncia que la ENA será reemplazada en enero de 2022 por una nueva institución, el Instituto de Servicio Público –ISP (5), más accesible para los estudiantes de orígenes modestos, y con mayor representación geográfica. El diagnóstico del informe evidenció también la falta o insuficiencia de diversidad, con una alarmante sobrerrepresentación de clases altas (70%), una distribución profundamente desequilibrada en relación al género (30% de mujeres), y un monopolio cuasi-parisino en los concursos y en los ingresos de funcionarios; entre otras falencias identificadas.
Segundo, que entre las reformas planteadas anunciando la “democratización” se introducen modificaciones sustanciales, que poco tienen que ver con lograr el acceso de clases sociales excluidas, sino a una fuerte presencia del sector privado.
Entre sus objetivos, el informe Thiriez, centra tres ejes de propuestas: 1.- Abrir la alta función pública, para que los candidatos, tras superar un concurso, realicen un período de seis meses de formación común, para luego prestar servicios, al menos por un año, en la administración descentralizada o donde las prioridades del Estado lo requieran. 2.- Diversificar el ingreso, implica generar pruebas de acceso menos académicas, menos discriminatorias socialmente y más operativas, como pruebas psicotécnicas no puntuadas destinadas a hacer efectiva la igualdad de oportunidades (criterios académicos combinados con criterios sociales, apoyo para la preparación de los exámenes, distribución de funcionarios mediante licitaciones, 50% de representación de mujeres para los cargos decisivos). Aquí, uno de los puntos más discutidos, ya que prevé junto a la vía de acceso ordinaria (por concurso), una vía de acceso por contratación directa (que podrá estar reservada al 50 por ciento de las vacantes). 3.- Dinamizar las carreras, dando un espacio mayor a la innovación, comunicación, cultura de resultados y gestión (liderazgo) de equipos. Facilitará la movilidad interprofesional con el sector privado. Es decir, propone que el funcionario público pueda retornar del sector privado, por un máximo de cinco años, a las vacantes del sector público. Además prevé la actualización de salarios para ser más competitivos con cargos similares en el sector privado y acata, además, recomendaciones de la OCDE.
Las conjeturas a las que podemos arribar consisten en que el mérito, como logro del individualismo, está vinculado a falsa comprensión del esfuerzo personal cuando no han sido garantizadas mínimamente las condiciones de partida. Por ello, la meritocracia, sin condiciones reales de igualdad de oportunidades-derechos, sólo reproduce a los sectores privilegiados que tienden a mantener el statu quo. Justamente, es el rol opuesto al de defender el interés de todas y todos.
Además, las repercusiones del anuncio sólo se centraron en las reformas relacionadas a la “democratización” del ingreso y, quizá, no tuvieron repercusiones semejantes las referentes a la “agilización” de la administración pública. ¿Por qué no tuvo el mismo eco el plan de renovación de la administración púbica cuyos conceptos se asemejan a los de la nueva gestión pública?; ¿la formación en el sector público puede equipararse a la del sector privado?, ¿cómo se hará un control preventivo de los posibles conflictos de intereses?
Pierre Bourdieu (6) realiza una crítica a la ENA en relación a cómo la composición social de esas burocracias suelen reproducir una lógica de poder socio-económico y cultural. Lo que en nuestro país, o en nuestra Latinoamérica, esa crítica sería trasladable sólo a las elites que detentan más “poder” real que el propio Estado y que, en ocasiones, han ocupado formalmente los espacios de toma de decisión en sentido fuertemente contrario al de sus pueblos. Ahí si existe “nobleza”. En cambio, el funcionariado que defiende al Estado está muy lejos de esa caracterización.
Nunca mejor definido, en referencia a la década ganada latinoamericana, que cuando los gobiernos progresistas mejoraron la calidad de vida y subieron los indicadores de desarrollo humano de la región, por primera vez los gobernantes se parecían a sus pueblos. Claro, eso sí, a cambio de un alto costo, hasta personal. Porque, contrariamente, han sido las elites locales detentoras del verdadero “poder” quienes han promovido mantener el statu quo, mientras los Estado débiles, con frágiles burocracias, quedaban desamparados.
A diferencia del país galo, Latinoamérica tiene burocracias débiles que deben ser profesionalizadas acorde a los requerimientos de nuestros intereses públicos. Necesitamos desarrollar burocracias con pensamiento nacional y regional emancipador que defiendan a los Estados de los verdaderos poderes financieros y económicos foráneos, representados por las elites locales, que impiden el derecho al desarrollo. En ese sentido, no puede perderse de vista, como principios rectores la democracia y la igualdad de una Argentina federal, con una inmensa diversidad geográfica, cultural y social, inserta en el continente más desigual del mundo, situación aún más agravada por la pandemia y cuya superación debe ser el motivo superior de una integración regional destinada a abordar los nuevos desafíos de un mundo multipolar en constante puja hegemónica.
1681 – Desde la ECAE se fomenta el pensamiento jurídico filosófico, el abogado como humanista, no técnico ni tecnócrata, y en esa visión la tarea más loable es la de servir a la Nación. Defender los intereses del Estado debe significar defender los intereses del pueblo.
2- Citado en Jonathan Miller, María Angélica Gelly y Susana Cayuso, Constitución y derechos humanos, Tomo 2, Astrea, Buenos Aires, 1991, p. 1524.
3 – Los informes realizados en los años 1969, 2003 y 2020, coincidieron en que los estudiantes provienen de sectores sociales medio-altos, principalmente de hijos de ejecutivos del sector privado, de varias generaciones de profesionales, altos funcionarios de la administración pública, también egresados de las grandes escuelas de formación; que la mayoría están radicados en Paris, asistieron a educación privada, consumen los mismos contenidos culturales, se informan por los mismos periódicos (Bourdieu, 2013), es decir que pertenecen al mismo estrato social o “casta privilegiada”(Informe Yves-Thibault de Silguy, 2003; Informe Thiriez 2020).
4 – Informe Thiriez para la actual reforma de la ENA (2020). Disponible en: https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2020/02/rapport_de_m._frederic_thiriez_-_mission_haute_fonction_publique_-_18.02.2020.pdf
5 – La ordenanza 702 de junio de 2021 creó el ISP.
6 – Bourdieu, Pierre, La Nobleza del Estado, educación de élite y espíritu de cuerpo, Siglo XXI, Editores, 2013.
* Abogada por la Universidad Nacional de La Plata, máster en Derecho Ad-ministrativo y Administración Pública por la Universidad de Buenos Aires (UBA)
Las opiniones expresadas en esta nota son responsabilidad exclusiva del autor y no representan necesariamente la posición de Broquel.
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