Por Redacción Broquel Imagen: Twitter de Lucía Cámpora
Un proyecto presentado en la Legislatura porteña busca implementar medidas estratégicas para revertir la disparidad existente en el servicio de administración de justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
La legisladora porteña Lucía Cámpora (Frente de Todos) presentó el último 14 de junio un
proyecto de ley para caminar hacia la Paridad de Géneros en el Poder Judicial de la Ciudad. La
iniciativa, presentada en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con la participación de la
historiadora Dora Barrancos y la abogada Marisa Herrera, apunta a la implementación de
medidas estratégicas para revertir la disparidad de géneros existente en el servicio de
administración de justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
El ámbito de aplicación del proyecto contempla a las autoridades y personal integrante del
Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Magistratura, las Cámaras, Tribunales y Juzgados
contemplados en la Ley 7 (Ley Orgánica del Poder Judicial) y el Ministerio Público Fiscal. Es
decir, tanto la designación de magistrados y magistradas, como la de funcionarios, funcionarias
y de la totalidad del personal que desempeñe tareas dentro del respectivo campo deberá
realizarse respetando el principio de paridad de géneros.
Respecto a los concursos públicos destinados a cubrir cargos en los organismos previamente
mencionados, el proyecto establece que deben tener al menos 30% de postulantes mujeres.
Aclara también que, en caso de no alcanzarse el mínimo establecido, debe realizarse otra
convocatoria por única vez para cumplir con el cupo mínimo. Asimismo, establece que debe
evaluarse y valorarse la formación y ejercicio en temática de géneros y violencias por motivos
de género.
“Es una propuesta que ponemos sobre la mesa para intentar construir de manera colectiva
esta reforma judicial feminista por la que nosotras peleamos”, refirió Cámpora respecto a la
presente iniciativa. Es que, en la línea con otros avances normativos tales como la Ley Micaela
(2018) de capacitación obligatoria en género y violencia de género en los tres poderes del
Estado Nacional, este proyecto se enmarca también en las discusiones que vienen instalando
en agenda los feminismos populares respecto a las reformas estructurales indispensables a
implementar en el Estado para la consolidación de políticas públicas que aborden
integralmente la problemática de las violencias por motivos de género, así como las brechas de
desigualdad que las promueven.
COMENTARIO AQUÍ